"Nodio" polémico

El anuncio por parte de la Defensoría del Público -una entidad oficial establecida en la controvertida Ley de Medios que el kirchnerismo impulsó hace una década- de crear ahora un organismo de control de noticias falsas en Argentina ha generado explicable controversia y preocupación en ese país. La iniciativa plantea crear un "Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales" (de ahí la sigla con que se lo ha difundido, Nodio), que tendría como misión "la detección y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, la identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas".
Si bien las autoridades han sido enfáticas en señalar que no existen intenciones de supervisar la labor de la prensa, se trata de una iniciativa que ya se ha visto en el pasado, tanto en Argentina como en otros países latinoamericanos, todas las cuales han buscado de alguna u otra forma limitar la libertad de expresión. Así lo han entendido distintos organismos relacionados con la labor periodística, los que han alertado del peligro de este proyecto, como ha sido el caso de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Según ha señalado el presidente de esta última entidad, Christopher Barnes, con este proyecto el gobierno argentino "busca juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo qué es bueno o malo para la sociedad". Aquí radica el meollo del problema, ya que el Estado debiera velar por la libertad plena de la expresión, más que pretender controlar su ejercicio desde un "observatorio". Peor aún si se considera que quienes impulsan y participan en el proyecto están identificados con un sector político claramente determinado, vinculado con la figura de la expresidenta y hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
La libertad de prensa es un indicador importante de los valores democráticos de un país, ya que los medios de comunicación cumplen un papel central para advertir sobre el mal uso de los recursos públicos o de los abusos de la autoridad. Por esa razón es que la libertad de prensa constituye probablemente uno de los derechos más incómodos para los gobernantes, pero más esenciales para los ciudadanos. En ese sentido, ningún gobierno debiese ser el árbitro de la verdad. Esa función le compete al público, el cual con su diaria elección decide su apoyo o rechazo a los medios, según cuánta credibilidad le merezcan.
Lamentablemente, sectores ligados al kirchnerismo aparecen otra vez impulsando un proyecto que plantea nuevos riesgos para la libertad de prensa. Como en iniciativas anteriores, se la ha presentado con una aparatosa justificación de defensa de las personas, supuestamente inermes frente a los "medios hegemónicos". La experiencia latinoamericana es sin embargo abundante en ejemplos de cómo ese discurso ha terminado usándose repetidas veces para justificar severas restricciones cuyos principales afectados son los propios ciudadanos.