El lujoso proyecto inmobiliario en Maitencillo que escaló a la justicia y enfrenta a exaccionistas de CGE con el municipio
Inmobiliaria Mar de Maitencillo, de la familia Hornauer, acudió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso con un reclamo de ilegalidad contra la Municipalidad de Puchuncaví, acusándola de no querer recepcionar las obras del condominio que están concluidas hace dos años. El municipio contraatacó con otra acción judicial. Jessica Marticorena
l exclusivo proyecto inmobiliario Rocas de Maitencillo se terminó de construir en febrero de 2019 y aún no se puede inaugurar. Varios años antes, en 2015, el proyecto se instaló en el centro de una polémica que ha ido escalando en el tiempo y que hoy mantiene enfrentados en los tribunales de justicia a la familia Hornauer Herrmann, exaccionistas de CGE, y a la Municipalidad de Puchuncaví. Conflicto que, entre medio, también involucra dictámenes de Contraloría y decisiones de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región.
Inmobiliaria Mar de Maitencillo , la gestora de la iniciativa, acusa que el municipio no ha querido recepcionar las obras del condominio, pese -aseguran-, a tener sus permisos al día. Tras interponer, sin resultado favorable, diversos recursos administrativos durante 2020, el 15 de enero de este año la inmobiliaria ingresó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un reclamo de ilegalidad contra la Municipalidad de Puchuncaví, para que los tribunales de justicia resuelvan el destino del edificio. "Tenemos la convicción de que siempre hemos actuado al amparo de la legalidad, y defenderemos nuestros derechos con todas las herramientas que la ley nos permita, para protegernos de los daños que esta situación nos ha ocasionado", afirma Claudio Hornauer, socio de la inmobiliaria. El empresario agrega que "la omisión del municipio es un acto ilegal y arbitrario", porque, subraya, "contamos con un permiso de edificación, un permiso modificatorio y con una resolución de la misma dirección de Obras Municipales que certificó la vigencia del permiso del cual somos titular. No se entiende que en dos años no hayan querido recepcionar las obras".
El municipio contraatacó y el 2 de febrero, a través del abogado Sergio Saavedra, presentó un recurso de oposición en contra del reclamo de la firma.
La acción judicial de la inmobiliaria -patrocinada por el abogado Guillermo de las Heras- va dirigida en contra de la alcaldesa Eliana Olmos, y del director de Obras Municipales, Eduardo Ortiz. "El tema ahora está judicializado. Esperaremos el pronunciamiento de la justicia", enfatiza Ortiz.
En el concejo municipal existe el convencimiento de que el conflicto está lejos de terminar. "El conflicto se entrampó más, se enredó la madeja, y con un contexto de pandemia, no creo que la Corte de Apelaciones tenga una resolución prontamente. Y después seguramente vendrán nuevos recursos", advierte la concejala Erika Galarce. Otro integrante del concejo municipal, Marcelo Vegas, cuenta que "en la última reunión que tuvimos, el miércoles pasado, pregunté por este tema y me dijeron que muy probablemente tenía para largo".
Rocas de Maitencillo consta de 28 departamentos dúplex, de unos 150 metros cuadrados más terrazas -cuyo costo promedia las UF 15.000, aunque algunos valen hasta UF 18.000-, que se levantó en los terrenos del exhotel Las Rocas de Maitencillo, una ubicación estratégica en el balneario. El terreno pertenecía a la familia Piraino, pero en 2008 pasó a manos de los actuales dueños.
Los Hornauer, oriundos de Viña del Mar, operan en el rubro inmobiliario desde 2007, a través de Inmobiliaria Cerro Alegre, que a su vez es dueña de Inmobiliaria Mar de Maitencillo. La familia, además, es socia de las empresas Covisa, dedicada a la fabricación y comercialización de conductores eléctricos, y de Rohna, la mayor fábrica de transformadores de Chile. También tienen plantaciones de pino en la VI Región, con Forestal Nilahue. Hasta 2014, los Hornauer fueron parte del pacto controlador de la distribuidora eléctrica CGE, que tenía participación en Gasco, Metrogas y en el terminal de gas natural licuado GNL Quintero, entre otros activos.
En la génesis del proyecto de Maitencillo, los Hornauer eran dueños del 50%, mientras Eugenio Eben Aresti, de Viña Aresti, y Alfonso Undurraga, exdueño de Viña Undurraga, figuraban como directores en representación de los otros socios. Hoy, los Hornauer gestionan el 100% de la iniciativa.
Origen del conflicto
La polémica es de larga data, involucra varios protagonistas y distintas versiones de los hechos. Desde la empresa comentan que cuando en 2008 Inmobiliaria Las Rocas -hoy Inmobiliaria Mar de Maitencillo- adquirió el terreno a la familia Piraino, lo hizo con un anteproyecto aprobado, que autorizaba construir casi 19 mil metros cuadrados, distribuidos en un edificio de 8 pisos con 158 departamentos, y otro edificio subterráneo para 150 estacionamientos. Un año después, relatan, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puchuncaví aprobó el Permiso de Obra Nueva.
"Las condiciones de edificación se adaptaban al Plan Regulador Comunal (PRC) vigente, que permitía la construcción de viviendas en esa zona", explica Hornauer.
Pero, la comunidad tiene otra opinión. "El Plan Regulador de Puchuncaví determinó que ese lugar es una zona exclusiva para proyectos hoteleros, no para condominios de departamentos", asevera Francisca González, presidenta del Comité por la Defensa del Borde Costero de Maitencillo.
La autorización del proyecto caducaba en 2012, tres años después de haberse obtenido. Así, ese mismo año, en la inmobiliaria aseguran que informaron a la DOM del inicio de la construcción y presentaron como evidencia fotos certificadas ante notario, las que "acreditaban que se efectuaron trazados, inicio de las excavaciones y otras obras".
En 2013, la empresa decidió replantear el proyecto original a una menor escala. "Estimamos que era demasiado invasivo, por lo que reformulamos el concepto inicial, disminuimos en un 74% la superficie de edificación, quedando un condominio de 5.000 metros cuadrados construidos, con edificios con alturas de entre 4 y 6 pisos, solo 28 departamentos y 60 estacionamientos", detalla Hornauer, quien asegura que, en 2014, la DOM aprobó la modificación del proyecto.
Pero, la pelea fue subiendo de tono a tal punto, que en 2015 la DOM de Puchuncaví paralizó las obras, tras un dictamen de Contraloría que resolvió que el proyecto se estaba construyendo sin permiso vigente. "Contraloría dijo que no se advertía la existencia de documentos que permitieran afirmar, con certeza, que dentro del plazo de los tres años siguientes a la emisión del permiso, se hubieran iniciado los trabajos correspondientes", recalca Francisca González. Hornauer replica: "Hay registros certificados que muestran que sí iniciamos las obras. Contraloría es una entidad fiscalizadora en materia de cumplimiento legal, pero no es el organismo técnico competente para determinar qué es un inicio de faenas", acota el empresario.
El Municipio derivó el tema a la Seremi de Vivienda, quien en 2016 revocó la paralización de las obras. Hoy, sin embargo, desde la cartera de Vivienda y Urbanismo indican que "con fecha 4 de junio de 2020, la Seremi Minvu de Valparaíso rechazó el reclamo administrativo presentado por la empresa, atendido que existían pronunciamientos de la Contraloría Regional de Valparaíso que cuestionaban la vigencia del permiso de edificación. Mientras dicha autoridad administrativa o los tribunales de justicia no resuelvan lo contrario, la Seremi Minvu acatará ese pronunciamiento".
Mientras el último capítulo del conflicto aún no se termina de escribir, en la empresa enfatizan que "el daño es tremendo, porque hicimos una inversión relevante, todavía le debemos UF 270.000 al banco, y no podemos vender los departamentos, porque no han sido recepcionados y no tenemos la copropiedad inmobiliaria", se lamenta Hornauer. Reconoce que tienen promesas de venta por dos tercios de las unidades, y que "por un error, en el verano algunos futuros dueños habilitaron con algunos muebles sus departamentos, pero hoy el condominio está desocupado".
En 2020 la inmobiliaria interpuso , sin resultado favorable, diversos recursos administrativos, y el 15 de enero pasado acudió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que los tribunales resuelvan el destino del edificio.
"Tenemos la convicción de que siempre hemos actuado al amparo de la legalidad, y defenderemos nuestros derechos con todas las herramientas que la ley nos permite".