Virtualidad después del terremoto

Eduardo Behrentz
Una joven cuya familia perdió su vivienda en el terremoto del 10 de agosto necesita resolver dónde vivir y cómo recuperar estabilidad para seguir estudiando. Si, además de eso, su regreso a clases depende de la reconstrucción de una sede física afectada por el sismo, la interrupción temporal puede convertirse en abandono definitivo. Con esto en mente, la oferta de educación virtual debería ser una prioridad en la reconstrucción de los territorios afectados. Antes de financiar nuevos edificios, el Gobierno Nacional debería evaluar si una oferta virtual puede llegar a más estudiantes y sostenerse con menores costos. Las universidades pueden partir de programas que ya funcionan. El Decreto 0529 de 2024 permite incorporar modalidades mediante modificaciones del registro calificado, manteniendo las condiciones de calidad aplicables. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional (MEN) facilitar su utilización y dar prioridad a las instituciones que atienden zonas afectadas. Aprovechar esa capacidad tiene sentido económico. Compartir contenidos, plataformas y recursos académicos entre estudiantes de distintos municipios permite distribuir la inversión inicial y reducir la necesidad de replicar instalaciones. En regiones con población dispersa, esas economías pueden hacer viable una oferta que de otra forma sería muy difícil de sostener. Un programa virtual bien diseñado permite actualizar contenidos, practicar con retroalimentación y detectar dificultades para intervenir a tiempo. Su flexibilidad abre oportunidades a quienes trabajan o cuidan familiares. Las prácticas que exigen presencialidad pueden organizarse mediante laboratorios compartidos, talleres y acuerdos regionales. Una familia sin conexión seguirá excluida aunque exista una plataforma con cientos de cursos. La inversión debe llegar hasta donde vive el estudiante y cubrir acceso digital y dispositivos. Para suplir tales requerimientos, que también son urgentes, las inversiones son mucho menos cuantiosas e implican tiempos mucho menores que construir nuevos edificios. Las universidades públicas pueden encabezar este esfuerzo de ampliación, apoyadas en alianzas que permitan aprovechar experiencia disponible. El Fondo Milagro y otra fuentes de reconstrucción deben considerar proyectos que integren educación y conectividad. Adicionalmente, permitir que un joven estudie sin marcharse de su lugar de origen ayuda a conservar el talento que su comunidad necesita para recuperarse. La oferta virtual de calidad bien puede ser la principal herramienta con la que contamos para detener la diáspora juvenil, resolviendo de esta forma una de las principales barreras de desarrollo y competitividad de las regiones. Cada proyecto educativo que busque financiación en el contexto de la reconstrucción debería responder una pregunta: ¿cuándo podrán comenzar o continuar sus estudios las personas a quienes busca beneficiar? La respuesta no puede, no debe, quedar aplazada hasta la entrega de una obra civil.
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