Error de inclusión, error de exclusión

La Ley de Reconstrucción aprobada en el Congreso reducirá la recaudación tributaria de manera permanente y su impacto en las finanzas públicas hará más difícil la necesaria consolidación fiscal. El Gobierno no incluyó compensaciones en la ley porque esperaba financiar la pérdida de recaudación con recortes de gasto que, por ahora, no ha logrado implementar.
Felizmente, el alza del precio del cobre, actual y proyectado a mediano plazo, ha permitido al Gobierno gastar más -y no menos, como era su plan- sin incumplir las metas que definió para el balance estructural y la deuda bruta.
Desde la campaña, el equipo del Gobierno ha sostenido que en el Estado chileno existiría mucha ineficiencia, abuso y clientelismo, y que, por tanto, habría mucho espacio para reducir malgasto sin recortar programas sociales.
Espacios de ahorro existen en el Estado, de eso no hay duda. Las medidas para reparar la morosidad del CAE, el uso indebido de licencias médicas y la evasión del pago del transporte público son avances en este sentido. Pero seguramente resultarán insuficientes para compensar la pérdida de recaudación y a la vez evitar que la deuda fiscal se desborde. Así, el Gobierno ha puesto sus fichas en lo que peyorativamente llama el "fraude social".
La asignación práctica de todo programa social conlleva errores. La literatura distingue dos: el de exclusión -dejar fuera a alguien que tiene derecho- y el de inclusión -entregar un beneficio a alguien que no pertenece a la población objetivo.
La exclusión sucede por múltiples motivos. De partida, los potenciales usuarios deben conocer los programas, comprender sus requisitos, hacer trámites y solicitar los beneficios. Por lo general, estas exigencias administrativas buscan llegar a esa población objetivo. Pero corren el riesgo de excluir, especialmente a los más vulnerables, que por sus condiciones de vida tienen dificultades para cumplir con los pasos exigidos.
Un ejemplo ilustrativo es el caso del Subsidio Único Familiar (SUF). Hace unos tres años se implementó su entrega automatizada a quienes pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Unos 400 mil niños, niñas y adolescentes con derecho comenzaron a recibir un programa que, por algún motivo, sus padres no habían solicitado. El Estado ya sabía que tenían ese derecho y solo recién comenzó a entregárselos sin solicitud de por medio.
Así como este, hay muchos otros ejemplos de programas en Chile que no llegan a toda la población destinataria. No es obvio que se esté haciendo algo para comprender y reparar esa exclusión, aun cuando los programas hagan una diferencia en el bienestar de los hogares.
Los errores de inclusión que preocupan al Gobierno también tienen causas diversas. Una posible sería ese "fraude social": personas que mienten al Estado en la entrega de información con el único fin de acceder a programas a los que no tendrían derecho. El Gobierno incluyó en el proyecto de Ley de Presupuestos una glosa que se repite en buena parte de las partidas y que, de aprobarse, daría acceso al Estado "a todo dato personal" de los potenciales usuarios para verificar su derecho a los programas. Por razones obvias, esta cláusula ha sido ampliamente cuestionada.
En la asignación de beneficios se analizan datos y se revisan inconsistencias. En ocasiones, como en la gratuidad, esas inconsistencias son examinadas por personal dedicado. Si hay irregularidades, seguramente se necesita una mejor fiscalización más que la desprotección de la privacidad de la población.
A mi juicio, en este proceso el Gobierno ha pasado por alto un problema más de fondo: que el modo de asignar los programas afecta el comportamiento real de los potenciales usuarios. Imagine a dos jóvenes que asistieron al mismo colegio y que viven en el mismo barrio. Ambos se esforzaron y fueron admitidos en la educación superior. Uno está en el percentil 59 del RSH y su vecino en el 61. El primero tiene derecho a estudiar con gratuidad y el segundo no, con un posible impacto relevante en sus oportunidades laborales y sociales futuras en comparación con su vecino.
Este diseño no solo invita a modificar cómo las familias se presentan ante el Estado como preocupa al Gobierno; invita también a modificar el comportamiento efectivo -irse a vivir solo, reducir el esfuerzo laboral-. Más preocupante aún, el diseño de "todo o nada" conlleva injusticias importantes de reparar.
Los programas debiesen ser monitoreados constantemente, tal como ya lo hace el Estado chileno. Tanto la exclusión como la inclusión erradas deben ser parte de ese esfuerzo. Por eficiencia, y también justicia, es importante revisar no solo quién recibe y por qué, sino también, quién ha sido excluido y por qué.
En la asignación de beneficios se analizan datos y se revisan inconsistencias (...). Si hay irregularidades, seguramente se necesita una mejor fiscalización más que la desprotección de la privacidad de la población".