Crearán comisión especial en Diputados para estudiar proyecto del gobierno de retiro anticipado a los 60 años

La Cámara de Representantes, donde el Frente Amplio (FA) no cuenta con mayoría absoluta, se apresta a comenzar en los próximos días el estudio de uno de los proyectos de ley que promete generar mayor debate entre el oficialismo y la oposición: la iniciativa de retiro anticipado enviada por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de un compromiso asumido durante la campaña electoral y a partir de una de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social.

Según supo El País, los dirigentes de los distintos partidos políticos acordaron crear una comisión especial habrá una reunión interpartidaria este martes y seguramente se apruebe en el pleno esta semana para estudiar el proyecto en el Parlamento. El ámbito estará integrado por 13 miembros y el oficialismo contará con mayoría. En principio, según pudo reconstruir El País, la integración tendrá siete representantes del FA, dos del Partido Nacional, dos del Partido Colorado, uno de Identidad Soberana y uno del Partido Independiente (Gerardo Sotelo). Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, participará como delegado, interés que él mismo dejó de manifiesto la semana pasada.

Por los colorados, serán los diputados Conrado Rodríguez y Adrián Juri; por los blancos todavía no está decidido (factiblemente la integre Pedro Jisdonian que preside la comisión del Trabajo y Seguridad Social) y Gustavo Salle por Identidad Soberana. En el caso del FA, todavía no se han definido todos los nombres, pero seguramente Sol Maneiro que trabajó en el Diálogo Social y el diputado suplente Joaquín Sequeira sean parte del equipo de trabajo del oficialismo. Al tener mayoría el FA, resta negociar si la presidencia de la comisión estará a cargo de la oposición, como ocurrió en otros casos.

Primeros reparos

Algunos de los referentes de la reforma de la seguridad social impulsada por el anterior gobierno, como Rodolfo Saldain (Partido Nacional), Pablo Mieres (Partido Independiente) e Isaac Alfie (Partido Colorado), ya plantearon sus cuestionamientos al proyecto. Esas objeciones fueron compartidas la semana pasada en un encuentro con legisladores de la coalición republicana.

Una de las primeras críticas, en relación con los argumentos expuestos por el gobierno al presentarlo, apunta a que habilitar la jubilación anticipada a los 60 años de forma universal no necesariamente beneficiará a los trabajadores más vulnerables, como sostiene el Ejecutivo.

Esto se debe a que, como advierte la oposición, la mayoría de los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad no reúnen, al llegar a los 60 años, uno de los requisitos excluyentes para acceder al retiro anticipado: contar con 30 años de aportes a la seguridad social.
"Se ha dicho que es para favorecer a los trabajadores más débiles y eso no es correcto. Los más débiles no llegan cuando cumplen 60 años a tener 30 años de aporte. Es muy grave que se use como fundamento para sostener esta propuesta. Se le está diciendo a la gente cosas que no son, es mentirle", opinó el exministro de Trabajo.

Otro punto marcado apunta a que la nueva causal de retiro, que prevé tasas de reemplazo y montos jubilatorios más bajos para los sectores medios y medios-altos si se opta por el retiro anticipado, podría generar un incentivo para que muchas personas de esos estratos opten por jubilarse a los 60 años, pero continúen trabajando de manera informal. Esto se debe a que el proyecto prohíbe seguir trabajando formalmente una vez que se accede al beneficio.

Saldain, por su parte, advirtió que, como ocurrió en 2008, "cuando se proyectan conductas de las personas hay una alta probabilidad de equivocarse". Con esa afirmación, cuestionó los estímulos que plantea el proyecto para que las personas de mayores ingresos opten por continuar trabajando hasta los 65 años, en lugar de acogerse a la nueva causal de retiro anticipado.

"Este proyecto contiene una norma de alto peligro, ya que suprime el cronograma de declaración de servicios anteriores a abril de 1996. Es un riesgoso saludo a la bandera", valoró.

A su vez, desde la oposición se sostiene que, contrario a lo que plantea el gobierno y lo que buscó la reforma de la seguridad social, la creación de esta nueva causal implicará un aumento del costo financiero para el sistema previsional.

Se criticó, además, que la elevación de la edad de retiro recién comenzará a regir a los 65 años a partir de 2042, para los nacidos en 1977 (el sistema establecido por la ley de 2023 estableció una transición progresiva: quienes nacieron en 1973 podrán jubilarse a los 61 años; los nacidos en 1974, a los 62; los de 1975, a los 63; y los de 1976, a los 64). Por tanto, se entiende apresurada la propuesta, dado que la obligación de jubilarse después de los 60 comenzará a regir a partir de 2033 (con 61 años) y las proyecciones demográficas que se hicieron para la anterior reforma ya presentan algunos problemas luego de conocidos y actualizados los datos del último censo.

Sin embargo, existe una coincidencia entre los expertos de la coalición republicana y el Poder Ejecutivo, que ha sido destacada por ambas partes: pese a introducir modificaciones, el proyecto mantiene, en esencia, la arquitectura de la reforma jubilatoria aprobada en 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Suplemento solidario y ajuste

Para el proyecto de ley, el camino elegido por el gobierno, a partir de lo surgido del Diálogo Social, fue crear la nueva causal jubilatoria para aquellos trabajadores de menores ingresos, siempre y cuando cumplan con 30 años de aportes al Banco de Previsión Social (BPS).

Las proyecciones buscaron evitar que la medida comprometiera las cuentas públicas por un incremento del gasto previsional. Para ello, el mecanismo elegido fue modificar la fórmula de cálculo de un instrumento creado en la reforma de 2023, destinado a complementar las jubilaciones más bajas: el suplemento solidario.

La iniciativa incorpora cambios en el ajuste entre el valor base del suplemento ($ 17.591) que se actualizará por la evolución de los salarios. Por otro, el tope de ingresos previsionales, hoy establecido en $ 53.306 y que determina quiénes pueden acceder al beneficio, se ajustará por la suba de los precios.

De esta forma, se busca reducir gradualmente la brecha entre el valor base y el tope de ingresos, priorizando a quienes perciben jubilaciones más bajas. Así, el monto que reciben por concepto de suplemento solidario aumentará por encima de la inflación, aunque en período de crisis puede darse el fenómeno inverso.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo es que la edad promedio de retiro en Uruguay se ubica actualmente en los 63 años. Si bien más de la mitad de los trabajadores ya reúne los requisitos para jubilarse a los 60, la mayoría opta por postergar su retiro. A partir de este comportamiento, el gobierno estimó que la nueva causal será utilizada principalmente por trabajadores pertenecientes a los cinco primeros deciles de ingresos, es decir, los de menores recursos.