Presupuesto: costoso mal debate

El proyecto de Ley de Presupuestos, el más importante de nuestro ordenamiento económico, contempla un gasto que crece 1,5% real y una autorización de endeudamiento de hasta US$ 25 mil millones para 2027. Ningún otro proceso legislativo compromete tantos recursos ni obliga al Congreso a pronunciarse, en pocas semanas, sobre el conjunto de la acción del Estado. Decisiones de esta magnitud exigen una deliberación rigurosa. Todo lo contrario a buena parte de lo observado esta semana en la Cámara de Diputados.
La votación en general del proyecto partió con la oposición bloqueando el ingreso del director de Presupuestos a la sala y con una sesión suspendida por un altercado entre diputados. Dos días después, el debate de la partida de Justicia terminó a gritos y con el secretario de la corporación bajando de la testera para separar a los involucrados. En paralelo, las partidas completas de Interior y Educación fueron rechazadas tras sendos empates.
Nada de lo anterior contribuye a un buen debate, pero, además, implica un derroche relevante. El tiempo legislativo es un recurso escaso y la ley debe despacharse a más tardar el 29 de noviembre. Cada hora dedicada a la discusión pequeña es una hora que no se destina a evaluar si un programa cumple sus objetivos. Además, al rechazar partidas completas, los diputados dejan de pronunciarse sobre su contenido y trasladan la decisión al trámite siguiente. Eso alienta y promueve un debate inconducente.
Se entiende que, en este contexto, el ministro de Hacienda reprochara a los diputados por hablar para las redes y los llamara a superar "la cosa chica". No es claro, sin embargo, que hacer ese reclamo fuera acertado. De hecho, le valió una reconvención del presidente de la Cámara.
El flanco de los gobiernos regionalesEntre los temas de fondo, el de los gobiernos regionales ilustra debilidades estructurales de nuestra institucionalidad. Hacienda propuso inicialmente recortes de hasta 20% a estas entidades, cuestionadas a raíz del caso Convenios. Tras semanas de negociación con los gobernadores, la rebaja quedó en cerca de 3%.
Más revelador que el resultado es el mecanismo que llevó a él. En la subcomisión respectiva, la partida había terminado en empate y la oposición, con el respaldo de los gobernadores, estaba dispuesta a rechazarla. En rigor, la propuesta inicial tenía escaso destino: era muy difícil que los parlamentarios se arriesgaran a aparecer reduciendo los recursos para sus regiones. Así, el ajuste era políticamente inviable antes de siquiera discutir su mérito.
Aquí se expresa un defecto de diseño en nuestro modelo de descentralización, que solo genera presiones para abultar los presupuestos regionales. Los gobernadores, autoridades con peso político propio, negocian sus recursos cada año, y los parlamentarios, que responden a los mismos electores, sucumben a las presiones locales. En esa dinámica nadie se pregunta si el gasto adicional rinde. Peor aún, cada concesión se transforma en el piso de la negociación siguiente. Ahí hay un riesgo para las cuentas fiscales. Acotarlo exige una discusión con perspectiva, ajena a la urgencia de la negociación anual, en que los recursos regionales se asignen de forma responsable y rigurosa, en función de los retornos sociales que generen.
Las contrapartidas del acuerdo, como la disponibilidad de recursos desde enero y no marzo, o los incentivos para los gobiernos regionales que a fines de junio hayan ejecutado más de la mitad de su presupuesto, apuntan a gastar más rápido. Ninguna asegura que se gaste mejor.
La inflación de indicacionesUna indicación es una propuesta de modificación a un proyecto. En la tramitación de este presupuesto, se presentaron más de 3.800 en la Comisión Mixta y 2.242 en la Cámara. Las cifras tienen ribetes de absurdo si se considera que los parlamentarios no pueden aumentar el gasto y solo pueden reducirlo en casos acotados. De ahí que sus indicaciones suelan ser solicitudes de información o de votación separada.
Se ha querido restar gravedad al fenómeno, pero el que miles de enmiendas no alteren el resultado no las vuelve inocuas. Solo confirma que su propósito no es mejorar el proyecto. Por ejemplo, en Salud, de 245 indicaciones, solo 144 fueron declaradas admisibles. Normalizar esto es ignorar sus costos. La Cámara debió destinar un equipo de 28 abogados a revisar en poco más de un día la admisibilidad de miles de textos. Hay también un sistema que advierte cuando una enmienda excede lo recomendable en el uso de inteligencia artificial. Que ese filtro sea necesario revela que la tecnología no solo ha reducido el costo de redactar una indicación, sino que se la emplea para entorpecer el debate. El autor de esas indicaciones, sin embargo, no se hace cargo del tiempo que su revisión exige a las secretarías, al Ejecutivo y a la sala, ni de la discusión sustantiva que desplaza.
La solución no pasa por restringir el derecho a presentar indicaciones, sino por una reforma que obligue a sus autores a internalizar el costo que generan. Una alternativa sería exigir que cada parlamentario defienda su propuesta, en un tiempo acotado y en una instancia pública, como condición para ser votada. Quien presenta una decena de enmiendas meditadas no tendría dificultad en hacerlo. Quien ingresa cientos producidas en serie enfrentaría un costo proporcional a la carga que impone al resto.