Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Movilidad eléctrica en Uruguay: la disciplina del autoabastecimiento

UruguayEl País, Uruguay 16 de noviembre de 2026

El diseño de la política para la oferta de carga pública debe orientarse a garantizar una cancha neutral y a mitigar las asimetrías fiscales y comerciales.

La transición hacia la movilidad eléctrica suele analizarse desde sus indudables virtudes ambientales o desde el impacto en la matriz de generación energética, sobre todo para un país como Uruguay que no dispone de petróleo. Más allá de lo anterior, este cambio también otorga la posibilidad de una transformación de la organización industrial del mercado de suministro de energía automotriz enfocada en el bienestar de los usuarios (consumidores finales y empresas), hoy dependiente de un esquema hiperregulado de distribución.

En efecto, el proceso de electrificación introduce una alternativa que estuvo ausente en el mercado de los combustibles fósiles: la capacidad del consumidor de proveerse mediante la carga intra-hogar e intra-empresa o, incluso, la autogeneración.

En el esquema tradicional de los derivados del petróleo, el usuario final ha sido históricamente un consumidor cautivo del canal de distribución. La electrificación automotriz destruye ese paradigma al descentralizar el acceso a la energía a través de la infraestructura residencial y empresarial, por lo que el mercado extra-hogar deja de ser un servicio de suministro forzoso para convertirse en uno alternativo de conveniencia, oportunidad y velocidad.

Desde la óptica de la política económica y la defensa de la competencia, esta infraestructura privada funciona como un factor de disciplina, límite natural al poder de mercado de los operadores del servicio de carga pública. Si el precio por el servicio en una estación de carga se eleva en exceso, el consumidor puede recargar en su domicilio bajo tarifas residenciales multi-horario (donde 100 km cuestan ~$37 frente a ~$195 en la red pública de UTE).

No obstante, esta protección económica no es total. El riesgo queda mitigado para quienes cuentan con estacionamiento privado, pero persiste en el segmento de ruta de larga distancia y en el universo de usuarios urbanos sin cochera apta o con limitaciones estructurales de potencia.

En los trayectos interdepartamentales que superan la autonomía de las baterías, el usuario queda expuesto a potenciales estructuras monopólicas de localización geográfica. Por otra parte, en el tejido urbano existe un universo significativo de usuarios que carecen de cochera apta debido a restricciones arquitectónicas o a limitaciones estructurales de potencia eléctrica en el régimen de propiedad horizontal.

Esta asimetría habitacional y geográfica justifica una intervención estatal enfocada. El diseño de la política para la oferta de carga pública debe orientarse a garantizar una cancha neutral y a mitigar las asimetrías fiscales y comerciales, permitiendo que los agentes privados participen del servicio de carga rápida en igualdad de condiciones y sin distorsiones tarifarias por parte del operador público.

Por otra parte, para minimizar la cautividad urbana, la experiencia internacional ofrece soluciones normativas asociadas al concepto del "Derecho a Cargar" (Right to Charge). En Uruguay, la reglamentación técnica actual ya prevé que la copropiedad no puede prohibir de forma arbitraria el uso de las instalaciones comunes para derivaciones individuales desde el medidor propio. Sin embargo, para evitar que las trabas administrativas de las comisiones de edificios fuercen litigios judiciales lentos lo que opera como una prohibición fáctica, debería consagrarse este derecho por vía legal mediante una reforma a la Ley de Propiedad Horizontal. Asimismo, el foco regulatorio debe desplazarse hacia exigencias y subsidios para la ampliación de potencia y la gestión de carga inteligente en edificios antiguos, cuyo límite físico frena hoy el autoabastecimiento.

Para consolidar este modelo en el contexto uruguayo, sería conveniente que la arquitectura institucional descanse sobre dos pilares.

En primer lugar, a nivel de leyes y de decretos, consagrando la prestación del servicio de carga pública como una actividad abierta a la libre competencia empresarial. Dado que la venta de energía eléctrica es un monopolio legal de UTE, alcanzaría con consagrar la libertad de los privados para comercializar el valor agregado del servicio de carga, asegurando que las licitaciones para el uso de la vía pública y las electrolineras se estructuren bajo esquemas multi-operador sin reservas de mercado artificiales.

En segundo lugar, el rol de los organismos reguladores debe concentrarse en la protección de las zonas cautivas y la neutralidad competitiva. Esto implica que el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento técnico de la Ursea y el MIEM, evalúe precios de referencia o estructuras de costos transparentes para la carga rápida en rutas nacionales. Asimismo, la Uorsea debe continuar garantizando la interoperabilidad técnica de los conectores y exigir la apertura obligatoria de las plataformas de pago.

Finalmente, el Estado debe vigilar que UTE, en su doble rol de operador monopólico de la red de distribución eléctrica y competidor minorista a través de su infraestructura pública de carga, opere bajo las mismas reglas de neutralidad y costos reales aplicables a los actores privados.

El éxito de la movilidad eléctrica dependerá de no replicar el esquema de distribución centralizado y cautivo del petróleo. El sistema político deberá priorizar el bienestar de los consumidores y la sostenibilidad productiva mediante un marco de competencia transparente, administrativamente ágil y técnicamente viable.
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