Impunidad perpetua

No son pocos los políticos de alto perfil que, en la última década, fueron hostilizados por fiscales que perseguían su propia agenda. Recién la semana pasada, por ejemplo, el Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 88 años. La propia Keiko Fujimori, presidenta actual, sufrió también excesos de la fiscalía y del Poder Judicial que la llevaron en más de una ocasión a permanecer recluida.No es este, sin embargo, el caso de la exalcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Susana Villarán. Como se recuerda, ella confesó en mayo del 2019 haber recibido fondos de Odebrecht y OAS para financiar la campaña electoral en contra de su revocación. Al momento de las transferencias, ambas empresas mantenían concesiones e intereses a negociar con MML, y Villarán era funcionaria en ejercicio. Ello hace su situación sustancialmente más grave de la que enfrentaron otros líderes políticos en los últimos años. Que entonces no se haya sabido que había fondos ilegales de la llamada caja 2 o que los recursos se hayan utilizado para fines electorales, no cambia en nada la evaluación. Los pagos eran, a todas luces, un delito.Todo esto se encuentra plenamente documentado, incluyendo la confesión de Villarán. Es por ello incomprensible que el caso en su contra se encamine a cumplir 10 años y aún no haya sentencia. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa oral, con una o dos sesiones por semana. A este ritmo, el juicio acabaría en setiembre del 2027. Sea cual fuese el resultado, este será apelado, lo que podría retrasar algunos años más la condena. Para entonces, Villarán superará los 80 años y sería beneficiaria de una norma del 2024 que le permitiría cumplir su sentencia en su domicilio.Evidentemente, el retraso es el juego. Abogados consultados por este Diario sugieren mecanismos especiales para hacer más expeditivo este proceso en particular, pero el problema en realidad es sistemático. Si ni siquiera en el caso más evidente de corrupción política ?con reflectores públicos encima, abundantes pruebas, confesiones y delitos evidentes? hay eficacia judicial, poco se puede esperar del resto. Por todo lo que se sabe, la exalcaldesa merece cumplir una temporada en prisión. El hecho de que posiblemente nunca lo haga debería forzar a una revaluación de todo el sistema.