Gobernador Pierluisi se reúne con la Junta

El gobernador Pedro Pierluisi participó ayer de la reunión ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), encuentro donde se habría discutido la reestructuración de la deuda y la implementación del sistema de asistencia en las escuelas públicas entre otros temas, informó La Fortaleza.
Cada viernes desde que Pierluisi tomó la gobernación, el mandatario participa en las sesiones ejecutivas de la JSF, encuentros donde el organismo fiscal traza sus movidas en materia de reestructuración y de fiscalización presupuestaria más allá de las sesiones públicas que efectúa cada mes.
El encuentro de ayer habría sido la antesala a la radicación del Plan de Ajuste (PDA, en inglés) del gobierno central, documento que se espera la JSF presente el próximo lunes, para cumplir con el plazo dado por la jueza Laura Taylor Swain a mediados del mes pasado.
"(Ayer) participé de la reunión semanal con los miembros de la (JSF) en la que discutimos los próximos pasos en la reestructuración, la entrega del plan fiscal, el estatus de la implementación del proyecto ‘Time & Attendance’ en Educación, así como un resumen de mis reuniones en la capital federal", dijo Pierluisi en declaraciones escritas.
Pierluisi debe presentar las proyecciones del plan fiscal del gobierno central este mes, ejercicio que a su vez, servirá para trazar el presupuesto del siguiente año fiscal.
El mandatario, sin embargo, no precisó si la JSF le compartió el documento que serviría para modificar unos $35,000 millones en deudas del gobierno central y otros $55,000 millones en obligaciones con los pensionados del sector público.
El mes pasado, Pierluisi sostuvo que respaldaba los términos financieros del Plan de Apoyo a la Reestructuración (PSA, en inglés), el acuerdo suscrito con la mayor parte de los bonistas del gobierno central, pero indicó que no apoyaría el PDA si este contiene el recorte a las pensiones del sector público.
Dicho acuerdo será uno de tres componentes principales en el PDA.
Negocian con los pensionados
El Nuevo Día supo que la JSF y el Comité Oficial de Retirados (COR) han estado en conversaciones como parte del proceso de mediación ordenado por el tribunal, pero hasta anoche no había certeza de que el organismo fiscal pactara nuevos términos con el grupo que representa al menos unos 167,000 jubilados del sector público.
El segundo componente principal del PDA sería precisamente el pacto con los pensionados a través del COR.
En ese sentido, el único cambio que sería seguro en el PDA es el aumento en la pensión mínima para implementar el plan de ajuste a las pensiones.
El año pasado, al presentar el PDA, la JSF propuso implementar un recorte de hasta 8.5% a todos los jubilados con un beneficio de pensión mensual de $1,000. El organismo fiscal se ha comprometido a elevar hasta $1,500 el beneficio mínimo de pensión mensual que estaría sujeto al recorte. Como resultado, según la JSF, el 72% de los jubilados del sector público no se afectarían.
Empero, el acuerdo con los retirados también incluye la congelación de los beneficios de pensión futuros, aspecto que también afectará a los empleados públicos que permanecen el servicio activo.
La JSF ha aceptado en documentos oficiales que al considerar la congelación de beneficios, el recorte de beneficios a ese grupo rondaría 19.3%.
De otra parte, la JSF radicará el PDA al tiempo que la Legislatura tiene ante sí dos proyectos de ley que podrían descarrilar su implementación.
El primero es un proyecto de ley para imponer una nueva política pública de renegociación a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). La segunda medida es la propuesta Ley de Retiro Digno que propone restablecer los planes de pensiones y exigir recortes más agresivos a los bonistas.
Esta semana, el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero, reveló que el PDA busca un recorte de 79% a todas las obligaciones del gobierno central.