Tensiones presupuestarias en educación

Era indudable que un presupuesto de crecimiento modesto -1,5% respecto de la ejecución de este año- iba a generar controversia, a pesar del extendido acuerdo técnico en que la expansión no podía ser más holgada y que habría que tomar decisiones difíciles para acomodar las prioridades más evidentes. Pero, claro, una vez que se avanza en esa dirección el debate se complejiza. Lo que ha ocurrido con el presupuesto de Educación lo ejemplifica. La partida de educación superior fue rechazada en la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos por, entre otras razones, incluir una reducción de 3% real en el aporte fiscal directo y de 12% en el aporte basal por desempeño. Antes se había cuestionado el término del programa "Yo elijo mi PC".
Para comprender mejor estas tensiones conviene recordar que Salud, Trabajo y Previsión Social y Educación reúnen poco más del 50% del presupuesto. Su crecimiento conjunto, en un entorno restrictivo, debía ser, pues, acotado. Sin embargo, en este presupuesto Salud aumenta un 4,7%, alineado con los rezagos existentes y la prioridad asignada por la ciudadanía. Trabajo y Previsión Social está muy marcado por pensiones y por la necesidad de reforzar los programas proempleo. Su expansión es de 1,4%. No extraña, entonces, que Educación no se incremente.
En este contexto, el Gobierno estaba comprometido a invertir en primera infancia, abordando, entre otros aspectos, la enorme discriminación en su financiamiento: según un estudio reciente del Banco Mundial, un jardín infantil representativo financiado vía transferencia de fondos desde la Junji tiene un presupuesto por párvulo 40% inferior al de uno administrado directamente por la misma Junji o Integra; en general, además, suelen ser jardines que atienden a los niños más vulnerables y, en el tramo de 0 a 4 años, reúnen al 32 por ciento de los menores (la mayoría son de municipios o de servicios locales de educación pública). El inicio del cierre de esta brecha es indispensable, pero en el escenario actual, solo se podía hacer reasignando dineros: se eligieron programas mal evaluados y algunas partidas de educación superior.
Esto último fue, en gran medida, porque el presupuesto en educación superior ha tenido una gran expansión: entre 2015 y 2026 creció un 85%, copando el aumento del presupuesto del sector, salvo por gastos asociados a leyes permanentes, como la carrera docente o los servicios locales. Sin embargo, este enorme esfuerzo no ha significado mayor disponibilidad de recursos para el sistema universitario, toda vez que ha financiado la gratuidad, que es un reemplazo de desembolsos privados por inversiones públicas. Es más, las universidades -en gran medida, por la propia gratuidad y sus regulaciones- están en una situación financiera que no es holgada e impide su desarrollo en plenitud. Esto da cuenta de la miopía y falta de previsión que hubo al impulsar dicha política. Así, las tensiones que se están experimentando van a ser inevitables no solo este año, sino también en los siguientes. Resolverlas requiere acuerdos políticos sensatos, que descansen en un horizonte de mediano plazo.