Tensiones en educación superior

El sistema de educación superior en Chile está indudablemente tensionado. Una serie de decisiones de política pública en los dos últimos lustros han estado a la base de esta situación. Desde luego, la gratuidad, que, como una forma de acotar el gasto público, impone una serie de regulaciones de vacantes y aranceles a las instituciones de educación superior. Ello afecta la evolución de sus ingresos por aranceles, los que siguen representando la mayor parte de los ingresos operacionales. Al mismo tiempo, el enorme desembolso público que significa ha imposibilitado que el Estado pueda generar otros instrumentos para perseguir otros objetivos de política pública en el área; en particular, aquellos que podrían apoyar la búsqueda de esa mayor complejidad que requieren nuestras instituciones más destacadas para acercarse a las grandes ligas mundiales.
Además, la Ley de Educación Superior obliga a todas las universidades a desarrollar investigación y a todos los institutos profesionales (IP) a involucrarse en innovación. Ambas actividades son evaluadas en los procesos de acreditación y, por las consecuencias que de ellos se derivan, obligan a las instituciones a comprometer importantes recursos. En ausencia de políticas públicas que apoyen esta exigencia, las tensiones se agudizan. Por cierto, la evidencia comparada muestra que estos requerimientos no son habituales; de hecho, en la gran mayoría de los países suelen coexistir universidades complejas con otras fundamentalmente docentes o que tienen pequeños nichos de investigación.
Todos estos cambios han redistribuido de manera considerable la matrícula. Así, por ejemplo, la de los CFT cayó en cinco puntos porcentuales entre 2015 y el presente año, para situarse en 7,6 por ciento del total. En igual proporción subió la de los IP. La de las universidades, en cambio, se mantuvo constante en el período, aunque hubo redistribución entre ellas.
Estas realidades han llevado a que las autoridades y expertos pongan más atención a los resultados económicos de los planteles. A propósito de ello, se acaban de publicar los estados financieros consolidados, correspondientes a 2025, de las distintas instituciones del sistema. Estos son presentados por la Superintendencia de Educación Superior, la cual en los últimos años ha hecho un seguimiento más exhaustivo de dichos estados, teniendo en cuenta que, en casos límite, le corresponde nombrar administradores provisionales para sanear sus cuentas. La Universidad de Aysén fue la última en vivir uno de estos procesos, el que finalizó en enero pasado. Situaciones similares podrían repetirse. La creación de CFT estatales, en un momento de retroceso en el interés de los estudiantes en esta educación, ha significado dificultades para algunos de ellos. Para poder consolidarse, requieren aumentar su matrícula, pero los espacios no son auspiciosos y no es evidente que los fondos basales que reciban sean suficientes para sostenerlos. Por cierto, tampoco parece recomendable aumentar esos recursos: su retorno social es escaso si no derechamente nulo, atendida la amplia oferta existente. De hecho, esta política desde los inicios fue difícil de racionalizar.
Las universidades, salvo algunas excepciones, tienen balances más sólidos en 2025 que el año anterior. Pero sigue creciendo el peso de los aranceles en su financiamiento. Ello no deja de ser complejo, toda vez que son ingresos muy regulados, lo que puede afectar crecientemente su autonomía, en particular porque se ha ido perdiendo el vínculo entre los costos efectivos de formar y la transferencia que hace el Estado, muy presionada por mantener el control de las finanzas públicas. Los efectos negativos que esto provoca no se han aquilatado lo suficiente. En el caso de los IP, a pesar de que han experimentado una consolidación en la última década, se sigue observando una marcada heterogeneidad en sus resultados. Ello exige un monitoreo cuidadoso de su evolución, de modo de anticipar situaciones financieras delicadas que perjudiquen a los estudiantes.
En suma, la mayoría de las instituciones de educación superior parecen gozar de una buena salud financiera, pero hay situaciones puntuales que requieren una supervisión cuidadosa.