Otro capítulo de impunidad

Néstor Humberto Martínez Neira
Se trató de una perversa alianza geopolítica que

buscó desestabilizar nuestra democracia y el triunfo del movimiento guerrillero, soportado en la industria

del narcotráfico.
Gracias a la justicia de Estados Unidos ha sido posible que los colombianos sepamos mucha de la realidad de la criminalidad en nuestro país. Recientemente conocimos nuevos cargos al dictador venezolano Nicolás Maduro, por parte de la fiscalía americana, que dejaron al descubierto la estrecha relación de la guerrilla y el Gobierno de Venezuela, durante el régimen chavista. Se trató de una perversa alianza geopolítica que buscó desestabilizar nuestra democracia y el triunfo del movimiento guerrillero, soportado en la industria del narcotráfico. Esa pecaminosa relación tuvo muchas manifestaciones, no solo por el amparo a los comandantes en territorio venezolano y la acogida en ese país de campos de entrenamiento de los movimientos rebeldes, sino por el apoyo a las Farc para aumentar sus capacidades bélicas, mediante el suministro de armas. Dice la justicia de Estados Unidos que esa alianza llegó al punto de que en el año 2013, mientras se avanzaba en los diálogos de paz en La Habana, gracias a la intermediación de exministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín, la cúpula de las Farc se reunió con Maduro para obtener "el dinero que Maduro debía a las Farc en relación con su asociación para el narcotráfico", como resultado de lo cual "Maduro aceptó vender explosivos de las reservas del Ejército a las Farc". El documento, que se radicó en la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, va más lejos y sostiene que el suministro de armas se mantuvo por lo menos hasta el año 2015, inclusive con el suministro de minas fabricadas en Cuba, todo lo cual "aumentaría la capacidad de las Farc para hacer la guerra contra Colombia". Algunos sectores de la izquierda han salido a cuestionar la acusación, afirmando que se trata de una nueva intervención de la justicia gringa, e inclusive se ha vuelto a hablar de "entrampamientos". Lo que olvidan es que en Colombia abundan numerosas evidencias que contribuyen a respaldar los cargos que ahora hace la justicia americana. En los computadores de las Farc aparece desde el año 2001 el nombre de Rodríguez Chacín, quien para ese entonces ya sostenía reuniones con ‘Raúl Reyes’ y acordaba encuentros ampliados, en territorio venezolano, con "Iván e inclusive con Timo". En uno de esos mensajes, del 4 de octubre de 2007, esas reuniones avanzaban en la idea de una cumbre secreta de tres días entre el secretariado de las Farc y Chávez: "El movimiento se haría bajo la responsabilidad del Gobierno venezolano. El transporte se haría en un helicóptero artillado. Si estamos de acuerdo, pondrían otro aparato de escolta. En la seguridad se incluirían unidades militares de nuestra entera confianza, al mando de conocidos por Timo e Iván". Toda la correspondencia reafirma que, al menos desde febrero de 2010, las Farc andaban acercándose a las autoridades venezolanas en busca de material de guerra, como lo dejó registrado ‘Jojoy’ en sus comunicaciones, que inclusive daban cuenta de la existencia de una "fuerza de 1.500 (hombres) para avanzar sobre esa Frontera a recibir los armamentos...". Y terminaba diciendo que, si fracasaban sus acercamientos, lo obtendrían "en el mercado negro venezolano porque estamos quedando sin fusiles, municiones, antiaéreas no tenemos ni las referencias, lo aremos (sic) por medio de los camaradas Timo e Iván", quienes —según dicha documentación— "están en la frontera". Ahora se sabe que en el 2013 se produjeron intercambios de droga por armamento. Son episodios del conflicto que no pueden quedar en la impunidad. La justicia de paz debería esclarecerlos y revelar sus autores. Taponazo. Caricaturizar perversamente la realidad es algo más que "Matador".
LA ALIANZA DE MADURO Y LAS FARC