De juicio histórico a reclamo actual: por qué Philip Morris tildó de hostil la regulación de Uruguay en productos sin humo

La tabacalera Philip Morris International (PMI) durante décadas promovió el consumo de cigarrillos sin reparar en todas las consecuencias negativas sobre la salud de las personas. De un tiempo a esta parte, la multinacional tiene otro tono y organiza eventos donde presentan alternativas con "reducción de riesgos" para la salud (si bien estos no dejan de existir). Así, en el comienzo del evento Technovation que llevó adelante el 7 y 8 de octubre en Buenos Aires -y en el que participó El País tras la invitación de la tabacalera-, PMI afirmó: "Nos hemos comprometido a dejar de vender cigarrillos para siempre". Su apuesta es ahora a productos libres de humo, que están a la venta en 109 mercados en el mundo, pero no en Uruguay. Los ejecutivos de PMI esperan ahora que el país sea "racional" y los habilite. Un reclamo al gobierno luego que, paradójicamente, perdieron una histórica demanda internacional por medidas de Uruguay para desalentar el consumo de cigarrillos entre la población.
A lo largo de los paneles, en los que se abordaron diferentes temáticas respecto al consumo de tabaco, algunos mensajes y premisas estuvieron presentes en varias exposiciones, como la innovación y la reducción de daños.

"El primer mensajes es 'no consumas'", fue una de las consignas más reiteradas. Mientras que, si se opta por no abandonar el cigarrillo, la tabacalera ahora propone pasarse a alternativas libres de humo, ya que expusieron que en la combustión es donde se encuentran los mayores daños a la salud. Cabe remarcar que estas alternativas, no están exentas de generar daños.

De acuerdo a las cifras presentadas en el evento, más de 1.000 millones de personas son consumidores de tabaco en el mundo, mientras que en América Latina los fumadores adultos rondan los 60 millones.

Asimismo, en el evento se presentó que la aspiración de la empresa es que para el 2030, los ingresos alcancen los dos tercios por productos sin humo, mientras que en la actualidad el peso de estos productos es del 42%. PMI estima que más de 43 millones de adultos en todo el mundo utilizan sus productos libres de humo.
Mientras que el gobierno de Argentina levantó meses atrás la prohibición y reguló la comercialización del tabaco calentado, los vapeadores y las bolsas (pouches) de nicotina, Uruguay dio marcha atrás en la habilitación de estos productos en 2025, los cuales habían sido permitidos en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, a pesar de haber estado un tiempo habilitados para su comercialización, PMI no impulsó en el mercado uruguayo estos productos. En entrevista con El País, Matías O'Farrel, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Latinoamérica y el Caribe de PMI, señaló que a pesar de que el producto fue "liberado", las "otras condiciones no estaban dadas".

"El tema impositivo, por ejemplo, era lo mismo. Entonces, digo, me la banco con el tema impositivo, apuesto a futuro, después me siento con el gobierno, trato de hablarlo, negociarlo, así les explico que es otro producto, bajémoslo. Perfecto, sigamos avanzando y después te fuiste encontrando con otras regulaciones. El empaquetado neutro. La única variante por marca, sin color, sin nada, sin poder hacer publicidad, sin poder explicarle al consumidor qué es lo que es este producto. Y ya en un momento que las barreras son tan altas que digo, no hay manera de que yo lance un producto así, primero es muy difícil de hacerlo, o sea, de crear el packaging (empaquetado), el producto en sí y, segundo, es cómo hago para que el consumidor entienda que esto es mejor que el cigarrillo. Es imposible", afirmó O'Farrel.

"Se levantó la prohibición definitiva, pero no se reguló el producto de manera correcta, quedó comprendido dentro de la regulación general del tabaco, como si fuera un cigarrillo", agregó.

Afirmó que ese contexto regulatorio lo sintieron como un entorno "muy hostil", porque "nadie iba a comprar un producto que no entiende qué es, que no conoce qué es, que no tiene diferenciación con el tabaco de ningún tipo, que no tiene color. O sea, no hay manera de que yo venda eso, es muy difícil".

De acuerdo al directivo, lo que esperan desde PMI de Uruguay es que "ni siquiera deje de ser hostil" sino "una regulación más amigable a estos tipos de productos", que "sea más racional".

"No es solo eso, sino que vos seguramente ya tenés consumidores de estos productos en Uruguay y cada vez van a ser más. Te guste o no te guste, porque el producto está ahí, lo van probando, entonces lo mejor que podés hacer es regular de manera correcta", agregó.

Del mismo modo, señaló que al regular se sabe la composición de lo que se vende, así como lo sabores a utilizar para que no sea atractivo a menores. Según opinó, si los resultados de la habilitación de estos productos fueran negativos, países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, entre otros, hubiesen apuntado a que estos tienen un problema.

Por esto, dijo que los tomó por sorpresa la prohibición de estos productos en Uruguay. "Es más, se venía trabajando justamente todo lo opuesto para generar un ambiente más hospitalario, para justamente empezar a mover ciertas regulaciones para que estos productos sean exitosos", señaló.

En tanto, destacó que en el país ha gobernado tanto la izquierda como la derecha "y las instituciones se mantienen". "Yo creo que lo único que me ha llamado un poco la atención son las políticas con respecto al tabaco", sostuvo.

Asimismo, dijo que tiene "la esperanza que en Uruguay la racionalidad prime y se empiece a discutir nuevamente alternativas al cigarro y que avancemos con una agenda en común".

En esta línea, ante la posible iniciación de consumo a través de estas alternativas afirmó que "es prácticamente cero" ya que hay una "barrera es el precio, ¿por qué? El dispositivo vale US$ 100".

En febrero de 2010, Philip Morris demandó al Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, alegando que las medidas para desestimular el consumo de cigarrillos impulsadas durante la presidencia de Tabaré Vázquez, violaban el Tratado Bilateral de Inversión entre Suiza y Uruguay.

El tribunal arbitral dio la razón a Uruguay de manera contundente y desestimó todos los reclamos de la tabacalera.

Luego de esta querella internacional, O'Farrel señaló que la relación entre la compañía y el Estado uruguayo es "más limitada". Sin embargo, dijo que "siempre vamos a tratar de avanzar nuestra agenda y tratamos de que se consensúe algo al respecto" y agregó que la empresa está "dispuesta a hablar" y "ver de qué manera podemos solucionar cualquier tipo inconveniente", en donde serán "abiertos y transparentes".

El fallo del CIADI había destacado el escrito presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostenía que las medidas del gobierno uruguayo se adoptaron "a la luz de un conjunto sustancial de pruebas de que las advertencias sanitarias con imágenes de gran tamaño constituyen un medio efectivo para informar a los consumidores de los riesgos vinculados con el consumo de tabaco y desalentar su consumo".

"Existe asimismo un conjunto sustancial de pruebas de que prohibir las variantes de una marca constituye un medio eficaz para evitar marcas engañosas de los productos de tabaco", sostuvo la OMS. El tribunal destacó la pertinencia de esta
opinión.

Contrabando y crimen organizado

Según cifras manejadas por PMI respecto al comercio ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá, 77.000 millones de cigarrillos ilícitos se vendieron en 2025, mientras que estiman que las pérdidas de recaudación fiscal que significó la venta ilegal alcanza los US$ 8.500 millones.

Por otra parte, en la región se estima que uno de cada tres cigarrillos que se consume es ilícito, promedio similar al de Uruguay.

En el panel dedicado al comercio ilegal de estos productos, el director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina, Alejo Campos, dijo que el concepto de "crimen organizado transnacional" quedó en el pasado, sino que ahora se debe hablar de "convergencia criminal".

"La convergencia criminal básicamente es decir, si antes estaban los narcotraficantes por acá, los tratantes de personas por acá, los que lavaban (activos), los contrabandistas por este otro lado y otras divisiones, pues ahora decidieron trabajar todos juntos (como si fuera un holding empresarial criminal)", sostuvo Campos.

"Entendieron que van hacia los mismos mercados, que usan las mismas cadenas logísticas y de suministros internacionales, o sea, la misma ruta y que además también tienen que interactuar con los mismos actores de la corrupción", explicó.

En tanto, respecto a qué política de Estado tiene que tener un gobierno para evitar no solamente la mirada en lo fiscal, sino evitar el comercio ilícito, el exsubsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, sostuvo que lo primero es hay que comprenderlas como "empresas ilícitas" y que "no hay que tratarlas como si fueran delitos de ocasión, son verdaderos negocios que se estructuran detrás de oportunidades comerciales y esas oportunidades comerciales muchas veces están vinculadas con excesiva regulación o con una diferencia de precio que te permite un mercado muy abierto".

En esta línea, luego de analizar casos en el panel, como el de México y Chile, Campos sostuvo que "el primer paso que tenemos que dar es que haya realmente una voluntad política" porque "el privado no lo puede hacer. Estaría fuera del marco de la ley si se pone a hacer este tipo de cosas. La voluntad política para decir, 'vamos por ahí'. Entendemos que cigarrillos y otros productos de contrabando deben estar al mismo nivel del narcotráfico, de una trata de personas, de un ciberdelito".

"Es un producto más y tiene que estar en el mismo nivel, no lo tenemos que bajar de nivel. Eso va a ser automáticamente de la misma forma que cuando uno reconoce ciertas estructuras como terroristas, que se activen determinados mecanismos en este caso para darle la persecución a este producto concreto", afirmó.