Días de máximo riesgo
Jorge Restrepo
Con la reforma tributaria que presentó al Congreso, el presidente De La Espriella tomó la decisión más importante de su gobierno
Jorge Restrepo
Con la reforma tributaria que presentó al Congreso, el presidente De La Espriella tomó la decisión más importante de su gobierno. No es tremendismo: la no aprobación del aumento de la tributación propuesto enviaría al país a una crisis fiscal. Como el gobierno decidió una mezcla que privilegia el aumento de la tributación sobre el recorte, se necesitan esos impuestos para evitar el colapso fiscal. Si no logra la aprobación de la suba de impuestos, el gobierno habrá gastado buena parte de su capital político sin resultado, limitando su capacidad para el resto de la administración. El contenido de la reforma tributaria es correcto, en términos generales, pues resuelve buena parte del problema fiscal de forma duradera. Lo más importante es la eliminación de los billonarios subsidios al consumo en el Impuesto al Valor Agregado: como el IVA se cobra por igual a las personas de altos y medios ingresos que a los de bajos ingresos, cualquier gasto en un bien o servicio al que no se le cobre el impuesto supone que reciben un subsidio (o gasto tributario) los que dejan de pagar la contribución. Regresivo e injusto. Si el gobierno compensa el IVA desde enero, ajustando los pagos del programa de devolución que opera desde 2021, la reforma puede ser redistributiva y protectora, como bien lo ha mostrado el investigador de Fedesarrollo Jairo Núñez, evitando el enorme costo de la crisis a los más pobres. De paso, mejoraría la política social de siempre, adoptando las innovaciones que logró Bogotá en los últimos tres años, bancarizando los pagos, basándose en la necesidad definida por el ingreso y no en identidades. Más adelante el gobierno podría devolver el IVA a la clase media, para mitigar el impacto político de la reforma. El proyecto deja de corregir algunos problemas urgentes, que no hay cómo pagar hoy: el impuesto a la riqueza o patrimonio, el impuesto del 20% a los alimentos manufacturados que instituyó la nefasta reforma de 2022, y el gravamen a los movimientos financieros (el dañino 4 por mil), entre otros. Esos problemas se podrían arreglar después, en legislación que no sea de urgencia. Aunque no profundiza el sesgo antiempresa y anticrecimiento de la de 2022, la propuesta tiene un error protuberante, que parece un distractor de esos que uno pone en los exámenes para ayudar a los malos estudiantes a pasar: restablece los impuestos al trabajo para financiar la salud, desincentivando la creación de empleo y emperezando el ajuste en el sistema público de salud. La estabilidad fiscal es un bien público: todos nos beneficiamos de ella, pues todos estaremos mejor si evitamos la crisis fiscal que se nos viene encima. Ojalá en el Congreso surja un liderazgo que corrija la reforma y logre su aprobación. Los próximos días son de máximo riesgo: este es el proyecto que decidirá el futuro de la economía, del gobierno de De La Espriella y del que viene, al menos.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.