Entrevista Natalia Gutiérrez

Régimen de estabilidad para proteger las grandes inversiones de los cambios de reglas a mitad de camino propone la presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgén, Natalia Gutiérrez, ante una caída de la inversión extranjera directa que fue de una tercera parte entre 2022 y 2025. Su iniciativa, que arranca con el respaldo del Partido Conservador en el Congreso, cobija proyectos de cualquier sector desde 500.000 millones de pesos. Gutiérrez, que está terminando su periodo al frente del Consejo Gremial, habló también con EL TIEMPO sobre la ley de rescate y el impacto del fenómeno de El Niño. ¿Por qué es importante la inversión extranjera en Colombia y qué ha pasado en los últimos años con esa inversión? Colombia ha perdido inversión porque no ha ofrecido reglas estables. Perdió una tercera parte de la inversión extranjera directa entre el 2022 y el 2025. Pasó de más o menos 17.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Cuando hoy vemos que el país está con un déficit casi del 10 por ciento, las alternativas son muy pocas. Subir impuestos o tener una inversión alta. Este gobierno ha sido muy vocal y nos ha dado la señal de que no quiere subirles más los impuestos a las empresas, que son bastante altos, y que, al contrario, quiere entregar las condiciones de país, dar un régimen general de estabilidad para que se puedan hacer grandes inversiones. ¿Qué trae ese proyecto que ya está en manos del Congreso? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esa iniciativa? Propone crear un régimen especial de estabilidad para la protección de las inversiones, en el que se toma una foto de las reglas tributarias, aduaneras y regulatorias que fueron identificadas y reconocidas para ese proyecto. Se presenta en una ventanilla única en el Ministerio de Comercio y en no más de 60 días se le responde al inversionista si cumple para tener este contrato de estabilidad. A diferencia de lo que presenta hoy la ley de rescate en el capítulo del Ruge, que es para unos sectores muy puntuales, aquí queremos que esto cubra cualquier sector con un mínimo de 500.000 millones de pesos de inversión. Puede ser una empresa nacional o una empresa extranjera. 500.000 millones de pesos es el mínimo con el cual debe venir esa inversión en cualquier área... En cualquier área: en energía, en infraestructura, en salud, en agroindustria, pero además en proyectos que en general se demoran mucho tiempo madurando. Un proyecto agroindustrial grande en este país se demora por lo menos 10 años, 15 años, un proyecto minero se demora 15, 20 años, un proyecto de infraestructura vial grande se demora 25, 30 años en ser construido y en recuperar las inversiones. Lo que queremos es que ese inversionista tenga, de acuerdo al tipo de proyecto, un umbral de entre 4 y 8 años prorrogables para ejecutar la inversión, que los proyectos se acrediten y tengan una condición inmediata de proyecto nacional estratégico, que facilita la coordinación y la gestión interinstitucional en el tema de licencias, de consultas, de permisos. Este proyecto no está buscando que el inversionista tenga que pagar una prima ni ninguna contraprestación. Tiene un régimen de exigibilidad de cumplimiento. Si no se cumple en los tiempos que se pactaron para la ejecución, se puede perder el beneficio. ¿Qué pasa con las normas que tienen que ver con condiciones salariales o de salud para los trabajadores? Esto no congela la posibilidad ni del legislador ni del sector ejecutivo de seguir legislando. Lo que busca es que, si hay algún tipo de cambio en esas condiciones, haya un resarcimiento para el inversionista que estuvo con la apuesta por el país, con una foto determinada. O haya una transicionalidad. Lo que nos estaba pasando, y lo vivimos en el gobierno pasado, fue que por vía administrativa, vía decretos o resoluciones, nos estaban cambiando las reglas de juego de país que se habían dado por ley en muchos sectores. Aquí estamos pretendiendo que haya una protección a más de cuatro años. Los inversionistas están mirando un país como Perú, que tiene problemas políticos permanentes, pero ha logrado ser consistente en las reglas del juego. Regímenes como estos están en Perú, en Argentina, en Brasil, donde nos estamos peleando los recursos. Perú tiene un régimen de estabilidad jurídica asociado a compromisos de casi 32.000 millones de dólares. El proyecto arranca con el respaldo del Partido Conservador. ¿Qué mensaje o qué petición les haría a las otras bancadas en relación con la iniciativa? Lo he venido conversando con varios congresistas de varios partidos. Esperamos que todas las bancadas se puedan vincular a este proyecto, que lo único que nos va a traer es beneficio para Colombia. Va a ayudar a la estabilización fiscal, va a ayudar a mejorar los ingresos como país. El sector empresarial fue atacado en los últimos cuatro años. Los únicos que cerraron filas en su momento fueron el Congreso de la República y las cortes. Afortunadamente, gracias a esos dos elementos tan importantes de la democracia, no se hizo más daño, aunque se alcanzó a hacer mucho daño. Volvieron a confiar los diferentes sectores productivos del país en que el Congreso es fundamental para dar señales de volver a invertir, y el Congreso de la República en sus mayorías hoy entiende que tenemos que volver a ser un país que le da la bienvenida a la inversión. Queremos acompañar al Gobierno Nacional en el tema de su ley de rescate, en su componente de beneficios tributarios para estas nuevas inversiones. El Gobierno insiste en que habría un default si no se logra la ley de rescate, que trae también el Ruge, el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial. ¿Cómo se pueden complementar estas dos iniciativas? Agradecemos el esfuerzo del Gobierno, porque parte de la ley de rescate fiscal involucra una responsabilidad en el gasto público bastante grande, un recorte bastante grande. Pero hay otro tipo de impuestos que se están revisando en el Consejo Gremial, porque esto está tocando la canasta familiar vía el sector agropecuario, el turismo, el sector de energía, la importación de carros eléctricos. Por eso vamos a tener una reunión con el ministro de Hacienda. Hay muchos elementos que más que no estemos de acuerdo son muy difíciles de implementar. Hay muchos agricultores que no tienen contabilidad, no tienen cómo gravar un IVA y cómo recuperar un IVA. Hay muchos tenderos que venden la mortadela del día y la fían. No es que nos opongamos, es que la realidad del país es diferente. Me adelanto a decirte algo sobre mi sector. Estuvimos mirando sobre volver a ponerles el IVA a los paneles solares y, de cierta forma, esta ya es una industria que ya es madura y puede vivir con un tema como ese. Uno escucha a la gente en la calle decir que le contaron que venía un fenómeno de El Niño, que iba a ser sequía, y no ve que esté sufriendo sequías ni pérdida de lluvias. ¿Cuál es el mensaje desde Acolgén? El fenómeno de El Niño ya fue declarado hace varios meses. Eso no quiere decir que deje de llover, quiere decir que las lluvias van a ser por debajo de la estadística. En las ciudades vemos que está lloviendo y las personas tienen la sensación de que no llegó el fenómeno de El Niño. Llegó y llegó muy duro, las lluvias están por debajo de la medida histórica. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a los embalses lo más alto en diciembre y para eso necesitamos poder prender el parque térmico. Necesitamos salud financiera para que se les pueda pagar a los térmicos toda la energía que se les debe y puedan comprar gas y combustibles. No podemos tener ningún paro, no podemos tener bloqueos en las centrales de generación. Tuvimos un atentado contra una de las centrales de una de las empresas que yo represento. Como el margen es tan estrecho, no nos podemos dar el lujo de que ninguna planta salga de funcionamiento. Tenemos que ahorrar energía en nuestras casas, en los colegios, en los hospitales. No les estamos diciendo que no usen la energía, estamos pidiendo que haya un uso racional para gastarnos los embalses de una manera más lenta y más responsable.
‘Estamos pretendiendo que haya protección a más de cuatro años’