Preguntas incómodas

Distintos estudios de opinión pública evidencian que pareciera irse consolidando en la ciudadanía una visión negativa del estallido de octubre de 2019. Una encuesta publicada hoy en Reportajes (Black&White) muestra, por ejemplo, que el 70% de los consultados está de acuerdo en que el lugar más icónico de los hechos de protestas y violencia producidos en ese período se llame Plaza Baquedano y solo un 30% Plaza Dignidad. Por su parte, Carabineros y las Fuerzas Armadas son los únicos grupos o instituciones que alcanzan una calificación sobre 4 por su desempeño durante el estallido. Si bien la rabia y la frustración que mayoritariamente produce en los encuestados recordar ese episodio admiten diversas interpretaciones, es evidente que lo sucedido tuvo efectos perniciosos que hasta hoy se sienten en materia de seguridad y también en nuestra evolución política y económica.
De otro lado, es mucho lo que desconocemos sobre los orígenes del estallido y una eventual coordinación en los principales hechos de violencia ocurridos -los atentados al Metro, por ejemplo-, en cuyo proceso investigativo varias instituciones, particularmente el Ministerio Público, tuvieron un desempeño lamentable. A su vez, sigue pendiente la respuesta a una pregunta central: ¿Cómo pudo suceder algo así? Responder por qué pasó esto en el país más exitoso de los últimos 30 años en Latinoamérica, con avances sociales incuestionables, es ciertamente complejo. Naturalmente queda aquí aún todavía bastante por estudiar. Ninguna mirada del estallido puede ignorar una verdad incómoda: que pese a la extrema violencia generada, una gran parte del país lo apoyó. Y es que muchos de los ciudadanos, incluyendo destacadas figuras públicas que hoy son críticos de lo sucedido el 2019 y de los efectos deletéreos que produjo en los más diversos ámbitos, hace solo siete años se sumaron con entusiasmo a las protestas sin importarles que ello implicara desestabilizar las instituciones democráticas y hacer vista gorda de la violencia y destrucción.
Hay, sin embargo, otro nivel de interrogantes. Ellas se relacionan con el aprendizaje de la actual izquierda, que luego de cuatro años vuelve como entonces a ser oposición. Es cierto que ha habido algunos reconocimientos parciales -incluso por parte del entonces Presidente Boric- respecto del ensañamiento frente a la figura del expresidente Piñera, pero la izquierda dista de haber hecho una reflexión mínimamente rigurosa sobre sus propias conductas. Lo concreto es que una parte de ella buscó de modo explícito la caída de un gobierno democráticamente elegido, mientras otra parte guardó cínico silencio y se aprovechó de ello. Esa es la gravedad, por ejemplo, de la declaración del 12 de noviembre de ese año, cuyos suscriptores fueron desde la DC al Partido Comunista. Todos, celebrando "la vía de los hechos" y evitando incluir una sola palabra de censura frente a la violencia: en uno de los días más difíciles vividos por nuestra democracia, a los dirigentes solo les preocupaba "presionar al gobierno". Por eso, inevitable es preguntarse: ¿Hasta qué punto todo eso no dio cuenta de que una parte de la izquierda, quizá su mayoría, no está dispuesta a reconocerle legitimidad a un gobierno de centroderecha o de derecha?
Deriva socialistaSi luego de la dura derrota sufrida el año pasado por la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), el Partido Socialista parecía encaminado a separar aguas de la izquierda dura y a recuperar su propia identidad que mostró sobre todo durante los gobiernos de la Concertación, hoy es claro que ello no se producirá. Resulta evidente que cualquier línea que busque resaltar una identidad propia dentro de la izquierda ha sido derrotada. Si en los primeros meses del gobierno de Kast, la senadora Cicardini y el diputado Manouchehri fueron quienes marcaron la pauta en el socialismo, imponiendo la línea más extrema de una "oposición frontal", la irrupción de Bachelet en la contingencia política, con aspiraciones presidenciales, cierra espacio a cualquier posibilidad de renovación. Se impone la llamada "ideología de la unidad", que no es otra que ceder a las requerimientos del PC y el FA, y la defensa de los dos últimos gobiernos de izquierda, incluido el de la propia expresidenta, que con razón diversos especialistas sindican como el origen de muchos de los problemas que hoy arrastra el país.
La dura reacción de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, a las declaraciones de Tohá (PPD) y del senador Espinoza (PS) -que se abrieron a la discusión humanitaria respecto de que personas que están en fase terminal puedan morir en su casa junto a su familia y no en la cárcel- es una nueva prueba del derrotero seguido por el partido. Expresiones como "no puede haber ningún espacio para la impunidad" se emplean aquí como un eslogan para en la práctica cerrar cualquier espacio a buscar fórmulas que permitan evitar estas situaciones de sufrimiento innecesario. Aunque sea evidente que una salida compasiva en situaciones extremas no implique "impunidad", ni minimizar la gravedad de los hechos causados, ni debilitar el castigo ejemplificador que toda condena conlleva, ni menos torcer una sentencia judicial.