El rentable negocio de la desesperación

Gustavo Andrés Piedrahíta
Cuando una empresa entra en crisis, no solo están en juego sus activos y deudas, sino los empleos que genera, sus relaciones comerciales y el patrimonio de quienes apostaron por ella. Por eso, la insolvencia no es una condena ni la antesala inevitable de una liquidación, sino una oportunidad para enfrentar las dificultades con orden, buscar acuerdos con los acreedores y determinar si la empresa tiene futuro. Sin embargo, en Colombia parece que empezamos a confundir el instrumento con sus abusos. Las denuncias sobre el ‘cartel de la insolvencia’ plantean una preocupación legítima, pero obligan a preguntar: ¿el problema está en los procesos o en quienes los utilizan indebidamente? Desacreditarla por las conductas de quienes la desnaturalizan sería tan equivocado como pretender que todo vale en nombre de la recuperación empresarial. Una crisis no siempre significa que el modelo de negocio haya dejado de ser viable. A veces obedece a problemas de liquidez, al incumplimiento de un cliente clave o a circunstancias extraordinarias. Si la actividad genera valor, una reorganización oportuna permite que la empresa siga operando y que los acreedores obtengan una salida mejor que la liquidación. Bien utilizados, estos procesos protegen empleos, conservan cadenas de suministro y ordenan la relación entre la empresa y quienes confiaron en ella. Son parte de la infraestructura institucional de un ecosistema empresarial sano. Por supuesto, la insolvencia no es patente de corso para incumplir obligaciones ni fórmula mágica para rescatar empresas inviables. Su finalidad es gestionar la crisis, preservar el valor cuando sea posible y repartir sus consecuencias conforme a las reglas. El ‘cartel’ no demuestra que el mecanismo sea equivocado, sino que puede haber quienes pretendan instrumentalizarlo. Hay que distinguir entre la herramienta y su uso, o responderemos a los abusos debilitando una alternativa legítima. Preocupa la proliferación de ‘centros de garaje’ sin capacidad técnica, idoneidad ni garantías para acompañar estos procesos. Prometer soluciones fáciles a quien atraviesa una crisis puede agravar el problema y comprometer la confianza en el sistema. Colombia necesita procesos de insolvencia serios, confiables y accesibles, en los que los empresarios no sean estigmatizados, los derechos de los acreedores no sean sacrificados y las autoridades distingan entre quien busca recuperar una empresa y quien intenta instrumentalizar el sistema. La solución no está en debilitar estos mecanismos, sino en fortalecer la supervisión, profesionalizarlos y cerrarles el paso a quienes los convierten en un negocio a costa de los demás. Porque una empresa en crisis no siempre es una empresa condenada. A veces, lo que necesita es una oportunidad para recuperarse. Y esa oportunidad no puede quedar en manos de quienes hacen de la desesperación empresarial su modelo de negocio.
Director Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá.