Informe citado por Lustemberg: proceso contra anestesista fue ajustado a derecho, pero podría haber exceso de poder

Los casi tres años de actuaciones e investigaciones administrativas a varios niveles que implicó el conocido caso de Soledad Barrera están reunidos en una carpeta que contiene al menos cuatro expedientes que fueron remitidos, en los últimos días, a la bancada nacionalista, puntualmente al diputado blanco José Luis Satdjian, quien el 7 de mayo había solicitado tener acceso a toda esta información al Ministerio de Salud Pública (MSP) mediante un pedido de informes.

La cartera respondió al Parlamento con un documento de 772 páginas, al que accedió El País, y en donde se incluye, entre otras cosas, el informe jurídico que la ministra Cristina Lustemberg citó varias veces como la principal referencia que tuvo en cuenta a la hora de reducir de cinco a tres años la sanción de inhabilitación contra la anestesista Inés Miralles, y que rechaza en su totalidad los señalamientos de presuntas irregularidades que la profesional, hoy condenada en la Justicia por un homicidio culposo, había denunciado.

"Yo me basé en un informe jurídico, con un soporte técnico, tomando antecedentes de otros casos, y algunas características que tenía el proceso" con el objetivo de brindar "la garantía del proceso", dijo la ministra el pasado 24 de setiembre, entrevistada por el programa Desayunos Informales (Canal 12), en una de las últimas veces en que se refirió a este caso. Pero ante la consulta de a qué se refería, dijo que esperaría a que se expidiera el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que todavía tramita un recurso de nulidad contra toda la sanción que presentó la anestesista, y al Poder Ejecutivo, que recibió, a su vez, un recurso de revocación de esta pena de parte de la familia de Barrera.

"Prefiero que, como se está analizando en dos ámbitos, sean esos ámbitos los que evalúen si mi decisión fue adecuada o no", se limitó a comentar sobre un tema de "alta sensibilidad" y en el que dijo no haber "mentido" nunca.

Ese informe jurídico, elaborado por Martín Esposto director de la División de Servicios Jurídicos del MSP, sostiene, sin embargo, y en varios pasajes de las nueve páginas incorporadas al expediente, que nada había para observar sobre las actuaciones realizadas en este caso por la propia cartera pero especialmente por la Comisión Honoraria de Salud Pública órgano que definió la pena en diciembre de 2024, cuya mayoría de integrantes renunció al enterarse de lo resuelto por Lustemberg (ver más adelante).

"No pueden quedar dudas que la Administración actuó en todo momento ajustado a derecho, con clara motivación del acto y en pleno ejercicio de sus facultades y potestades constitucionales y legales, sin violentar ni coartar derechos individuales, brindando todas las garantías", dijo, por ejemplo, Esposto, con el mismo énfasis con el que se opuso a las denuncias formuladas por Miralles, referidas a errores u omisiones en el proceso administrativo "gravísimas irregularidades formales y sustanciales", fueron los términos empleados por la anestesista que habrían impactado en la calidad de su defensa legal.

"Respecto al proceder y accionar de la Comisión de Salud Pública escribió Esposto a ese respecto, nada hay que objetar y sí rechazar alegaciones manifestadas por la recurrente, las cuales no se ajustan a cómo sucedieron los hechos". "La CSP dirá más adelante actuó en forma diligente y en base a elementos probatorios serios y ciertos que tuvo a su alcance".

También consideró importante "resaltar el calificado equipo de profesionales que actuó en el tema, siendo notoria la competencia e idoneidad de todos sus integrantes, arribando a una clara conclusión sobre el accionar de la recurrente". Fue "precisamente" a partir "de ese correcto accionar y proceder" de los médicos que terminaron renunciando tiempo después que se resolvió "la inhabilitación para el ejercicio de la profesión médico por un periodo de 5 años".

No obstante todo lo anterior, y aquí está el punto en el que se basa Lustemberg, para Esposto no está claro "cuál es el fundamento para la fijación de esa sanción inhabilitante" contra una profesional que aceptó la culpabilidad del delito en un acuerdo abreviado firmado a fines del año pasado. "Si bien se reitera que no existen objeciones al proceder de la CSP, el quantum sancionatorio aparece como desproporcionado", afirma Esposto, sin detallar por qué, convencido de que "la discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad son elementos que deberán ponderarse con estricto cuidado, con la finalidad de arribar a una sanción adecuada".


Esposto entiende también que "sin perder de vista el accionar culpable de la recurrente, el hecho de aplicar una sanción por ese periodo de tiempo podría estarse inmerso en la hipótesis de exceso de poder".

Por todo esto es que, concluye Esposto, aunque "el accionar técnico de la Comisión de Salud Pública fue adecuado y correcto a las pruebas de autos y las conclusiones que llevaron a la adopción de la medida fueron pertinentes", no se "explicitó con claridad la sanción a aplicar; es decir, no se puede hablar de falta de motivación en el accionar pero sí de falta de motivación suficiente para imponer una sanción tan gravosa".

Con lo que sugiere, y la ministra haría suya esta recomendación, reducir la sanción a tres años.

La comisión tomó su decisión con "criterios científicos, éticos y jurídicos, dice la carta de renuncia

La decisión que tomó Lustemberg se conoció públicamente a fines de abril, cuando trascendió que 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública en rigor, todos los que estaban designados y activos, molestos con la determinación, habían renunciado a la integración del órgano. La carta que sus integrantes firmaron, empezando por su presidenta, María del Carmen Curbelo, no había sido divulgada hasta hoy. Luego de repasar sucintamente los hechos, los reconocidos médicos señalaron en un texto de seis puntos, contenido en una carilla, que se enteraron "de forma casual" de la decisión de Lustemberg el pasado 10 de marzo, cuando la definición de la ministra había sido adoptada el 1° de octubre del 2025. Y consignaron que se ofreció, por todo argumento, una supuesta "falta de motivación suficiente para imponer una sanción tan gravosa".

"La rebaja de la sanción de cinco a tres años sienta un precedente lamentaron los firmantes, (y) desestimula la tarea de quienes participamos en la conformación del acto, ya que se desconoce que la sanción impuesta por esta comisión fue un pronunciamiento realizado en forma colegiada, fundada en criterios científicos, éticos y jurídicos, elaborado con esfuerzo, ponderación y equilibro".

La carta incluso menciona directamente a la propia Lustemberg. "Se estima escribieron que la Comisión Honoraria de Salud Pública 'que la señora ministra integra' solo tiene sentido institucional si sus pronunciamientos son considerados con el debido respeto a su fundamentación y el proceso deliberativo que los origina". Con eso cerraron los "fundamentos" para presentar la renuncia. Pero como esta, formalmente, no fue aceptada como tal, 11 de los 13 que firmaron enviaron a la cartera su carta personal. Y en varios casos, por si quedaba alguna duda, la referencia a la disconformidad con lo decidido por Lustemberg volvió a ser explícita.