Bien común debilitado

La vida en una sociedad democrática está definida por una serie de normas -muchas de ellas no escritas- tendientes a preservar el bien común, lo que implica para el ciudadano la obligatoriedad de su cumplimiento en favor de una mejor convivencia. Se trata de pautas de comportamiento que orientan el desarrollo de las múltiples interacciones cotidianas, ofreciendo certezas respecto de lo que los integrantes de una comunidad pueden esperar unos de otros. Sin esas certezas la convivencia se va tornando más compleja, se dificultan los intercambios y se pierden valiosas oportunidades de progreso: no es casual que los países más desarrollados tiendan a ser aquellos en que también prevalecen altos niveles de confianza interpersonal, sustentada precisamente en la común adhesión a estas pautas de conducta. Sus transgresiones, que bien pueden interpretarse como simples incivilidades, pueden tener, sin embargo, amplias repercusiones sociales. Los casos de mal uso de la licencia médica, con todo el costo que han traído para el sistema de salud y para la confianza en el Estado, así lo ejemplifican, evidenciando un trasfondo al que la sociedad en su conjunto debiera atender.
La encuesta Bicentenario UC de este año incluyó una serie de preguntas para evaluar las apreciaciones referidas al comportamiento social, cuyos resultados grafican una alta tolerancia a la falta de observación de algunas normas de compleja fiscalización y efectividad sancionatoria. Se constatan así situaciones tan paradójicas como el hecho de que, si bien se considera de alta gravedad botar basura en la vía pública, otras conductas tanto o más nocivas reciban un mucho menor reproche. Por ejemplo, el 44 por ciento califica como algo o nada grave comprar productos falsificados; el 33 por ciento no le atribuye gravedad a no pagar el tag, y el 30 por ciento no cree que sea una falta grave dejar de pagar el crédito universitario (CAE). Un porcentaje de alrededor del 20 por ciento, en tanto, otorga poca o ninguna gravedad a no pagar el transporte público, a omitir o modificar información del registro social de hogares o a conducir después de consumir una copa de vino. Estas cifras se elevan marcadamente entre los grupos más jóvenes, llegando al 70 por ciento en cuanto a la compra de objetos falsificados y al 43 por ciento en el no pago del pasaje del transporte.
Hay aquí una suerte de "anomia", presente especialmente en los jóvenes del grupo socioeconómico alto, la cual denota un cierto debilitamiento del tejido social del cual hace ya más de 10 años daba cuenta la misma encuesta Bicentenario UC. Es probable que el fenómeno se retroalimente, además, con ciertos discursos políticos que no solo demandan la gratuidad en todo tipo de servicios y el acceso ilimitado a beneficios sociales, sino que, por la vía de proclamar esto como un derecho, van corroyendo la percepción de legitimidad de las normas que regulan el cobro o el acceso a tales prestaciones. En cualquier caso, la aceptación proporcionalmente significativa de ciertas transgresiones implica un desafío para la sociedad, por su impacto en el bien común, tanto directo -al poner en cuestión la sustentabilidad de ciertos servicios o al exponer al resto de las personas a situaciones de riesgo- como por la vía de derruir las confianzas básicas para el desarrollo de la vida en común.
Frente a un panorama como el descrito por la encuesta, resulta urgente redoblar los esfuerzos por recuperar la percepción de legitimidad en el funcionamiento de las instituciones, clave para el acatamiento de aquellas normas que el conjunto de la sociedad ha definido como exigibles, así como promover una efectiva educación cívica que inculque los valores del bien común, principio básico de la convivencia social.