La autoridad amenazada

Graves acontecimientos ocurridos hace algunos días en el Liceo Manuel Barros Borgoño volvieron a evidenciar la crisis que afecta a la educación pública y la dificultad que implica superarla, debido a la posición de ambigüedad -o franca complicidad- que actores involucrados en las comunidades educativas asumen frente a la violencia. Estos hechos no deben pasar inadvertidos, si efectivamente existe voluntad para rescatar a los establecimientos más emblemáticos del país de la situación de virtual "secuestro" en que se encuentran a manos de grupos radicalizados, los que imponen sus términos y hasta sus símbolos -los murales del Instituto Nacional lo muestran- al resto.
La educación es un proceso que requiere reconocer la autoridad del profesor y de los directivos, de manera de desarrollar un plan educativo en el que el estudiante reciba una formación integral, que sea complementada por su entorno familiar. Ello exige, como una condición mínima -y por obvio que parezca-, contar con espacios de convivencia donde la violencia no sea admisible, no solo porque altera e interrumpe el proceso formativo, sino porque en sí misma representa lo opuesto a los valores fundamentales que una sociedad democrática busca transmitir por medio de la educación. Por eso, como ha señalado el exministro Sergio Bitar en relación con el Instituto Nacional, "cualquier medida que se tome para detener y sancionar a los alumnos que cometen esta denigración de la educación pública, que proyectan la violencia... debe ser respaldada por todos".
En los hechos, sin embargo, aquellas autoridades educativas que intentan enfrentar el problema no siempre reciben el necesario respaldo y en cambio son objeto de amenazas y hostigamientos. Es el caso de la directora del Liceo Barros Borgoño, insólitamente acusada por el comunal Santiago del Colegio de Profesores de "negligencia inexcusable", al haber supuestamente puesto en riesgo a su comunidad escolar por llamar a Carabineros luego de ser amenazada de muerte por un grupo de encapuchados que violentamente se tomó hace algunos días el liceo y puso cadenas a las salidas de emergencia. La situación es inquietante: en lugar de apoyar a una de sus pares víctima de un ataque, el gremio prefirió desacreditar a la autoridad, sin dedicar una palabra a condenar la violencia de los encapuchados. No menos sintomático fue el inaceptable intento de funa que debió encarar la directora por parte de un grupo de apoderados y la declaración del centro de alumnos que pidió su destitución.
Directivos amenazados, profesores agredidos, apoderados que "funan" a esos directivos, encapuchados que se esconden al interior de los establecimientos y que confeccionan artefactos incendiarios en sus dependencias, son signos alarmantes del deterioro de la autoridad. Los esfuerzos por sancionar a los autores -el Servicio Local de Educación Pública de Santiago se querelló por lo ocurrido en el Barros Borgoño- y las propuestas de cambios normativos pueden ser pasos necesarios, pero sin una explícita condena de la violencia por parte de líderes políticos y gremiales, no será posible lograr avances significativos en la recuperación de la convivencia.
La justificación de los hechos violentos que esgrimen organismos ligados a la educación, según la conveniencia de sus agendas políticas, profundiza una crisis que implica un gran costo para quienes ven interrumpidos y menoscabados sus procesos formadores. Apelar a una educación pública de calidad sin rechazar la violencia es una contradicción que profundiza la destrucción de liceos que alguna vez fueron motivo de orgullo nacional.