Sábado, 03 de Octubre de 2026

Entrevista a la vice regional del BID: Uruguay ha demostrado una notable capacidad para impulsar reformas

UruguayEl País, Uruguay 3 de octubre de 2026

Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo a El País cómo el organismo ve a Uruguay, qué proyectos concretos apoyará de su agenda, los montos y más.

La vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González, estuvo en Montevideo esta semana para participar de la 11ª Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe" de la OCDE así como reunirse con el presidente de la República Yamandú Orsi y otras autoridades. González respondió a un cuestionario por escrito de El País, donde explicó que el organismo acompañará la agenda de Uruguay. También destacó los resultados del país en servicios digitales y los asuntos de que debería mejorar.
González es referente internacional en comercio, inversión y competitividad. Fue ministra de Comercio Exterior de Costa Rica (2010-2014), dirigió la Práctica Global de Comercio y Competitividad del Banco Mundial, BM (2014-2017), fue directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio, OMC (2014-2021) y ocupa su cargo actual desde 2023. .

- ¿Qué temas conversó con el presidente Orsi y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone?

-La visita ha sido muy productiva. Con el ministro Oddone revisamos inversiones en innovación, seguridad ciudadana, protección social, infraestructura, digitalización, movilidad y servicios públicos. Para acompañar esta agenda, esperamos destinar hasta US$ 5.000 millones a Uruguay en el quinquenio, combinando financiamiento soberano, apoyo al sector privado a través de BID Invest y cooperación técnica. También conversamos sobre la oportunidad de utilizar el acercamiento a la OCDE como palancas de transformación para impulsar el crecimiento, la productividad y la competitividad.

-¿Cómo ve el BID la economía uruguaya? ¿Cuáles son sus principales fortalezas y sus desafíos?

-Uruguay es una de las economías más sólidas de América Latina y el Caribe. Entre las fortalezas del país sobresalen su estabilidad institucional y macroeconómica, los avances en digitalización, el liderazgo energético, una inflación controlada y el mantenimiento del grado inversor. Su apertura, su compromiso con estándares internacionales y su capacidad para liderar agendas regionales también lo consolidan como un centro regional de innovación. El principal desafío es retomar una senda de crecimiento más dinámica. En la última década, la economía creció en promedio un 1,3% anual. Para acelerar ese ritmo, el país necesita elevar la inversión, la innovación, la productividad y la competitividad. Y aunque Uruguay mantiene altos niveles de bienestar en comparación con la región, persisten retos en seguridad ciudadana, pobreza infantil, empleo juvenil y formación de capital humano. Abordarlos es clave para sostener el crecimiento y la cohesión social a largo plazo. Uruguay puede elevar de manera sostenida su productividad y acelerar el crecimiento si fortalece sus capacidades, aprovecha la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, y continúa profundizando su integración internacional.

-¿Cómo evalúa el nivel de deuda de Uruguay y qué recomendaciones daría al respecto?

-La sostenibilidad de la deuda es un desafío relevante para América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y mayor incertidumbre global. Más que enfocarse únicamente en los niveles de endeudamiento, la prioridad es fortalecer la gestión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y crear condiciones para un mayor crecimiento y productividad. En la región, es clave contar con marcos fiscales sólidos, una gestión prudente de la deuda y mercados financieros más profundos que permitan aumentar la resiliencia frente a choques externos y sostener las inversiones necesarias para el desarrollo.

-¿Qué debería hacer Uruguay para insertarse mejor en las cadenas regionales y globales de valor?

-Primero, elevar la competitividad y la productividad para atraer inversiones de mayor valor agregado. Segundo, facilitar el comercio y la inversión a través de marcos regulatorios modernos y eficientes. Tercero, aprovechar el capital humano y la capacidad tecnológica para posicionarse en la provisión de servicios globales, la economía digital y la innovación. Uruguay ya tiene resultados destacados en servicios suministrados digitalmente. Solo en 2025, el país exportó US$ 7.400 millones en servicios. La integración regional puede ampliar mercados, reducir costos y generar economías de escala para que las empresas se inserten con mayor éxito en las cadenas globales de producción. Uruguay participa activamente en Conexión Sur, el programa regional del BID que impulsa inversiones para una región más conectada, competitiva y resiliente y promueve el comercio intrarregional. En 2025, aprobamos US$ 170 millones en operaciones para promover la internacionalización de Uruguay, incluida la implementación de una ventanilla única de comercio, y para mejorar carreteras y corredores nacionales que conectan al país con Argentina y Brasil. Para el sector privado, BID Invest aprobó US$ 10 millones destinados al Grupo RAS para desarrollar la logística ferroviaria local. En los próximos años prevemos nuevas inversiones para mejorar los corredores de integración y fortalecer la red eléctrica interna, lo que facilitará las interconexiones con los países vecinos.

-¿Qué debería hacer Uruguay y todavía no está haciendo?

-Uruguay ha demostrado una notable capacidad para impulsar reformas y mantener una visión de largo plazo. Ahora es importante acelerar tres procesos: profundizar la adopción de tecnologías digitales e inteligencia artificial; fortalecer los vínculos entre universidades, centros de investigación y empresas; y apoyar a más pequeñas y medianas empresas para que incorporen innovación y transformen sus procesos productivos.

-¿Qué deberían hacer los países emergentes para cerrar la brecha en inteligencia artificial aplicada, en relación a las naciones más desarrolladas?

La clave es actuar ahora. Los beneficios de la inteligencia artificial dependerán de las decisiones de política pública que se tomen hoy; postergarlas puede ampliar las brechas existentes. Vemos tres prioridades fundamentales. La primera es crear las condiciones habilitantes: conectividad, infraestructura digital, reglas claras sobre datos y ciberseguridad, y acceso a energía confiable. La segunda es invertir en habilidades, educación y capacitación continua. La tercera es facilitar que las empresas, especialmente las pymes, adopten estas tecnologías y transformen sus modelos de negocio. No se trata solo de invertir más, sino de hacerlo estratégicamente. Una investigación del Grupo BID que lanzaremos en noviembre muestra que, con una adopción amplia y fuertes mejoras de la productividad laboral, la IA podría aumentar el PIB regional un 5,1% al cabo de una década. Con una adopción limitada y pequeñas mejoras de productividad, la ganancia sería de apenas 0,3%.

-¿Qué opina de las declaraciones de los líderes tecnológicos mundiales sobre que hay que enlentecer los adelantos de la inteligencia artificial porque puede ser muy peligrosa?

-Lo que vemos es que la región está rezagada en términos de adopción de inteligencia artificial en el contexto mundial. La discusión en América Latina y el Caribe es no perder la ventana de oportunidad. Buscamos una adopción responsable de IA, que, si se implementa de manera segura y fiable, puede ayudar a la región a crecer más rápido y a mayor escala, generando beneficios tangibles para sus habitantes.Con este espíritu, el Grupo BID reunió durante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas a jefes de estado de la región, incluyendo al presidente Orsi, para avanzar en una hoja de ruta común para una adopción amplia y segura de la IA y desarrollar un mecanismo regional que incorpore una estrategia común y directrices conjuntas de inversión. Si se adopta de manera responsable, la IA puede ayudar a crear empleos en América Latina y el Caribe, en lugar de destruirlos.

-La Reserva Federal aumentó la tasa de interés en 25 puntos básicos a mediados de setiembre, ¿cómo piensa que incidirá esa decisión en la región y en Uruguay?

-En términos generales, aumentos en las tasas de interés encarecen el financiamiento y pueden generar mayores presiones sobre las economías de la región, especialmente en un contexto de crecimiento moderado e incertidumbre internacional. Esto refuerza la importancia de mantener una gestión fiscal prudente, fortalecer los marcos macroeconómicos y gestionar adecuadamente los riesgos asociados al financiamiento y la deuda pública. En este contexto, contar con mecanismos de mitigación de riesgos y una gestión financiera robusta ayuda a reducir la vulnerabilidad ante cambios en las condiciones financieras globales.


-Se habla mucho de integración, pero el comercio intrarregional de América Latina sigue siendo bajo. ¿El problema es falta de voluntad política, que los beneficios de integrarse no compensan los costos para algunos sectores, intereses económicos, u otros factores?

-No existe una sola explicación. Hay factores económicos, regulatorios, logísticos e institucionales que mantienen elevados los costos de comerciar dentro de la región. Las diferencias normativas y las brechas de infraestructura también limitan el aprovechamiento de los mercados regionales y la integración productiva. La experiencia internacional demuestra que la integración mejora la productividad, la competitividad y la resiliencia económica. En el BID hemos impulsado iniciativas para mejorar los pasos fronterizos antes potenciales cuellos de botella y convertirlos en corredores de comercio, movilidad segura e integración productiva. Las experiencias de Centroamérica, aplicables a Uruguay, han reducido hasta en 50% los tiempos de cruce y han contribuido a un crecimiento sostenido del comercio transfronterizo. La pregunta es cómo avanzar de manera práctica y gradual para capturar esos beneficios. Conexión Sur responde a ese desafío con recursos financieros y asistencia técnica para proyectos regionales priorizados en tres ejes: conectividad física, energética y digital; logística y comercio más ágiles; y convergencia de regulaciones que faciliten la inversión y la integración.

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