Sin salidas fáciles

A un año de las elecciones regionales, el Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó un proyecto de ley que sube impuestos, recorta la nómina estatal y les pide más a empresas y trabajadores. Ningún gobierno quiere ese debate antes de una campaña. Que lo haya abierto dice mucho del tamaño del hueco fiscal y de su disposición a gastar capital político. En campaña, De La Espriella prometió no subir impuestos y apostarle solo a los recortes. Es justo recordárselo. Pero entonces no se conocían las cuentas reales de la crisis fiscal ni había ocurrido el terremoto de agosto. Ajustar la postura cuando cambian los datos es lo responsable. Ante un problema de esta magnitud, había que jugarse todas las fichas. El proyecto reduce a la mitad el gasto en contratistas en 2027, recorta 20% el gasto de personal en 2028 y pide facultades para fusionar o eliminar entidades. Trae impuestos a licores, cigarrillos, bebidas ultraprocesadas, compras en el exterior y juegos de azar, pero también toca asuntos sensibles, como el IVA, los parafiscales y la renta de las personas. Según Hacienda, el déficit sin contar intereses bajaría de 3,3% del PIB este año a 2,1% en 2027. Hay un matiz. Citi Research calcula que una cuarta parte del efecto de 2027 viene de recortes directos. El resto sale sobre todo de mayores aportes de las empresas al Sena, al ICBF y a la salud, de cotizaciones más altas para quienes más ganan y de los impuestos a licores y cigarrillos. Al Tesoro le da igual de dónde salga la plata. A quien la pone, no. Quienes se sienten asfixiados tienen derecho a alzar la mano y a ser escuchados. Pero la complejidad del problema sí es real. El Índice Internacional de Competitividad Tributaria de la Tax Foundation deja a Colombia en el puesto 37 de 38 países de la Ocde. Las empresas pagan 35% de renta, contra un promedio de 24,2% en ese grupo. Además, el IVA cubre menos de 36% del consumo y un trabajador con salario promedio no paga renta. El sistema les cobra mucho a pocos. El proyecto apunta a corregirlo. Amplía la base del IVA y de la renta para que paguen más personas, y baja a 31% la tarifa de las empresas. Elimina el IVA de 5% y, para compensar, crea EfectiVA, una devolución del impuesto a los hogares más pobres, que solo funcionará si el Estado sabe quiénes son. Pero hay costos y demoras. Hacienda calcula que el IVA podría sumar hasta 1,4 puntos a la inflación en 2028, y el impuesto al patrimonio solo desaparecería desde 2031. Quedan seis semanas para cuatro debates antes del cierre de sesiones ordinarias, el 16 de diciembre. Según Orza y Rodríguez Piedrahita, desde 2010 las reformas tributarias han tardado entre 33 y 85 días solo en presentar la ponencia de primer debate. Hay reparos incluso en sectores del Centro Democrático, y eliminar entidades toca espacios de poder que sostienen el apoyo de varias bancadas. Si hacen falta extraordinarias, mejor eso que usar el reloj como excusa para aprobar a pupitrazo. Empieza la discusión económica más importante del Gobierno. El Congreso tiene la última palabra y debería exigir más recortes, empezando por el subsidio a los combustibles, que el proyecto casi no toca, y límites a las facultades extraordinarias. El Gobierno debe hacer una amplia pedagogía sobre lo que propone, a quién le cuesta y qué gana el país. Y quien quiera tumbar un impuesto debe decir con qué lo reemplaza. No hay salidas fáciles, pero de una u otra forma hay que ordenar la casa. Si no lo hacemos, la crisis lo hará por nosotros.