Entrevista Andrea Agudelo

¿Cómo se está moviendo el lavado de activos en 2026? Las operaciones grandes de lavado de activos, que además tienen un enlace con países como Luxemburgo, Panamá o los Emiratos Árabes, alejan el proceso del beneficiario final. ¿Y cómo lo hacen? Empiezan a crear empresas o fideicomisos, y estamos viendo que recurrentemente ponen a figurar dentro de las administraciones de las cuentas a sus mismos abogados o contadores, a quienes los ponen a mover grandes cantidades de capital de manera urgente. Algunos son utilizados, por eso necesitan entender cuándo hay un riesgo, para que, con ese conocimiento y esa comprensión, orienten su conducta. Pero también hay situaciones obvias ante las cuales no toman acción, como la constitución de empresas de manera exprés. Creen que no participan en la operación de lavado, pero le están dando apariencia de legalidad. ¿De qué manera algunas profesiones podrían contribuir al delito? El lavado no depende exclusivamente de grandes redes financieras o de complejas estructuras empresariales. También puede involucrar operaciones cotidianas en las que cualquier persona puede verse involucrada.  Un ciudadano común puede participar en el lavado de activos al prestar su nombre, cuentas bancarias o documentos personales para que otros realicen o reciban pagos, creen empresas, adquieran bienes, suscriban contratos o participen en negocios. Incluso, las personas del común podrían participar en la cadena al comprar bienes de contrabando o a precios irrisorios en comparación con el mercado.  Ello facilita la integración de dinero ilícito a la economía colombiana. Los agentes inmobiliarios también son vulnerables a este delito. Pueden facilitar movimientos de grandes sumas de dinero en efectivo, con menor escrutinio que el sector financiero. Una transacción inmobiliaria se traduce en una inversión estable, que tiende a valorizarse con el tiempo, características que hacen al mercado inmobiliario atractivo para el lavado de activos. Además, esas propiedades se pueden ocultar en esquemas societarios. ¿Qué estrategias podemos implementar los ciudadanos? La educación, la concienciación y la promoción de negocios responsables. Es importante que todos comprendamos que el lavado de activos nos afecta a todos. El dinero ilícito que circula en un país como Colombia hace que se encarezcan los precios de bienes y servicios de consumo masivo, porque aumenta la inflación; genera quiebra de empresas, porque no se puede competir lícitamente con empresas que traen bienes de contrabando; aumenta la corrupción, erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas; aumenta la inseguridad porque contribuye al crimen organizado y motiva el aumento de economías ilícitas. Invitamos a no prestar cuentas bancarias, billeteras digitales, documentos de identidad, firmas o empresas para recibir, trasladar o administrar dinero de terceros cuya procedencia y finalidad no se conoce. Abstenerse de recibir ofertas de dinero fácil, participar en negocios milagrosos, aceptar oportunidades inigualables como comisiones por recibir transferencias ajenas o solicitudes para figurar como propietario de bienes sin asumir la adquisición. ¿Y los demás? Las actividades y profesiones no financieras designadas son una categoría creada por el Grupo de Acción Financiera que está conformada por abogados, notarios, contadores, proveedores de servicios societarios y fiduciarios, agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos y juegos de suerte y azar. Desde hace 20 años se les recomendó la debida diligencia de la contraparte, control interno y la conservación de registros, incluyendo medidas para identificar el beneficiario final y monitorear operaciones; además, el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero; y aplicar medidas de debida diligencia intensificada en transacciones específicas. Para las autoridades encargadas de su supervisión, exigen la aplicación de un enfoque basado en riesgo que les permita, pese al gran volumen de empresas, focalizar sus esfuerzos en atención al mayor nivel del riesgo de lavado de activos al que se encuentran expuestas. ¿Qué puede hacer el Gobierno en el marco de políticas públicas? Lo primero es definir cuál es la política del Estado para prevenir y abordar el lavado desde una definición criminal, porque la política pública anterior se venció este año. El Ministerio de Justicia debería confeccionar un nuevo Conpes. Y las políticas públicas también deben ampliar la visión del delito, porque el lavado está estrechamente vinculado con el fortalecimiento de la capacidad de grupos armados. La deuda es grande porque de 2018 a la fecha solo hay cinco sentencias por financiación de terrorismo en Colombia. ¿Cuál es el panorama de ‘tokenización’ de activos y por qué es preocupante en Colombia? Es un riesgo emergente. Estamos en un momento en el que hay muchas nuevas tecnologías que se están utilizando para, justamente, mover rápidamente el dinero y para crear estas capas que le dan apariencia de legalidad y que lo alejan de lo ilícito. Lo que se viene dando es que el oro colombiano está siendo ‘tokenizado’, a través de empresas que han sido constituidas en El Salvador. Allí hay un tema más flexible de impuestos y porque aquí en Colombia no tenemos todavía una regulación o una ley en materia de activos virtuales. Entonces, tú compras un token que equivale a tanta cantidad de oro, pero tú cuando compras ello no tienes acceso al oro físico, al oro colombiano. Tú compras en virtud de la confianza, porque a ti no te entregan el activo. ¿Está expuesto el mercado del oro al lavado? El mercado del oro de por sí es muy vulnerable. En 2024 el valor del oro aumentó un cuarenta por ciento. Sabemos que se está sacando por las trochas y que las comercializadoras internacionales están facilitando la mezcla de oro legal con oro ilegal, que finalmente se exporta. Las diferencias entre lo que producimos y lo que exportamos son grandes y aún no hay un cambio. Lo que queremos es entender si la ‘tokenización’ puede favorecer otros mercados emergentes para movilizar dinero ilícito, o si, como el oro ya es un sector tan fácil de acceder y de lavar, no es necesario entrar a estudiar ese sector. ¿Por qué este tema estuvo en la agenda del Día de la Prevención del Lavado de Activos? Buscamos servir de plataforma de diálogo y de intercambio de temas que pueden aumentar el riesgo de Colombia en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Con esta información podría actualizarse la política publica en la materia, porque el Conpes 4042, para el sistema nacional antilavado de activos, ya se venció. Saludamos la presencia de la directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Martha Luz Reyes, cuya misión es la producir inteligencia financiera y quien puede estar interesada en saber cuáles son las nuevas tendencias de operación sospechosa. ¿Cuántas investigaciones por financiación del terrorismo hay en Colombia y qué dicen esas cifras? Es información pública que se puede consultar en el Spoa. Si se busca financiación del terrorismo, de 2010 a la fecha hay 240 investigaciones y solo la mitad están activas, es decir, 120. Y de 2010 a hoy son dieciséis años, así que, si uno hace cuentas, el resultado es muy escaso, sobre todo cuando tenemos un incremento tan grande de grupos armados.
‘El dinero ilícito del lavado

de activos quiebra empresas’