Lunes, 18 de Enero de 2021

Reglamento de cenizas genera preocupaciones

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 29 de noviembre de 2020

Grupos comunitarios y ambientales alertaron que el borrador del reglamento para el manejo de cenizas de carbón, si bien prohíbe su disposición final en cualquier parte de la isla, aún permite darles ciertos usos a estos desechos que, a su juicio, son peligrosos y deben clasificarse como tales

Grupos comunitarios y ambientales alertaron que el borrador del reglamento para el manejo de cenizas de carbón, si bien prohíbe su disposición final en cualquier parte de la isla, aún permite darles ciertos usos a estos desechos que, a su juicio, son peligrosos y deben clasificarse como tales.
Expusieron, además, que el documento -en evaluación ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)- le permitiría a la cogeneradora AES Puerto Rico, que opera una planta de carbón en Guayama, solicitar y obtener dispensas para presuntamente desligarse de su obligación de monitorear la calidad del agua subterránea en sus inmediaciones, entre otras instancias.
De paso, criticaron al DRNA por llevar el borrador a vistas públicas el pasado 5 de noviembre, apenas dos días después de los comicios generales, cuando la atención del país estaba -y continúa- en el drama electoral; y por presentarlo con siete meses de retraso. El reglamento viene obligado por una enmienda a la Ley 40-2017 que la gobernadora Wanda Vázquez firmó, el pasado 2 de enero, y que le daba 90 días al DRNA para elaborarlo. Es decir, debió estar listo el 2 de abril.
"La mejor forma de manejar las cenizas es no producirlas. La planta de carbón hay que apagarla y las comunidades no pueden esperar hasta 2027. Siete años más de contaminación conlleva aumentar aún más la crisis salubrista que ya existe en Guayama", dijo Víctor Alvarado, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, en referencia al año en que vence el contrato entre AES Puerto Rico y el gobierno.
Alvarado y Yanina Moreno, portavoz del Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas, indicaron que el borrador del reglamento clasifica a estos desechos como "no peligrosos", en lugar de "peligrosos", lo que permite que se les den ciertos usos "comerciales".
Específicamente, podrían utilizarse cenizas encapsuladas para crear materiales sólidos, como cemento. La lucha de los grupos logró que dichos usos se catalogaran como "comerciales", en vez de "beneficiosos", y que se prohibiera la disposición de cenizas sueltas -incluyendo el "Agremax" de AES Puerto Rico- en la isla. Tampoco se pueden usar como material de cubierta en vertederos.
Sobre las dispensas, el borrador establece que el DRNA podrá otorgarlas para los requisitos de monitoreo de calidad de las aguas subterráneas si la cogeneradora demuestra que "no existe una migración potencial de contaminantes peligrosos del área exterior de almacenaje o de las charcas de retención hacia el acuífero superior, durante las operaciones y posterior al cierre de la instalación".
Alvarado y Moreno avisaron que AES Puerto Rico también querría solicitar dispensas para seguir acumulando cenizas en su planta en caso de "eventos mayores", como huracanes y terremotos, lo que, a su juicio, aumenta el riesgo de contaminación y el movimiento de polvo fugitivo a las comunidades aledañas.
"Para nosotros, estas dispensas rayan en lo absurdo e irracional. Son una aberración. No vemos ninguna razón por la cual AES no pueda cumplir con lo que establece la ley. Hay muchas irregularidades con este tema de las dispensas y merecen ser atendidas", sostuvo Moreno.
AES PIDE "REGLAS CLARAS"
En la vista pública, el presidente de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga, recomendó al DRNA incluir en el borrador "reglas claras" que "provean para situaciones de fuerza mayor y declaraciones de emergencia como base para eximir del cumplimiento de reglas en el mismo".
Bolinaga, quien se abstuvo de ser entrevistado por El Nuevo Día, también dijo en la vista que el reglamento "debe incluir criterios de evaluación y aprobación de dispensas de cumplimiento, ya que sus requisitos descansan en parámetros sin una definición adecuada". Mencionó, por ejemplo, que el concepto "impactos adversos" no está definido.
Planteó que "existe un vacío en torno a la forma y manera práctica" en que se implantarán ciertas prohibiciones de la Ley 40-2017, como el depósito o acumulación de cenizas por más de 180 días desde su generación o producción en la planta de Guayama. Según Bolinaga, dicha prohibición debe basarse en un método que "se pueda determinar, cuantificar y auditar" por el DRNA y la propia cogeneradora.
"(El borrador) establece requisitos que confligen o podrían confligir con la reglamentación federal conocida como el ‘Coal Combustion Residuals Rule’ o ‘CCR Rule’, generando dificultades para su implementación y cumplimiento", dijo.
En línea con ese último señalamiento de Bolinaga, Alvarado y Moreno recordaron que, durante la administración del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se han flexibilizado muchas normas ambientales, incluyendo las de la industria de carbón. Por tanto, exhortaron al DRNA a aprobar el reglamento lo más pronto posible, ante el temor de que se liberen aún más restricciones.
Cuestionado al respecto, Samuel Acosta, abogado de la División Legal del DRNA y ayudante especial del secretario Rafael Machargo, dijo que la expectativa es que el reglamento se apruebe a finales de diciembre o principios de enero. Al momento, el oficial examinador que dirigió la vista pública está preparando su informe, "atendiendo todos los comentarios recibidos", para luego enviarlo a la aprobación de Machargo.
Sobre las denuncias de los grupos, Acosta indicó, por ejemplo, que las cenizas aparecen clasificadas como desperdicios "no peligrosos" pues así están tipificadas por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés). "La tendencia que, por los pasados años, ha tenido la agencia es seguir lo que dice la EPA", indicó.
En cuanto a las dispensas, particularmente con "eventos mayores", dijo que "es normal en todo reglamento que haya reglas para casos de emergencia. Es un ‘issue’ que se puede especificar más, pero no tener esa previsión en el reglamento puede acarrear otros problemas". Acosta afirmó que "todo lo relacionado" al monitoreo de calidad ambiental, incluyendo aguas subterráneas, "es lo que dice la EPA".