Caso contra Susana Villarán está por cumplir diez años sin sentencia

Por Karem Barboza Q.
El caso seguido contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán de la Puente por la presunta recepción de dinero ilícito para sus campañas del No a la Revocatoria en el 2013 y la campaña de reelección municipal del 2014 se encamina a cumplir diez años sin que se emita una sentencia. El Ministerio Público acusa a Villarán por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir (organización criminal), lavado de activos, colusión agravada, cohecho pasivo propio y falsedad genérica, por la recepción de más de US$11 millones de Odebrecht y OAS.Por ello ha solicitado 29 años de cárcel en su contra. Mientras que la Procuraduría para el Caso Lava Jato ha solicitado que ?junto a sus coacusados? pague una reparación civil solidaria ascendente a US$286?140.853,39 y S/23?981.128,72.La fiscalía inició la investigación preliminar a Villarán en setiembre del 2017. Ello ocurrió cinco meses después de que el exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Barata reconociera que entregó dinero a la gestión de la exalcaldesa para el No a la Revocatoria. Según la acusación, presentada en agosto del 2022, la exalcaldesa de Lima habría recibido y lavado, a través de terceras personas vinculadas a diversas asociaciones, un total de US$11,2 millones de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. De acuerdo con la tesis fiscal, ese dinero se habría dado a cambio de otorgar concesiones o mejorar las condiciones de las licitaciones de las obras públicas que tenía a su cargo. En mayo del 2019, Villarán confirmó públicamente la recepción de dinero de Odebrecht y OAS.?Situación actual?A más de un año de haberse iniciado el juicio oral, el proceso contra Villarán sigue su curso, sin prisa y con pausa. Con una o dos sesiones por semana, las audiencias no toman ritmo, y no se ha llegado a la mitad de los más de 700 testigos que se han programado para declarar en esta etapa estelar de este caso.Junto a los casi 500 testigos que aún faltan declarar ?incluidos algunos que se encuentran fuera del país? cerca de 3.000 documentos deben ser oralizados en el juicio.En esta situación, según las fuentes que participan en el proceso, el juicio contra Villarán y otros recién culminaría dentro de un año o poco más. Ello sin contar el plazo de la apelación que probablemente se extenderá por uno o dos años más.Durante el transcurso del juicio oral, la Fiscalía de la Nación dispuso la desmantelación del equipo especial Lava Jato. La Procuraduría para Casos Lava Jato tampoco atraviesa un buen momento, pues existe un pedido para que el caso de Villarán pase a otra procuraduría.De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, en lo que va del juicio oral, la mayoría de los testigos que ya han declarado han venido confirmando la tesis fiscal sobre los presuntos actos de ?pitufeo? e ingreso de dinero a las campañas sin el sustento legal.El Comercio buscó la versión de Merly Eduquen, abogada de Villarán, quien indicó que no podía responder a los cuestionamientos. ?Lo que puedo confirmar de cara al cuestionario es que el juicio oral se está desarrollando con normalidad. La tesis de la defensa se está viendo favorecida?, dijo.Desde la fiscalía prefirieron no dar su versión, pero alegaron que el plazo del juicio oral corresponde al PJ.Desde la Corte Superior Nacional del PJ, indicaron a El Comercio que el caso de Villarán es uno ?complejo? con 978 testigos por declarar en el juicio. Agregaron que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ?a cargo del caso? culminaría el juicio en setiembre del 2027, sujeto a la evolución del proceso. Anunciaron que evalúan la posibilidad de incrementar el número de audiencias semanales. ?El colegiado evalúa ampliar la programación a tres sesiones semanales, con el propósito de agilizar el juzgamiento y avanzar hacia su conclusión en el menor tiempo posible, garantizando el respeto de los derechos de todas las partes?, anunciaron.?Advierten impunidad?En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que el Caso Villarán, después de la sentencia, aún deberá transitar por una apelación, lo que significa tiempo. En ese contexto, concluyó, ?el paso del tiempo es impunidad legalizada?.?Evidentemente, el paso del tiempo se convierte en un mecanismo subliminal de impunidad. Alargar, alargar, alargar para que vaya diluyéndose la presión de los acontecimiento sucedidos?, sostuvo. Lamas Puccio lamentó que el reconocimiento que hizo Villarán en el 2019, de haber recibido el dinero de Odebrecht y OAS, ?se ha mimetizado y diluido con el paso del tiempo y de seguro ella y sus abogados están conscientes de que, cuanto más se dilate y más se alargue, las condiciones legales y políticas le van a resultar favorables?.Luis Gutiérrez, abogado especialista en derecho penal, advirtió que la edad podría ser un factor que termine beneficiando a la exalcaldesa, sobre todo si el proceso judicial se sigue alargando.Recordó que en el 2024 entró en vigencia la Ley 32181, en la que se modificó el Código Procesal Penal para establecer que las personas mayores de 80 años, en caso de ser sentenciadas a penas efectivas, no ingresen a un penal o establecimiento penitenciario y puedan cumplir su sentencia en su domicilio.La exfuncionaria tiene 77 años en la actualidad.