El Partido Socialista y Codelco

Vergonzosas reacciones se han producido luego de la reciente junta de accionistas de Codelco.
En particular, el Partido Socialista, una colectividad que, por sus convicciones ideológicas, debiese estar particularmente interesada en el buen funcionamiento de las empresas estatales, ha preferido en cambio eludir el tema de fondo -esto es, las deficiencias de gestión e irregularidades en el registro de la producción de la minera que han salido a la luz- para recurrir al fácil expediente de calificar todo como una "campaña de desprestigio" contra la estatal, impulsada con el objeto de luego privatizarla a bajo precio. En la misma línea -y hasta el mismo día-, la Federación de Trabajadores del Cobre, encabezada por un militante del PS, también denunció una "campaña deliberada y estratégica que busca allanar el camino hacia el desmantelamiento y la privatización". Afirmaciones parecidas han formulado otras figuras de la oposición, como la secretaria general del PC, siempre siguiendo tal libreto: los cuestionamientos realizados en esa junta de accionistas por el actual presidente del directorio y por ministros de este gobierno serían parte de una operación contra la estatal con el fin de vender "a precio vil" sus activos. El propio expresidente del directorio, Máximo Pacheco (también PS), en cuyo período ocurrieron los hechos que hoy se investigan, utilizó esas palabras en una exposición en el Cenda, un centro de estudios cercano al PC. Evidentemente, si esos son los términos, se torna casi imposible una discusión seria sobre la empresa.
En efecto, una lectura así tiñe políticamente un asunto que pertenece al más estricto ámbito de la gestión, pretendiendo descalificar de antemano la crítica. Se privilegia así el llamado a la propia "tribu" -"hay que defender Codelco"-, sin entender que el mayor daño a la empresa es el que provocan las irregularidades y déficits en su operación.
Por cierto, tal discurso revela además ignorancia respecto de los deberes fiduciarios de su alta dirección. Lo que ha hecho el actual presidente del directorio no ha sido más que cumplir con el mandato de todo administrador diligente, exponiendo los problemas con transparencia. Y en este sentido, las cifras puestas sobre la mesa exigen medidas urgentes. Más allá de que los antecedentes preliminares muestran que la producción informada habría sido incrementada artificialmente en al menos dos ejercicios, en los últimos ocho años la empresa ejecutó un esfuerzo de inversión que superó los US$ 32 mil millones, mientras su producción caía desde 1,7 a 1,2 millones de toneladas. Además, sus costos operativos superan a los de referentes internacionales comparables.
Poco ayuda que la dirigencia PS pretenda transformar esta crisis de gestión en una reyerta ideológica. El persistente declive productivo de Codelco no es un asunto de trincheras políticas, sino un grave problema de ineficiencia operativa. Revertir esta perjudicial trayectoria exige pragmatismo, y las alianzas con privados aparecen como un instrumento razonable y probado, no como una amenaza; de hecho, el expresidente Pacheco las promovió en su período. La estatal posee cerca de un millón de hectáreas de pertenencias mineras sin explotar, que no está en condiciones financieras ni de gestión para desarrollar por sí sola. La experiencia de El Abra, con Freeport; el plan minero conjunto Andina-Los Bronces, con Anglo American, y la sociedad con Pucobre para el proyecto Tovaku muestran que es posible aprovechar esos recursos en beneficio del propio Estado. Siguiendo ese camino, la corporación ofrece hoy siete proyectos a eventuales socios y propone perfeccionar la ley de 1992 que regula estas asociaciones, mecanismo que nació bajo el gobierno del Presidente Aylwin.
El país requiere que su principal empresa funcione bajo estrictos estándares de excelencia corporativa y eficiencia. Quienes critican la transparencia en su conducción y hacen advertencias de recurrir a la "calle" y "a las fuerzas sociales y ciudadanas" en caso de "que sea necesario", parecen privilegiar el amparo de las ineficiencias por sobre el resguardo de los intereses generales del Estado.