Un primer paso

Colombia ya tiene presupuesto para 2027. En la madrugada del martes la Cámara acogió el texto que horas antes había aprobado el Senado y dejó en firme un gasto de $634,9 billones. Así se evitó la conciliación y que el Gobierno tuviera que expedirlo por decreto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, denominó el momento como el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía. Conviene tomarse en serio la palabra primer. Un presupuesto no es una cuenta de ahorros: es un permiso. La ley le dice al Estado cuánto puede gastar y en qué, pero no le garantiza la plata. Como en cualquier hogar, un gasto se cubre ganando más, gastando menos o pidiendo prestado, y en Colombia la tercera pesa demasiado. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, más de 40% de los recursos de 2027 provendría de nuevo endeudamiento, mientras el recaudo tributario no llegaría a 14% del PIB. Ese crédito ya se nota en la composición del gasto. Cerca de 24% se irá en el servicio de la deuda, es decir, en intereses y abonos a capital. La inversión, aún con los ajustes del Congreso, suma $94,8 billones y no llega a 15% del total. Por cada peso que el Estado invierta en vías, colegios o proyectos regionales, destinará más de uno y medio a sus acreedores. Las plenarias no podían tocar el monto total; solo mover recursos entre sectores. La salud recibió $5 billones adicionales, frente a los $2 billones previstos, y la inversión subió $7,9 billones, en parte con dinero que estaba destinado a la deuda. Ese traslado es una apuesta. Según analistas, el recorte de unos $8 billones en ese rubro supone que el país logrará refinanciar sus obligaciones con créditos más baratos, como los que busca con el Fondo Monetario Internacional. Si eso no llega a tiempo, la plata habrá que buscarla en otra parte. La crítica más repetida es que el gasto creció cerca de $60 billones frente al proyecto que dejó el gobierno anterior. Buena parte de esa diferencia, sin embargo, corresponde a obligaciones que aquel texto no reconocía del todo, como pensiones, el fondo de los combustibles y un servicio de la deuda calculado por debajo de su costo real. Más difícil de justificar, si se confirma, es la partida de $3,9 billones sin proyectos definidos que cuestiona la oposición. En un año de estrechez, cada peso sin destino claro debilita la confianza en las cifras. La prueba de fondo viene ahora. Hacienda anunció que el siguiente paso será la Ley de Rescate Económico, que según el Observatorio Fiscal podría llegar a plantear un recorte cercano a $45 billones. Si se concreta, la necesidad de deuda podría bajar mucho. Pero aún no se conoce el texto ni cómo se repartirían los recortes, y reducir gasto siempre es más fácil de anunciar que de aprobar, más aún con elecciones regionales en 2027. Los impuestos tampoco son una salida fácil, pues algunos analistas calculan que una reforma tributaria difícilmente aportaría más de $7 billones. Hay una buena noticia que pasó casi inadvertida. La ley obliga a Hacienda a publicar cada trimestre los saldos y la ejecución de fondos especiales, patrimonios autónomos y fiducias, donde el rastro del dinero público suele perderse. Como el presupuesto es una ley anual, esa regla debería volverse permanente. El Gobierno debería radicar cuanto antes la Ley de Rescate, con recortes identificados partida por partida. El Congreso ya ha dado el permiso para gastar. Lo que falta ahora es mostrar cómo se va a pagar.