El riesgo de frenar la IA

Uruguay no debe regular la inteligencia artificial (IA). Si queremos atraer inversiones, talento y empresas vinculadas a la tecnología más transformadora de nuestro tiempo, no podemos empezar agregando nuevas barreras. Mucho menos en un país donde emprender, producir y contratar ya es caro, engorroso y desgastante.

Uruguay tiene la oportunidad de convertirse en un lugar atractivo para desarrollar, probar y aplicar IA, atraer empresas y profesionales, incorporar nuevas herramientas en los sectores productivos, exportar servicios y, sobre todo, usar esta tecnología para elevar una productividad que hace demasiado tiempo crece poco.

El presidente Orsi acaba de plantear esa ambición en Estados Unidos, donde propuso posicionar a Uruguay como un centro regional confiable para desarrollar, probar y escalar soluciones basadas en IA.

Esa estrategia exige consistencia. Al mismo tiempo que Uruguay busca atraer inversiones vinculadas a esta tecnología, comienza a discutir cómo regularla. Y ahí conviene mirar qué está ocurriendo en el resto del mundo.

Argentina acaba de plantear una estrategia especialmente clara. Javier Milei afirmó que quiere convertir al país en uno de los lugares más competitivos del mundo para desarrollar IA y asumió el compromiso de no regularla de manera preventiva.
La señal para quienes deciden dónde invertir, dónde instalar una empresa o dónde desarrollar una nueva aplicación es inequívoca. Argentina quiere que la innovación ocurra allí.

Donald Trump impulsa una orientación similar en Estados Unidos. Su gobierno ha puesto el objetivo de ganar esta carrera de la IA en el centro de su estrategia tecnológica y busca evitar regulaciones generales que puedan frenar su desarrollo, sin dejar de atender riesgos concretos.

En ese marco, acaba de promover un acuerdo voluntario con algunos de los principales ejecutivos de las empresas líderes de IA. El compromiso establece cuatro capas de supervisión para los modelos más avanzados. Las empresas deberán contar con controles internos robustos para monitorear capacidades y riesgos, equipos responsables de aplicarlos y corregir fallas, auditorías externas y comités independientes a nivel de sus directorios que supervisen todo el proceso.

Ese enfoque se parece al que viene siguiendo Japón. Allí la prioridad está puesta en acelerar la adopción y fortalecer las capacidades propias, mientras los riesgos se abordan con una gobernanza ágil y flexible. El Estado promueve inversión e innovación y establece directrices sobre transparencia, supervisión humana y gestión de riesgos, con más énfasis en corregir problemas a medida que aparecen que en imponer autorizaciones previas al desarrollo.

China sigue un camino diferente. Regula contenidos y determinadas aplicaciones, pero al mismo tiempo empuja con enorme fuerza el desarrollo, la inversión y la adopción de IA. Su estrategia combina controles específicos con una política industrial explícita para extender esta tecnología a toda la economía.

Europa eligió el camino de una regulación general de la inteligencia artificial. En 2024 aprobó un amplio sistema de obligaciones basado en distintos niveles de riesgo. Dos años después, la propia Unión Europea tuvo que simplificar exigencias, extender plazos y abrir más espacio para probar y experimentar, buscando recuperar competitividad e innovación.

Ese giro muestra el costo de haber puesto demasiadas condiciones al comienzo. En una carrera tecnológica que avanza tan rápido, el rezago inicial pesa y hace mucho más difícil recuperar terreno.

En Uruguay, el Parlamento analiza nuevas reglas para la IA, aunque también reconoce que antes de legislar conviene entender mejor una tecnología que cambia a enorme velocidad y que incluso podría concluirse que no necesita una regulación general.

La reciente cumbre de la OCDE en Montevideo dejó una señal en esa dirección. El énfasis estuvo puesto en promover una adopción responsable de la IA, fortalecer las capacidades de las empresas y preparar a los trabajadores para aprovecharla. La discusión estuvo mucho más concentrada en cómo acelerar su uso y gestionar riesgos concretos que en crear una nueva arquitectura regulatoria.

La realidad es que Uruguay compite por atraer a quienes desarrollan esta tecnología. Compite por talento, empresas, centros tecnológicos, capital y proyectos. Para lograrlo necesita ser atractivo, y ese punto es determinante.

Uruguay ya es un país caro para cualquier emprendimiento. Son elevados los costos laborales no salariales, la energía, muchos servicios, la logística y, en general, el costo de operar formalmente. Hay poco margen para agregar nuevas cargas.

Una regulación adicional suma costos a todo lo anterior. Por eso conviene evitar una regulación preventiva y general sobre una tecnología que todavía está cambiando y cuyas reglas terminarán siendo aplicadas por organismos públicos, con los costos y demoras que conocemos bien.

Eso no significa dejar a las personas indefensas frente a los abusos vinculados a la tecnología. Como señala el Papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas, el uso de la IA debe tener responsables humanos claramente identificables.

Uruguay ya cuenta con herramientas legales para enfrentar el fraude, la suplantación de identidad, las estafas, las violaciones a la privacidad, la discriminación, los delitos informáticos y los daños provocados mediante inteligencia artificial. Para eso existen las normas penales, la responsabilidad civil, la protección de datos personales, la defensa del consumidor y las regulaciones sectoriales.

Uruguay, además, ya dispone de "entornos controlados de prueba", previstos por ley desde 2023 y reglamentados en 2025. Permiten probar proyectos innovadores bajo supervisión, detectar problemas y aprender de la experiencia antes de definir reglas generales. En algunos casos, incluso habilitan flexibilizaciones regulatorias acotadas para facilitar la experimentación.

Si Uruguay quiere convertirse en un centro regional de referencia en IA, primero tiene que ser un buen lugar para invertir, crear y experimentar. La oportunidad existe. Lo último que necesitamos es sumar nuevos obstáculos a las barreras que ya enfrentan quienes deciden apostar por el país.

Tenemos que animarnos a aceptar la incertidumbre y actuar cuando sea necesario. El mayor riesgo, en nuestro caso, es quedarse atrás.