Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Negociar bajo presión

ChileEl Mercurio, Chile 15 de noviembre de 2026

De alguna forma, el contenido de este acuerdo viene a ser la némesis de aquella señal que, a un inmenso costo político, se quiso dar con el "bencinazo" de marzo.

En un clima político enrarecido -véase por ejemplo el bochornoso comportamiento esta semana de parlamentarios en el Congreso, donde la degradación de la función pública parece no encontrar límites- y con una baja popularidad, el Gobierno ha debido enfrentar una paralización y toma de carreteras por parte de gremios de camioneros, mientras otros grupos de presión realizan movilizaciones o amenazan con ellas por los más diversos motivos. Y es que la compleja situación económica, con un altísimo desempleo y sucesivas alzas de los combustibles, sumada al desorden dentro del oficialismo y al daño en la confianza presidencial tras la incomprensible decisión de mantener en su cargo al ministro de Justicia, han dejado al Ejecutivo en una situación de debilidad que busca ser aprovechada tanto por grupos de interés como por sus adversarios políticos.
Expuesto así a presiones y contra el tiempo -para evitar daños mayores a la economía, desabastecimiento y que se extienda una sensación de ingobernabilidad-, el Gobierno ha debido ceder y comprometer cuantiosos recursos públicos para apagar un conflicto. Podrá valorarse el pragmatismo y capacidad negociadora del equipo político, que logró terminar con una situación que ya empezaba a generar importantes perjuicios a la ciudadanía, pero el precio pagado ha sido alto, tanto en términos económicos (US$ 900 millones) como respecto del precedente sentado: un grupo de presión poderoso, recurriendo a las vías de hecho, ha conseguido privilegios especiales y hasta doblar la mano de una autoridad económica hasta ahora rigurosamente comprometida con la disciplina fiscal. Y es que, de alguna forma, el contenido de este acuerdo viene a ser la némesis de aquella señal que, a un inmenso costo político, se quiso dar con el "bencinazo" de marzo. El rostro severo del ministro de Hacienda al momento de anunciarse el entendimiento logrado con los camioneros bien lo reflejaba.
¿Una mejor gestión previa podría haber evitado llegar a este estado de cosas? ¿Había otras salidas que no implicaran, por ejemplo, seguir potenciando el incentivo perverso que representan los beneficios de que goza el diésel respecto de los otros combustibles? ¿Quedaron bien protegidos los intereses generales de la población? ¿Hasta qué punto acuerdos como este dan una señal equívoca, al legitimar las vías de hecho para alcanzar objetivos particulares? ¿Cómo enfrentará la autoridad otras manifestaciones y medidas de fuerza que vengan en el futuro?
Por cierto, a nadie debiera escandalizar demasiado que un gobierno deba a veces hacer concesiones onerosas frente a una movilización -en el pasado, algún ministro de izquierda llegó a ser motejado como "la billetera más rápida del oeste" por su forma de abordar estos conflictos-, pero cuando una administración vive un momento de autoinfligida debilidad política, el riesgo solo se exacerba.
La izquierda en lo suyoMientras tanto, en esta compleja coyuntura que desde hace ya un tiempo afecta al Gobierno, la oposición de izquierda hace lo que mejor sabe: saltando de un tema a otro, emplea un lenguaje incendiario, cargado de impostada indignación moral, para criticar al Ejecutivo, aunque eso la lleve a contradecirse con lo que hace no mucho defendía; solidariza con quienes protestan y acoge sus planteamientos, sin mayores miramientos a si las formas infringen o no nuestro Estado de Derecho, si sus demandas son injustas o desmedidas, o si se trata de gremios con los cuales tradicionalmente se ha visto enfrentada, como los camioneros; despliega en el Congreso sus mejores esfuerzos para entrabar la gestión legislativa del Ejecutivo (la presentación de miles de indicaciones, por ejemplo, parece ser una estrategia dilatoria que llegó para quedarse); a sabiendas de que no concurren las causales requeridas, emplea las acusaciones constitucionales para debilitar el poder presidencial (en esto, algunos sectores de derecha han actuado de forma similar); presenta querellas o denuncias temerarias para intimidar a las autoridades con medidas intrusivas, impedirles ejercer sus legítimas atribuciones o anotarse un punto comunicacional, sin importarle el daño a nuestra convivencia que produce la judicialización de la política; cuando hay indicios serios de irregularidades en una empresa del Estado como Codelco, busca toda forma de argucias para eludir el problema de fondo y centrarse en un trasnochado y artificial debate ideológico, entre otra serie de conductas.
Ejemplos concretos de estrategia obstruccionista hubo varios esta semana, como la seguidilla de declaraciones destempladas llamando a que el Presidente Kast suspendiera una importantísima gira a Asia o que paralizara la aplicación de la megarreforma recién aprobada. Eso, sin olvidar, el desembozado oportunismo del Frente Amplio en las redes sociales anunciando (declaraciones similares han hecho otros partidos) que "somos parte de los miles de estudiantes, transportistas, trabajadores y trabajadoras que se movilizan en todo el país".
Todo ello da cuenta de que amplios sectores de izquierda, ahora que luego de cuatro años vuelven a ser oposición, no han tenido mayor aprendizaje sobre sus conductas pasadas, pese al daño que han causado a nuestra democracia.
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