Demagogia económica

La semana pasada en estas mismas páginas Agustín Iturralde escribió una columna muy clara sobre las consecuencias de la reforma a la seguridad social propuesta por el gobierno que permitiría la jubilación anticipada a los 60 años en determinadas condiciones. Dada la relevancia de este asunto, vale la pena realizar algunos comentarios adicionales para dimensionar el lío en el que nos estamos metiendo.

En primer lugar, la iniciativa va en contra de la misma esencia de un sistema de seguridad social. La razón de ser de estos esquemas es que las personas no suelen realizar los ahorros voluntarios suficientes durante sus años laborales y, por tanto, no tienen ingresos suficientes para su etapa posterior. Los aportes previsionales compulsivos, por tanto, son centrales para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Abrir un causal amplio por el que las personas puedan salirse lo antes posibles de los aportes compulsivos, por tanto, introduce un incentivo muy humano para dejar de aportar. Casi nadie va a realizar los cálculos actuariales de cuánto gana o pierde pero el resultado se decanta en dos opciones: o por alguna razón lo termina utilizando poca gente, con lo que acaba siendo una maniobra demagógica sin consecuencias o termina siendo utilizado por un número relevante de personas con lo que se convierte en un mecanismo de demagogia fiscal.

En segundo lugar, los cálculos realizados para tomar esta iniciativa no son lo suficientemente sólidos, sencillamente, porque no pueden serlo. Estas estimaciones conllevan una enorme volatilidad que no es previsible, porque se basan en supuestos siempre discutibles y no se consideran todos los escenarios posibles. Esto apunta a que el costo fiscal estimado como "máximo" tiene todos los boletos para quedarse corto, como abala la experiencia.

En tercer lugar, es un nuevo direccionamiento del gasto público en favor de los adultos mayores y, por tanto, en contra la primera infancia, dónde todos coincidimos que deberían concentrarse los esfuerzos, pero después la política económica, porfiadamente, decide lo contrario.

En cuarto lugar, esta propuesta tiene severos problemas de economía política. Cuando exista, dentro del tiempo suficiente, un grupo de presión de jubilados con ingresos insuficientes por haberse acogido al mecanismo propuesto es altamente probable que la "sensibilidad" de nuestro Parlamento lo lleve a una nueva ley para "corregir la situación". Es la historia de nuestro país e ignorar que los grupos de "cincuentones" y similares logran sus reivindicaciones puede calificarse como una ingenuidad, pero de ninguna manera resulta inocuo.

En quinto lugar, va a contramano de la reforma de 2022 y de lo que necesitan hacer todos los países en que la transición demográfica pauta una población cada vez más envejecida a pasos agigantados. En un país en que la población activa cada vez será menor en relación con la inactiva apurar este proceso es altamente inconveniente.

Existen otros argumentos, pero con lo expuesto alcanza para dimensionar que estamos ante un proyecto tremendamente negativo. Ingresamos, además, en un camino especialmente fragoso para un país para el que su seriedad macroeconómica es indispensable; nos adentramos, con entusiasmo digno de mejor causa, en la demagogia económica desembozada.