La "maratón" que deben sortear los proyectos de inversión para llegar a la meta y empezar a generar empleos

Cada vez que un inversionista toma la decisión de iniciar un proyecto de inversión en Chile debe estar preparado para correr una maratón. No se trata de la carrera clásica de 42 kilómetros, sino del extenso recorrido a que lo obliga la "permisología" en el sistema de tramitación ambiental. "El plazo legal para resolver no se cumple", afirma un estudio reciente elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la principal organización multigremial empresarial del país.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, alerta que el país se encuentra en un momento en que necesita más inversión y más empleo y que, pese a este escenario de urgencia, los proyectos enfrentan una tramitación larga y compleja. Advierte: "Obtener la aprobación ambiental no es el final del camino".
Para llegar a su diagnóstico, el análisis del gremio concentró su atención en los proyectos de inversión que recibieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA o permiso ambiental) entre 2022 y 2025 y que luego de ese paso quedaron estancados en un proceso de reclamación administrativa.
En síntesis, para que un proyecto de inversión llegue a ver la luz debe recorrer tres etapas: la evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obtener la RCA, el proceso de reclamación administrativa en el que se zanjan los problemas que surjan debido a la aprobación o rechazo de la iniciativa y, finalmente, la fase de judicialización, donde llegan los promotores o detractores buscando que se acojan sus aspiraciones, ya sea para concretar o frenar la ejecución de la iniciativa.
Iniciativas en suspenso
El reporte de la CPC señala que la obtención del permiso ambiental no cierra la discusión. "A esa etapa le siguen muchas veces la reclamación administrativa y luego los tribunales, procesos que pueden tomar tanto o más tiempo que la propia evaluación y que afectan especialmente a los proyectos de mayor envergadura. Por eso no basta con acelerar los permisos. También hay que hacerse cargo de lo que ocurre después de la aprobación, donde muchas veces se postergan decisiones de inversión clave para el país", advierte Jiménez.
Según el análisis, entre 2022 y 2025, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental calificó 1.357 proyectos. De ellos, 202 enfrentaron reclamaciones, casi un 15% del total. Aunque la cifra pareciera menor, el panorama cambia cuando se miran los montos involucrados, pues concentraban el 36% de la inversión declarada: US$ 34.536 millones.
Plazos incumplidos
La legislación fija 30 días para resolver las reclamaciones en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental y 60 en los Estudios de Impacto Ambiental. "Ninguno de los 179 proyectos cuyo recurso se resolvió en el fondo lo hizo dentro de ese plazo", asegura el informe.
El análisis del gremio empresarial concluye que a los 622 días en promedio que demoró la evaluación de un proyecto se deben sumar otros 307 días que tardó en resolverse la reclamación. Si solo se observan los tiempos en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, la evaluación demora 1.130 días en la calificación y otros 479 días en la reclamación.
Pero allí no está la meta. La maratón continúa. En el 40% de los proyectos la resolución del recurso de reclamación termina impugnada ante un Tribunal Ambiental, casi siempre por terceros, dice el informe.
La CPC indica que las medidas de agilización adoptadas en marzo por el gobierno del Presidente José Antonio Kast permitieron acelerar la resolución de las reclamaciones pendientes. Como consecuencia, el tiempo promedio bajó de 307 a 198 días y se despejó el inventario de recursos acumulado. "Si el ritmo se sostiene, la etapa administrativa dejará de ser el principal cuello de botella y el peso de la tramitación se trasladará aún más hacia los tribunales", dice.
¿Eliminar el proceso de reclamación administrativa?Rominna Gaete , socia adjunta de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de la consultora EY, plantea que si bien la idea de eliminar la reclamación administrativa para acelerar proyectos de inversión parece atractiva, podría generar el efecto contrario, aumentando la cantidad de casos que llegan a los tribunales ambientales, saturando una institucionalidad que ya debe resolver controversias cada vez más complejas. "El verdadero desafío no es eliminar esta etapa, sino hacerla más rápida y eficiente: establecer plazos más breves, mejorar la capacidad técnica de resolución y desincentivar acciones meramente dilatorias", manifiesta.
Mauricio Villena , decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, coincide en que suprimir la reclamación sería contraproducente: "Desde una perspectiva económica, lo relevante no es cuántas etapas tiene el procedimiento, sino cuánto tiempo y cuántos recursos se requieren para resolver una controversia". Explica que la Ley de Reconstrucción se hace cargo del incumplimiento de plazos. "Mantiene la reclamación administrativa, pero permite que, vencido el plazo legal y transcurridos cinco días adicionales sin respuesta tras requerirla, se certifique la omisión, se entienda rechazado el recurso y quede abierta la vía judicial", dice.
Susana Jiménez , presidenta de la CPC, reconoce que la Ley de Reconstrucción es un avance, porque busca poner un límite a la duración de la etapa administrativa. Sin embargo, argumenta que "fijar un plazo no basta si no hay capacidad para cumplirlo. Entre 2022 y 2025 ninguna reclamación se resolvió dentro del plazo legal". Con la nueva norma, "los recursos se entenderán rechazados y los casos pasarán directamente a los tribunales ambientales, lo que no resuelve el problema y solo lo traslada a una etapa todavía más larga y que también enfrenta retrasos".