Aumento del 13% en UPC no sería suficiente para la salud

La ministra de Salud, Ana María Vesga, planteó que el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027 debería ubicarse entre 12% y 13%, mientras expertos advierten que podría resultar insuficiente. El cálculo deberá responder al aumento de la frecuencia y severidad de los servicios médicos, pero también a las condiciones financieras que atraviesan las entidades responsables del aseguramiento en salud. Vesga explicó que el cálculo técnico toma como referencia información de las EPS y busca compensar la inflación, además del incremento registrado en el uso y complejidad de los servicios de salud durante el periodo. La discusión quedó atravesada por una diferencia entre los cálculos oficiales y las estimaciones de algunos expertos. Para David Bardey, profesor de los Andes y coautor del estudio de Fedesarrollo, el aumento debería ser mayor. Según Bardey, durante el primer semestre de 2026 las EPS gastaron $108 por cada $100 recibidos, una relación que refleja una presión financiera relevante sobre las entidades encargadas del aseguramiento en salud. El comportamiento muestra diferencias entre entidades. En las EPS intervenidas por el Gobierno, la siniestralidad llegó a 114,3%, mientras que entre las EPS no intervenidas alcanzó 102,3% durante el mismo periodo analizado. A partir de esas cifras, Bardey sostiene que un incremento inferior a 15%-16% no permitiría poner a flote a las EPS y podría profundizar una situación marcada por las deudas acumuladas de los distintos actores del sector. Su argumento apunta al efecto que tendría una prima considerada insuficiente sobre las decisiones financieras de las EPS, especialmente en un escenario donde las entidades ya enfrentan dificultades de liquidez y mayores presiones operativas. Bardey advierte que esas restricciones pueden favorecer decisiones de corto plazo que terminen elevando los gastos posteriormente, al reducir la posibilidad de que las EPS destinen recursos a acciones orientadas a contener costos futuros. De otra parte, la posición de Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, introduce una lectura más cautelosa frente al porcentaje. Para él, todavía se necesita mayor precisión técnica antes de establecer su suficiencia. Su lectura es que la propuesta evidencia una voluntad de financiar adecuadamente el sistema, dentro de las restricciones fiscales conocidas. En ese punto aparece una diferencia central entre suficiencia financiera y sostenibilidad. Galán considera que la UPC debe garantizar recursos adecuados para la operación anual, pero advierte que el sistema enfrenta problemas adicionales de mediano y largo plazo. La sostenibilidad, según su planteamiento, incluye la incorporación de nuevas tecnologías en salud y el manejo de las ineficiencias que pueden presentarse en administración, gestión, gerenciamiento clínico, riesgo operativo y gobernanza del sistema. El escenario también está condicionado por las decisiones de la Corte Constitucional. En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 fijó nuevos criterios para calcular la UPC de 2027. La Corte no estableció un porcentaje de aumento. En cambio, determinó que los ministerios de Salud y Hacienda deberán calcular la UPC a partir de las necesidades reales del sistema y no únicamente según los recursos presupuestales disponibles. Deberán incorporarse los precios de medicamentos, insumos y tecnologías, los costos del talento humano, la inflación del sector salud, la tasa de cambio y las diferencias territoriales que puedan modificar los costos de prestación. El tribunal además ordenó analizar los traslados masivos de afiliados provocados por intervenciones, liquidaciones, retiros o revocatorias de EPS, debido a que esos movimientos pueden modificar los perfiles de riesgo y los costos de las entidades receptoras. Otro elemento será determinar si existe un rezago acumulado de la UPC de años anteriores. La Corte pidió establecer si las primas fueron calculadas con información histórica que no reflejaba completamente los costos de las vigencias financiadas anteriormente. Pero la Corte precisó: los déficits o pérdidas reportados por las EPS no pueden tomarse automáticamente como prueba de insuficiencia de la UPC dentro del cálculo que definirá su valor para 2027. El Ministerio deberá separar los gastos asociados directamente al riesgo cubierto por la UPC de aquellos relacionados con problemas administrativos, ineficiencias, obligaciones acumuladas o dificultades en el manejo de los recursos financieros disponibles. Si después de ese análisis se demuestra que existe una brecha atribuible al valor de la UPC, la Corte contempla que pueda corregirse de manera gradual. La discusión, por tanto, queda abierta al resultado técnico.