Nuestro régimen tributario se debe ajustar

Nuestro sistema tributario es el resultado de la insistente acumulación de una mezcla de similares gravámenes que desde 2007 se vienen creando o ampliando con inusual intensidad sin que se logre el gran objetivo al que siempre se alude buscar: la protección de la población de menores recursos con la recaudación que se obtiene gravando a las empresas y a la población de mayores ingresos o riqueza. El alto costo del sistema es, además, la reducción de la inversión privada, del crecimiento económico y del empleo del país.

Características

Un buen régimen tributario debe ser sencillo, el costo de la recaudación no debe ser desproporcionadamente alto y amenazar su motivo fundamental, que es proveer los recursos para cumplir funciones estatales: seguridad, justicia, educación y atender otras necesidades sociales básicas insatisfechas. Su fiscalización debe desestimular la evasión y contribuir al funcionamiento más eficiente posible de la economía no desestimulando la actividad productiva ni forzándola a costos exagerados. Y agrego esto corre por mi cuenta, que no creo que deba ser un régimen que esté gobernado por el ánimo exclusivo de la justicia distributiva. Ésta se puede lograr más por el lado del gasto público, incluidos en éstos los subsidios, que se pueden dar, en este caso, por el lado de los gravámenes fiscales con exoneraciones o exenciones. Un buen régimen tributario no debe gravar con impuestos diferentes a una misma base imponible, no debe tener muchas exenciones ni incluir impuestos que se apliquen sobre una base imponible baja pues eso choca con altos costos de recaudación y con tasas impositivas extremadamente gravosas.

Es natural que todos los regímenes tributarios tengan defectos y, asimismo, que las situaciones creadas y no deseadas sean evaluadas en un contexto de equilibrio económico general para concluir con su corrección.

Nuestro régimen

En nuestro país, el régimen impositivo lo conforma un grupo inconveniente de impuestos, agregados unos sobre otros en muchos casos, sin consistencia racional y con muchos de los defectos que un régimen no debe tener. Será difícil volverlo racional, eficaz, eficiente y justo pero el proceso de ajuste debe comenzar.

Es notoria, por ejemplo, la incompatibilidad que existe entre el régimen tributario nacional y el departamental. En ambos hay impuestos y gravámenes que pesan sobre activos comunes, sobre una misma base imponible, como es el caso del Impuesto al Patrimonio a nivel nacional y la Contribución Inmobiliaria y la patente de rodados a nivel departamental. La base imponible es la misma. Esa doble tributación se efectúa además, a tasas impositivas significativamente altas aún cuando se pueda pensar que los aforos catastrales y vehiculares sean menores a los valores reales de esos activos, lo cual puede verificarse en algunos casos pero no en todos ellos y sin vinculación con los servicios prestados.

La doble tributación pasa a ser triple tributación sobre los activos inmobiliarios cuando se considera que existe el Impuesto de Primaria, justificado por muchos por el fin al que se aplicaría de acuerdo con su denominación. Pero ello es una falacia, pues los demás tributos ya se recaudan, en parte, para ese fin. Y la cuádruple tributación sobre un activo inmobiliario existe cuando en las transacciones inmobiliarias se aplica el impuesto sobre ellas, considerando el valor incluido en la base imponible de los gravámenes anteriores. Existe triple y gravosa carga asimismo, en el caso de los tributos sobre los vehículos automotores al momento de su compra pues se incorporan al valor del vehículo por lo que también en estos casos el Impuesto al Patrimonio y la patente de rodados se calculan sobre ellos.

El Impuesto al Patrimonio es un impuesto que solo podría aplicarse en países en los que no existe Impuesto a la Renta ni de actividades económicas de personas físicas ni de actividades empresariales. La renta de esa naturaleza, como ocurre en nuestro país, se grava y el patrimonio no es otra cosa que la acumulación de los excedentes que se van sumando luego del pago del Impuesto a la Renta. Por lo tanto existe allí también una doble tributación que es significativa cuando se consideran las tasas a las que se aplican ambos impuestos.

El Impuesto al Valor Agregado es el gravamen de mayor recaudación en nuestro país. Tiene una tasa excesivamente alta cuando se la compara con países en los que existe el Impuesto a la Renta. Es fácil observar que las naciones que aplican un gravamen a los ingresos altos, similares a lo que aquí ocurre, tienen tributos sobre ventas con tasas que no alcanzan dos dígitos y que ni se acercan a ellos. No es lo que acá sucede.

Las inconsistencias en la aplicación del régimen tributario uruguayo son muchas, como en el caso del conjunto de gravámenes que se aplica sobre los precios de los combustibles que les vuelven los más caros del mundo y que como, asimismo existen, con los cuasi tributos que se incluyen en las tarifas públicas que también les hacen las más caras al menos de la región. Esas inconsistencias como también las exoneraciones y exenciones para fomentar inversiones, quitan eficiencia al funcionamiento de la economía pues no siempre se trata de inversiones que más agregan valor al funcionamiento económico.

Lejos estamos de tener un régimen tributario racional y eficiente desde el punto de vista económico, que asegure un mayor crecimiento y mayor empleo.Por las inconsistencias señaladas y por otras que también existen y por los efectos que ellas tienen sobre la eficiencia económica e incluso sobre la justicia tributaria, la revisión y reconversión del régimen de gravámenes de nuestro país es inevitable.