Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Valor de la jurisprudencia

ChileEl Mercurio, Chile 15 de noviembre de 2026

No saber cómo pueden fallar los tribunales es muy similar a no contar con leyes que resuelvan los asuntos controvertidos.

Reseñando lo más destacable del trabajo de las salas de la Corte Suprema durante el período anterior, su presidenta resaltó en la inauguración del Año Judicial la jurisprudencia de la Sala Penal en materias penitenciarias: "Visualizando a las personas privadas de libertad como grupos vulnerables, ha propiciado la aplicación de la ley más favorable para ellas, en particular, en asuntos relacionados con la postulación o acceso a los beneficios intrapenitenciarios", dijo. Considerando las controversias previas, esta afirmación contiene una referencia inequívoca a los efectos de los cambios en los requisitos para postular a la libertad condicional, una materia similar a las polémicas reducciones de condena. Así se destacó y valoró públicamente el aparente asentamiento de la jurisprudencia según la cual los beneficios a los que pueden optar los condenados presos se rigen por la ley más favorable que resulte pertinente.
Esta maciza toma de posición, refrendada por centenares de fallos, contrasta con el silencio del Supremo Tribunal durante la crisis por las reducciones de condena. El argumento más simple para justificarlo sería decir que todo depende de cada caso en particular, y por ende sería un error incurrir en generalizaciones. Pero este argumento es falaz por diversas razones. Es cierto que en toda sentencia hay un componente irreductiblemente individual, pero al mismo tiempo hay una afirmación racional susceptible de generalización, al menos en el sentido de que, verificándose las mismas circunstancias relevantes para decidir, debería resolverse también de la misma manera. La controversia sobre la ley aplicable a un caso posee por definición esta dimensión general o universal, precisamente porque las leyes no se dictan para resolver casos particulares, sino todos los casos que pertenezcan a una cierta clase. Por último, si fuera cierto que los jueces solo pueden realizar afirmaciones sobre casos concretos, entonces no podrían opinar sobre los proyectos de ley -como les exige el derecho vigente- y menos realizar discursos, con la consiguiente pérdida para el debate y la elaboración de las políticas públicas.
Lo anterior resulta paradigmáticamente pertinente al problema de la ley aplicable a las rebajas de condena. No se espera que los jueces opinen formalmente sobre la conveniencia política de restringir hacia el futuro los beneficios penitenciarios respecto de ciertos tipos de delito o delincuente. En cambio, sí tienen mucho que decir sobre la correcta interpretación de las leyes vigentes y, sobre todo, de reconocer y dar a conocer a todos los potenciales justiciables los aspectos en los cuales se ha llegado a un cierto consenso interpretativo. No saber cómo pueden fallar los tribunales es muy similar a no contar con leyes que resuelvan los asuntos controvertidos. En el caso de la ley aplicable a las reducciones de condena, además, no se trata solo de un asunto legal, sino constitucional. No parece posible ni resulta aceptable que las más altas magistraturas dejen a la ciudadanía en la incertidumbre acerca de cómo entienden la Constitución ni que, existiendo interpretaciones discrepantes, no se indique cuál debe prevalecer. Por eso es muy positivo que, en la cuenta pública, la presidenta del máximo tribunal exteriorice esta clase de definiciones. Pero igualmente importante es que se sostengan y recuerden cuando es necesario.
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