Frente Amplio, lobby y puerta giratoria

El tránsito de exautoridades del gobierno de Gabriel Boric hacia el sector privado ha abierto un debate sobre la probidad, los conflictos de interés y la coherencia política. Los casos conocidos en los últimos días, que involucran a figuras de esa administración que han pasado a asumir funciones en áreas que hasta hace pocos meses regulaban, sumados a los de quienes hoy realizan tareas de lobby , tensionan profundamente el discurso fundacional del Frente Amplio. Resulta paradójico que quienes construyeron su identidad política desde la crítica implacable a lo que denominaron la "puerta giratoria", hoy desarrollen el tipo de actividades que durante una década condenaron con severidad.
El caso de exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente que ahora trabajan en empresas mineras encabezando la tramitación ambiental de proyectos es particularmente ilustrativo. Más que el mero paso de un área a otra, lo verdaderamente complejo es el hecho de que esos profesionales participaron antes en el diseño y modificación de los mismos reglamentos que hoy deben sortear desde la vereda corporativa. Se trata de una superposición de roles que genera inevitables suspicacias, instalando un manto de dudas respecto de la propia institucionalidad diseñada.
Es cierto que la ley es poco exigente, porque impone apenas seis meses de inhabilidad y solo a quienes provienen de organismos fiscalizadores, pero pretender justificarse en ello es una forma de eludir la discusión de fondo. Asimismo, las defensas esgrimidas por quienes ahora argumentan que estos movimientos benefician el desarrollo estratégico del país reflejan un doble estándar inocultable: lo que ayer se denunciaba como una captura del Estado por intereses económicos, hoy se justifica como aporte técnico o como ejercicio del derecho a trabajar.
Lo ocurrido no es un asunto menor para una generación que hizo de la probidad una señal de identidad y que, desde el gobierno, llegó a atribuirse una escala de valores distinta de la de quienes la precedieron. Cuando esa vara que ayer aplicaron con rigor hacia afuera hoy la aplican con indulgencia hacia adentro, erosionan su credibilidad.
Conviene, con todo, no caer en el extremo opuesto, y hacerse cargo seriamente de la realidad. El tránsito entre el sector público y el privado es legítimo y, bien regulado, enriquece a ambos. No toda consultoría es lobby ni tampoco el lobby es una actividad per se censurable. De lo que se trata es de evitar influencias indebidas durante el ejercicio de la función pública -como aquellas a las que podría estar expuesto quien fiscaliza un sector económico en el cual tiene la expectativa de insertarse laboralmente en el futuro-, así como el uso en beneficio privado de información reservada u otras ventajas adquiridas durante el desempeño de tareas en el Estado.
Es respecto de esto que se requieren regulaciones robustas y plazos de inhabilidad proporcionales a las responsabilidades ejercidas, pero sobre todo una verdadera cultura de integridad que no se subordine a las conveniencias del momento.