Escalada de violencia

El asesinato del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera, mientras participaba en un operativo en la población Las Dunas, de Lo Espejo, así como el homicidio de un joven de 16 años que fuera secuestrado mientras asistía a una fiesta en Puente Alto y luego baleado en Buin, y una balacera que dejó a tres personas heridas en una fiesta clandestina en Renca, denotan una espiral de violencia propia del crimen organizado, por su nivel de planificación, la frialdad en la acción y la determinación de disparar a matar. Se trata de hechos que marcaron el fin de semana y que dan cuenta de cómo, pese a los esfuerzos del Gobierno y a los avances conseguidos, la emergencia en seguridad pública sigue siendo una realidad apremiante. Ello no hace sino reforzar la necesidad de una acción mancomunada por parte de las distintas instancias responsables, donde la voluntad decidida de ponerle freno al narcotráfico y sus nefastas consecuencias pueda expresarse en políticas eficaces.
Ante la muerte del carabinero Aguilera, el Gobierno ha decretado tres días de duelo nacional, reconocimiento a un servidor público que entregó su vida en el cumplimiento del deber. Ciertamente, ningún homenaje podría compensar la pérdida sufrida por su familia, por la institución y por el país, pero sí es una oportunidad para expresar el apoyo de los chilenos hacia quienes luchan por recuperar la paz en nuestras calles. En esa línea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció el reforzamiento de los planes operativos hoy en marcha, comprometiendo más recursos para las policías. El Presidente Kast, en tanto, pidió acelerar la aprobación parlamentaria de la agenda de seguridad y solicitó la acción conjunta del Ejecutivo, del Congreso y del Poder Judicial para hacer frente al crimen organizado. Elocuente resulta que el atacante del cabo Aguilera, que fuera abatido en el lugar del crimen, fuese un inmigrante ilegal con un amplio prontuario, incluidas detenciones previas por porte de arma punzante e intento de soborno a un policía. El propio lugar de los hechos ya había sido objeto de inspección el año pasado -se había demolido el portón y se habían retirado cámaras en las dependencias-, pues es reconocido como el "mall de las drogas". A pocas cuadras de allí, había sido asesinado -hace unos días- un conocido delincuente apodado el "Poroto".
El avance, y a veces "copamiento", que las organizaciones criminales han logrado establecer en sectores urbanos, desplazando la acción del Estado al proporcionar protección, trabajo remunerado y colaboración mediante la intimidación de la población, ha sido advertido por numerosos alcaldes que, incluso, han sido amenazados de muerte por denunciar esta realidad.
La gravedad de esta escalada exige avanzar con un mayor consenso en cómo enfrentar este flagelo; sin embargo, no se ve siempre esa disposición de ciertos sectores políticos, los que -pese a que alcaldes de sus propias filas exigen una más dura acción del Estado- apuestan por ejercer una oposición centrada en obstaculizar las propuestas gubernamentales. No hay duda de que muchas de ellas requieren mejoramientos, pero a veces parece simplemente prevalecer la tentación de infligirle una derrota al Ejecutivo. Así, recientemente fue rechazada -por un voto- en la Cámara de Diputados la reforma que modifica los plazos para la expulsión administrativa de los inmigrantes ilegales; se vieron entonces situaciones tan insólitas como que parlamentarios de centroizquierda que hablaron durante el debate en favor del proyecto, terminaron restándose de apoyarlo, presionados por sus pares.
Frente a esos juegos políticos, hechos como los de este fin de semana deben constituir un severo llamado de atención. En este sentido, el probable retiro de la reforma constitucional que creaba un nuevo estado de excepción y que había despertado justificados reparos puede abrir el espacio para trabajar en un marco jurídico consensuado que permita reforzar la acción del Estado frente a la criminalidad organizada.