El país que más gasta

El sábado Francia vivió una de las noches más violentas que se le recuerdan. Fue atacada la sede municipal de Marsella. Se quemó una oficina de turismo en Lyon. Hubo comercios saqueados en varias ciudades, más de dos mil detenidos y cientos de policías heridos. El domingo, por cadena nacional, Emmanuel Macron dijo sentir "ira y vergüenza", le puso nombre a los responsables, "grupúsculos de ultraizquierda" y delincuentes, autorizó a prohibir manifestaciones y prometió ser implacable.

La explicación oficiosa apareció al instante y fue la misma en todos lados: desigualdad, falta de inversión y neoliberalismo. Alcanza con mirar un dato para que el relato se caiga. En Francia el Estado gasta más de la mitad de todo lo que el país produce. Cobra impuestos como ningún otro país de Europa.

Destina a protección social una porción de su economía que nadie en la Unión Europea iguala. La semana laboral es de treinta y cinco horas por ley. Y su desigualdad, una vez que se cuentan los impuestos y las transferencias, es de las más bajas del mundo. Si lo que estalló el sábado fue el neoliberalismo, estamos ante un experimento neoliberal muy extraño donde el Estado se queda con más de la mitad de todo.

El problema francés no es un Estado que se fue. Es un Estado que nunca se fue y que, aun así, hace quince años no entrega resultados. En ese tiempo los franceses mejoraron su nivel de vida a poco más de la mitad del ritmo al que lo mejoraron sus vecinos europeos. La deuda pública ya supera todo lo que el país produce en un año y sigue creciendo. Solo en intereses, Francia paga cada año más que lo que le cuesta casi cualquiera de sus ministerios.

Buena parte de la explicación está en las jubilaciones. Francia gasta en pasividades casi el doble de lo que gastan en promedio los países desarrollados. Ese dinero no aparece de la nada: sale de todo lo demás.

La educación que los estudiantes reclaman en la calle compite cada año con un sistema jubilatorio que ningún gobierno se anima a tocar, y pierde siempre. Los franceses pueden empezar a cobrar jubilación a los sesenta y dos años y nueve meses, una de las edades mínimas más bajas de Europa, viviendo más que casi todo el mundo.
Y no es que nadie supiera esto. La reforma de 2023 subía esa edad mínima de sesenta y dos a sesenta y cuatro años, de a tres meses por generación, a lo largo de una década. Hace exactamente un año el primer ministro Lecornu la dejó sin efecto. No la derogó: la congeló hasta después de las próximas elecciones. Lo hizo para que no lo voltearan, a pedido del Partido Socialista y de la central sindical, y con un costo que el propio gobierno reconoció en cientos de millones de euros por año. Si eso resultó intolerable, nada va a ser tolerable nunca.

Doce meses después, el mismo arco político que bloqueó la reforma sale a quemar edificios públicos porque los combustibles están caros y los servicios no alcanzan. No alcanzan, entre otras cosas, por lo que se resolvió aquel octubre.Claro que hubo mucha gente de buen fe que marchó en paz. Pero casi todos ellos eligen ignorar un elefante en la sala de gasto público.

Cuando durante décadas el que rompe no es un delincuente sino la expresión de un malestar, el que rompe la próxima vez ya tiene el permiso dado. Y el final de esa historia se conoce: Marine Le Pen encabeza hoy las encuestas con el doble de intención de voto que el segundo, y Francia vota en abril. Cada vidrio roto acercó un metro más a Le Pen al gobierno.

Lo peor es que tampoco eso va a arreglar nada, porque Le Pen promete el mismo Estado impagable con otra bandera, jubilación anticipada incluida. Pero es un patrón bastante conocido que luego de estos estallido "revolucionarios" de izquierda los discursos de orden se fortalecen y ganan.

Nadie, especialmente los más pobres, quiere vivir en la legitimación del caos y la violencia.

Mientras tanto, acá, un comunicador petulante, al que el Frente Amplio subsidia un discurso de odio hace años, explicaba que todo esto pasa por la gentrificación, el abandono de los barrios y la falta de inversión, y cerraba acusando de ignorantes a los que simplifican. En su diagnóstico no aparece una sola vez la palabra gasto, ni deuda, ni impuestos, hablando del país que más gasta y más cobra de Europa. Sí aparece, en cambio, la prohibición de hablar de inmigración. El método es el de siempre, decidir cuáles causas están permitidas antes de mirar los números es exactamente lo que él les reprocha a los demás. Esa es la diferencia entre analizar y militar.