Primero se aprieta al Estado

Colombia vive su peor crisis fiscal en más de treinta años. El hueco es real y lo dejó Petro. El ajuste es necesario. La cuestión es a quién se le pide primero, y el Gobierno se fue por los contribuyentes; nosotros, desde el Centro Democrático, a todos los gobiernos les hemos exigido lo mismo: el Gobierno debe estar en ambicioso plan de austeridad, antes de pedirles más recursos a los ciudadanos. El recorte presentado es insuficiente. Según su propia exposición de motivos, en 2028 solo dos de cada diez pesos saldrán de recortar: la nómina, que baja 20 por ciento; los contratistas, reducidos a la mitad, y algunas transferencias. Cuentan como recorte que la Nación ponga menos para la salud, pero están pasándole la cuenta a otro: empresas vuelven a pagar Sena, ICBF y salud por trabajadores de más de tres mínimos, y sube la cotización de los trabajadores. Entiendo cobrar la salud para refinanciarla, pero todo lo demás solo encarece el trabajo formal. Subir el impuesto de licores y cigarrillos va a disparar el contrabando y a bajar el recaudo. Esta reforma se parece a la de Duque-Carrasquilla, retirada en 2021 por el paro. Aquella cobraba renta desde $ 2,5 millones y gravaba los servicios públicos de los estratos 4 a 6. Esta empieza en cerca de $ 5 millones y no toca los servicios. Aquella dejaba sin IVA la sal, los granos, las frutas y las verduras, y el café y el azúcar en el 5 por ciento; esta los lleva todos al 19 por ciento desde 2028, y como aquella, devuelve el IVA a los más pobres. En el Centro Democrático criticamos aquella reforma, como hoy, por el IVA y la renta a las personas. La de Restrepo, hoy vicepresidente, que sí pasó, cumplió nuestra exigencia. De la de Petro, hundida en 2025, repite el IVA a licores y apuestas en línea, la sobretasa a la banca y el fin de la deducción por dependientes. Y cobra renta sobre la inflación a quienes viven de sus CDT, un desincentivo al ahorro que destruye patrimonio. Petro no tocaba los alimentos, subía el patrimonio y no recortaba un peso. Esta baja la renta de las empresas al 31 por ciento, como propusimos, elimina el impuesto al patrimonio desde 2031 y limita el crecimiento de la nómina y los contratistas a la inflación y un par de puntos. En el campo se perdieron 184.000 empleos en un año, según el Dane. No tiene sentido encarecer con IVA los insumos agropecuarios y los tractores. A los grandes pleitos por combustibles importados, el Gobierno les ofrece la interpretación más favorable, intereses del 4,5 por ciento, el 85 por ciento de las sanciones perdonado y diez años para pagar. El más conocido es el de la Dian con Ecopetrol: $ 8,2 billones con intereses. Nació de un cambio de reglas en el gobierno Petro, es cierto. Pero el país tiene derecho a saber a quién más favorece y cuánto deja de cobrar el Estado. Las cajas de compensación podrán usar la plata sin ejecutar del Fondo de Desempleo, $ 948.000 millones a junio, para pagar deudas de salud, incluidas las de sus propias EPS. La plata es de los trabajadores, no de las cajas: debe repartirse por igual en todo el sistema, todas las EPS. El impuesto al carbono casi se triplica: de $ 29.070 por tonelada a unos $ 83.300 en 2029, a pesos de hoy. El ACPM pagaría unos $ 840 por galón. A Petro le criticamos $ 753 en 2024. Y el sector ambiental pierde el 80 por ciento del recaudo que tenía por proposición mía. Propongo dos cosas a nuestra bancada. Primero, aprobar ya los recortes y las facultades, con una meta mínima fija de reducción. Segundo, una regla de peso por peso: los cobros a la ciudadanía solo crecerán lo que el Estado haya recortado de verdad el año anterior, certificado por el Comité de la Regla Fiscal. Y quitar lo que aquí he señalado. La voracidad del gasto estatal debe parar antes de seguir exprimiendo a los colombianos, que ya están secos.
AJUSTE FISCAL
Paloma Valencia-Laserna
El Gobierno debe estaren ambicioso plan de austeridad, antes de pedirles más recursos a los ciudadanos.