La banca privada en alerta por proyecto de ley de competitividad: ciberseguridad, costos y finanzas abiertas

La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) planteó una serie de observaciones al proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que se encuentra a estudio de la Cámara de Representantes, particularmente sobre el régimen de finanzas abiertas, la regulación del sistema de pagos y las condiciones para ampliar el acceso al crédito. Si bien la gremial respaldó los objetivos generales de la iniciativa, advirtió sobre los riesgos de ciberseguridad, los costos que deberán afrontar las instituciones financieras y la necesidad de establecer mayores garantías para los usuarios.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de Diputados, la directora ejecutiva de ABPU, Bárbara Mainzer, destacó que los siete bancos privados que integran la asociación aportaron más de US$ 500 millones en impuestos, tasas y contribuciones durante el año pasado. Asimismo, señaló que cuatro de las 15 empresas con mayor patrimonio invertido en Uruguay son bancos.


Mainzer sostuvo que el crédito constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento económico, aunque advirtió que su desarrollo en Uruguay continúa siendo "relativamente bajo". Entre las razones mencionó los elevados costos de intermediación financiera, las limitaciones de capital prestable y la falta de información sobre los potenciales tomadores de préstamos.

En ese sentido, explicó que por cada $ 100 de depósitos del sector no financiero que reciben los bancos privados, estas instituciones prestan $ 149, mediante la utilización de recursos patrimoniales y la emisión de instrumentos financieros.

Una de las disposiciones que la asociación valoró positivamente fue el artículo 19, que habilita el acceso a determinada información de organismos públicos, como la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), siempre que exista consentimiento del cliente. Mainzer consideró que esta herramienta permitiría simplificar los procedimientos para acceder a financiamiento, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Como ejemplo, planteó que una pyme podría ingresar a las plataformas de diferentes bancos, consultar sus créditos preaprobados y comparar condiciones sin tener que presentar reiteradamente la misma documentación. Además, sostuvo que contar con información oficial contribuiría a prevenir el fraude y el sobreendeudamiento de los hogares.

La economista también destacó la creación del Registro Único de Apoderados y Representantes. Dijo que "va a facilitar mucho la interacción de las empresas", aunque propuso que los bancos privados puedan consultar esa información con autorización de los interesados. A su vez, sostuvo que valoran "muy positivamente" las disposiciones que promueven la actuación notarial electrónica y la sustitución de libros societarios físicos por soportes digitales.

Sin embargo, uno de los principales puntos de preocupación de la ABPU fue el régimen de finanzas abiertas, incluido en los artículos 183 a 203 del proyecto. Este sistema permitirá, bajo determinadas condiciones y con autorización de los usuarios, compartir información financiera entre diferentes instituciones y proveedores de servicios.

Mainzer afirmó que la iniciativa puede favorecer la competencia, la innovación y el desarrollo de nuevos productos, pero advirtió que su éxito dependerá de cómo se instrumente. "Un solo participante con vulnerabilidades compromete a todo el sistema", señaló al referirse al incremento de los riesgos de fraude y ciberseguridad que podría generar la incorporación de nuevos actores.

La gremial propuso establecer mayores exigencias de solvencia para las empresas participantes, mecanismos claros de asignación de responsabilidades y la creación de dos ámbitos de coordinación: un comité de gobernanza y otro de riesgos. También reclamó que los usuarios dispongan de un sistema centralizado para presentar reclamos, evitando que deban identificar por su cuenta qué institución es responsable ante un inconveniente.

Otro cuestionamiento estuvo vinculado a la distribución de los costos de implementación. Mainzer sostuvo que las inversiones necesarias en tecnología, infraestructura, seguridad y atención al usuario serán "muy significativas" y que el diseño actual concentra las obligaciones económicas en los bancos, mientras otros participantes podrían beneficiarse sin asumir gastos equivalentes.

"Esta configuración podría generar un subsidio cruzado forzoso donde hay participantes que acceden a un insumo esencial a costo cero", advirtió.

Por su parte, Nicolás Herrera, asesor legal del Comité de Dirección de Banco Santander, profundizó en las modificaciones que propone la asociación. Consideró fundamental que el Banco Central del Uruguay (BCU) disponga de herramientas para suspender rápidamente a los operadores que registren incidentes de seguridad y para exigirles garantías económicas acordes con los riesgos que incorporan al sistema.

Herrera también alertó sobre la magnitud de la inversión requerida y mencionó que Chile prorrogó la implementación de su régimen de finanzas abiertas por un año. "Nadie se imagine que esto es algo sencillo. Estamos hablando, de arranque, de muchísimos millones de dólares", afirmó.

En materia de financiamiento, reclamó que los distintos actores empresariales contribuyan a solventar la infraestructura en función de su participación. Asimismo, propuso que los umbrales de gratuidad previstos en el proyecto puedan modificarse mediante reglamentación del BCU, sin necesidad de aprobar una nueva ley.

Otro de los asuntos abordados fue el artículo 142, referido a la regulación de las tasas de intercambio en las transferencias. Ignacio Arechavaleta, socio y director de Banca Minorista de Banco Itaú, cuestionó los fundamentos de la propuesta, que identifican problemas de concentración y competencia en el mercado de pagos.

El ejecutivo sostuvo que el sistema experimentó una expansión "significativa" durante los últimos años, con una reducción de los costos para comercios y consumidores. Según los datos que presentó, el 80% de las transacciones son digitales. Además, mientras que el 90% de las aproximadamente 130 millones de transferencias anuales se realizan sin costo para quien envía o recibe el dinero.

También indicó que las operaciones con tarjetas de débito y dinero electrónico representan dos tercios del mercado, con un arancel promedio inferior al 1%, y que la cantidad de terminales que aceptan pagos electrónicos se duplicó respecto de 2018.

Hacia el final de la comparecencia, Mainzer planteó dos modificaciones que, a juicio de la ABPU, podrían mejorar la competencia bancaria, aunque reconoció las dificultades políticas para avanzar en su discusión.

La primera consiste en eliminar la prohibición que impide al sector público realizar depósitos en bancos privados, algo que consideró como "una anomalía". La segunda apunta a modificar el régimen de prioridades para las retenciones de haberes y pasividades, que actualmente coloca a estas instituciones en una posición desfavorable frente al Banco República y otros acreedores.

Según explicó, esa situación incide sobre el costo del crédito al consumo. Mientras los préstamos en pesos con autorización de descuento presentan tasas cercanas al 20%, aquellos que no cuentan con ese mecanismo pueden alcanzar niveles próximos al 90%, dependiendo de las características de la operación.

Mainzer sostuvo que una mayor competencia en las retenciones permitiría reducir tasas y ampliar el financiamiento. "Esto contribuiría con la desdolarización", afirmó también sobre la posibilidad de captar depósitos del sector público.

Durante el intercambio con los legisladores surgieron cuestionamientos sobre la protección de datos personales. El diputado Juan Martín Rodríguez advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia una especie de "Gran Hermano" financiero, particularmente por el acceso a información sobre pagos de servicios públicos.

Mainzer respondió que el tratamiento de esos datos dependerá de la autorización de cada persona y defendió las garantías existentes en el sistema bancario. "Si yo tengo más información y sé que hoy tengo dos personas, uno es buen pagador y otro malo, no los puedo diferenciar, les cobro más a los dos", ejemplificó.

Por último, Mainzer informó que la asociación había remitido en agosto observaciones al Banco Central y al MEF sobre el articulado de finanzas abiertas. Herrera, por su parte, profundizó en tres aspectos que la gremial considera prioritarios: seguridad, gobernanza y distribución de costos. Además, adelantó que compartirían sus planteos con el MEF.