Pensiones de este año, con solución, ¿y en el largo plazo?

El Gobierno anunció una ruta para garantizar las mesadas de noviembre y diciembre, pero economistas consultados advierten que las causas del desbalance del sistema público de pensiones van más allá de este año: el salario mínimo, el envejecimiento de la población y la fórmula con que se calculan las pensiones. La Contraloría alertó en septiembre de que el sistema público tiene un faltante superior a 4,2 billones de pesos. El Ministerio del Trabajo calcula en 5 billones los recursos adicionales para pagar las mesadas (los pagos mensuales a los pensionados) de fin de año, y la ministra Natalia López dijo que hay una ruta para asegurarlos. Ese sistema lo administra Colpensiones y se conoce como régimen de prima media. En términos sencillos, los aportes de quienes trabajan hoy ayudan a pagar las pensiones de quienes ya se retiraron y, cuando no alcanzan, la diferencia sale del presupuesto nacional. Según la Contraloría, el 44,6 por ciento de la financiación prevista para 2026 depende de esos aportes de la Nación. El descuadre de este año tuvo origen en el salario mínimo. De acuerdo con Anif, el aumento fue de 23 por ciento, frente al 7,5 por ciento que se contempló al programar el presupuesto. El impacto es grande porque, a julio, el 60,8 por ciento de los pensionados del régimen público (1’176.819 de 1’934.498) recibía exactamente un salario mínimo. EL PRECIO DEL MÍNIMO Óscar Becerra, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, explica que la Constitución misma impide que una pensión sea inferior al valor del salario mínimo. Por eso, afirma, "cualquier aumento del salario mínimo que no se encuentre presupuestado se convierte en un hueco en las cuentas de Colpensiones para ese año en particular". Como ejemplo, plantea el caso de una mujer que se pensiona a los 57 años con la pensión mínima. Si se espera que viva unos 30 años más, un alza de 10 por ciento es un compromiso que se adquiere para todo ese periodo. "Cualquier decisión que tomamos hoy puede tener un impacto dentro de 25, 30, 40 y hasta los 50 años fácilmente", afirma. Jorge Llano, economista, y Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector del Departamento Nacional de Planeación, señalan otro factor de fondo: el cambio demográfico. En el sistema de reparto, los jóvenes pagan con sus aportes las pensiones de los mayores, y Llano advierte que esa estructura "hace agua, porque a fin de cuentas no alcanza a haber tanta gente cotizando". Mejía coincide en este aspecto: "Ante los aumentos de la longevidad y la reducción de la tasa de natalidad, es difícil mantener un sistema de reparto en las actuales condiciones". Ambos leen distinto la reforma de 2024. Mejía dice que dio un paso importante al reducir el subsidio pensional de 25 a 2,3 salarios mínimos. Llano cuestiona que extendió el reparto hasta ese tope, lo que, según dice, iba a agrandar el hueco. ¿EXISTE UNA SOLUCIÓN? Los tres coinciden en que hay que cambiar las reglas, aunque difieren en por dónde empezar. Llano pone el foco en el ahorro: "La solución es hacer una buena reforma pensional. No hacer una reforma como la que se propuso y la que se aprobó en el 2024, sino una buena reforma pensional donde efectivamente se esté buscando que haya más ahorro pensional como porcentaje del PIB". Es decir, lo que se ahorra para la vejez frente al tamaño de la economía. Llano afirma que los países de la Ocde avanzan en esa dirección y que "Colombia es el único que ha tomado una decisión contraria". A su juicio, hace falta una reforma que piense "no solamente en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones". Becerra baja la discusión a la fórmula con que se calculan las pensiones de quienes cotizan. Dice que "es una fórmula que es sistemáticamente muy generosa", pues el pensionado típico "recibe mucho más en pensiones de lo que aporta o ella". Subir la edad de pensión ayuda, agrega, pero por los regímenes de transición los efectos tardarían 10 o 15 años. A esa lectura se suma Mejía: "El sistema de prima media aún requiere reformas paramétricas, que ajusten la edad de pensión, la tasa de reemplazo y los años sobre los que se calcula el beneficio pensional". La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario que se recibe como pensión. El salario mínimo es más difícil de tocar: Mejía recuerda que la restricción es constitucional y plantea que "lo que hay que procurar es que los ingresos de los trabajadores crezcan más rápido, pero no por decreto, sino por verdaderas mejoras en productividad". Becerra propone además que las pensiones altas paguen impuesto de renta, pues son las más subsidiadas (no habla de las de uno o dos salarios mínimos). Para él es "un mensaje de que todos estamos en la misma situación, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que aportar al desarrollo del país". Otro argumento es que los recursos trasladados recientemente a Colpensiones, entre 25 y 30 billones de pesos, bastarían para cubrir el faltante. Becerra responde que no toda esa plata puede gastarse de inmediato: "Son máximo 30 billones para cubrir un déficit de 5 billones. Si ese déficit se vuelve permanente, máximo nos alcanzaría para 5 o 6 años, y en 6 años, ¿qué hacemos?". Becerra confía en que la situación de este año tendrá una solución, aunque con un costo fiscal significativo. La reforma pensional está prevista para entrar en vigor en abril de 2027, y Hacienda ha advertido de necesidades adicionales cercanas a 5 billones de pesos que no estuvieron contempladas en el presupuesto.