Reglas sobre uso de la fuerza

Con una amplia mayoría fueron despachadas a ley las Reglas sobre Uso de la Fuerza (RUF), proyecto que se tramitaba desde el año 2023. Su principal objetivo es proteger los derechos de las personas, otorgando al mismo tiempo certeza a los funcionarios públicos cuya tarea es garantizar el orden y la seguridad interior. No obstante, ya en la antesala de la promulgación y publicación de la nueva ley, cuyos reglamentos deben dictarse en el plazo de un año y suspenden su entrada en vigencia, han surgido voces críticas -entre ellas, las de Carolina Tohá y Luis Cordero, exministros de Interior y Seguridad Pública del gobierno anterior-, para quienes la regulación ni protege en forma adecuada a las personas ni otorga certeza a los funcionarios.
La insuficiente protección derivaría principalmente de la supresión de referencias explícitas a la "proporcionalidad" en el uso de la fuerza, así como de la autorización legal para usar armamento potencialmente letal también en los casos en que no existe peligro actual o inminente para la vida de una persona, sino que se trata de dar cumplimiento a una orden judicial, como la ejecución de una orden de detención. La ausencia de certeza se produciría a su vez porque, justamente en este tipo de casos, quedaría abierta la posibilidad de entender a posteriori que la orden a la que se dio cumplimiento era de tal naturaleza que no justificaba una intervención letal del funcionario.
Aunque toda regulación de una materia compleja como esta es perfectible, tras una lectura de la aprobada por el Congreso, resulta difícil compartir estas críticas. La normativa contiene una serie de definiciones claras y novedosas para el ordenamiento chileno, que permitirán distinguir con precisión tanto las clases de desorden o atentado contra la seguridad o el orden público como las diversas formas de reacción que están a disposición de los funcionarios. Las reglas que gobiernan estas últimas recogen enfáticamente los principios de subsidiariedad (preferencia de los medios menos lesivos, expresada además en una progresión dependiente de la clase de conducta frente a la que se debe reaccionar) y de racionalidad, expresión que en la tradición de la legislación chilena alude precisamente a una exigencia de proporcionalidad. Para garantizar una mayor precisión aun, la ley distingue entre las reglas aplicables a las Fuerzas de Orden y Seguridad (con excepción de Gendarmería) y las reglas, más restrictivas, aplicables a las Fuerzas Armadas cuando excepcionalmente cumplen funciones de seguridad interior.
En lo que respecta a la certeza, la normativa establece en forma expresa que la observancia de las reglas de uso de la fuerza permite entender que la conducta del funcionario está justificada por haber actuado este en cumplimiento de su deber, y que para derribar esta eximente de responsabilidad penal es necesario acreditar positivamente el incumplimiento de alguna de las reglas legales. En el caso del funcionario que debe velar por el cumplimiento de una orden de detención -para tomar uno de los ejemplos más controvertidos-, el uso de armamento letal solo quedará justificado si el funcionario cumplió, entre otros, con los deberes de identificación, advertencia, progresión, subsidiariedad y auxilio posterior del lesionado. La ley también es clara en cuanto a que el enjuiciamiento de la situación y el cumplimiento de las obligaciones del funcionario deben realizarse considerando las circunstancias imperantes al tiempo de los hechos y no con las distorsiones de una visión ex post . En esta línea, enfatiza que los grados de uso de la fuerza que regula no constituyen una secuencia rígida.
Naturalmente, todavía está por verse de qué modo será aplicada esta normativa tanto por los funcionarios encargados del orden y la seguridad como por los tribunales. Pero al menos se trata de un buen punto de partida.