Cuentas apretadas

De un lado, necesitamos responder a un gran desafío social; del otro, queremos mostrar un compromiso con la reducción del déficit fiscal, mientras contribuimos con la reactivación.
ricardo ávila pinto - especial para el tiempo @ravilapinto
El comunicado expedido el viernes pasado por la Consejería para las Comunicaciones de la Casa de Nariño afirmó sin titubeos que el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año "contribuye a la reactivación económica y a la protección de los más vulnerables". Así fue calificado dentro del propio Gobierno el texto radicado por el Ministerio de Hacienda en el Capitolio, el cual plantea un plan de gastos por 350 billones de pesos en 2022. Ahora le corresponde al Congreso debatir si dicha aseveración es cierta o no, tan pronto comience a evaluar los méritos y defectos de una propuesta de más de 90 páginas de extensión que pocos se toman el trabajo de leer. Una de las razones es la larga lista de partidas destinada a las diversas entidades públicas para su ejecución, que solo logra ser entendida por los pocos expertos en la materia. De ahí que, para la mayoría de la ciudadanía, el trámite parlamentario que comienza ahora sea algo distante y ajeno. En contraste con lo que ocurre en otras democracias en las cuales se discuten intensamente las prioridades que establece la administración de turno, en Colombia se oscila entre la ignorancia y la indiferencia. No debería ser así y menos en la presente ocasión. Para un país que viene de recibir el fuerte impacto causado por la pandemia no solo en el campo de la salud, sino también en el económico y social, resulta clave entender la forma en la que el Gobierno planea utilizar el dinero que recoge de los impuestos y de otras fuentes. Contra la pared Sin duda alguna, el punto de partida dista de ser el ideal. La aparición del coronavirus el año pasado vino acompañada de un desplome en los recaudos fiscales y de un alza en las obligaciones destinadas a mitigar la crisis. Como consecuencia, el déficit se disparó al triplicarse como proporción del tamaño de la economía, hasta más del siete por ciento. Para colmos, en 2021 el saldo en rojo seguirá creciendo hasta acercarse a los 96 billones de pesos, cerca de cuatro veces el desfase de dos años atrás. Con el fin de evitar que semejante desequilibrio se convierta en una verdadera bola de nieve, no hay más camino que empezar a cerrar la brecha. Ese es el motivo por el cual el crecimiento conjunto de los diferentes rubros presupuestales será de 6,2 por ciento en 2022, inferior en más de un punto porcentual y medio a la expansión proyectada del producto interno bruto nominal. En tal sentido, el proyecto gubernamental dista de ser irresponsable. De hecho, Mauricio Santamaría, presidente de Anif, opina que "se trata de un ejercicio juicioso y de buena calidad técnica que muestra cómo son las cosas, comenzando por presentar un panorama oscuro que le exigirá decisiones de fondo el gobierno próximo". Al respecto, José Manuel Restrepo, titular de la cartera de Hacienda, reconoce que esta situación sucede en medio de una coyuntura particular y atípica. "De un lado, necesitamos responder a un gran desafío social; del otro, queremos mostrar un compromiso con la reducción del déficit fiscal; todo, mientras contribuimos con la reactivación económica. Se trata de buscar la cuadratura del círculo en medio de una realidad muy compleja", sostiene el ministro. Lo anterior quiere decir que se busca extender la vigencia de algunos de los programas de emergencia. Tal es el caso de ingreso solidario, que incluiría a más de cuatro millones de familias -un millón más que ahora-, las cuales recibirían una suma mensual cuyo costo ascendería a más de siete billones de pesos anuales. Más allá de la bondad que tienen este tipo de transferencias para aliviar la dura realidad que enfrentan los hogares más pobres, la extensión del auxilio vuelve a poner de presente la imposibilidad práctica de desmontar esquemas que supuestamente eran temporales. El plato que le queda servido a la administración siguiente implica una disyuntiva nada envidiable: acabar de un tajo con esas ayudas en 2023 o ampliarlas sin tener las fuentes de recursos para financiarlas. Antes de entrar en elucubraciones sobre lo que optará por hacer quien se ponga la banda tricolor dentro de 53 semanas, vale la pena señalar que la viabilidad de parte de erogaciones adicionales, como la mencionada arriba, está atada a que el proyecto de ley de inversión social que se presentó unos días atrás sea aprobado en Senado y Cámara de Representantes. De no ser así, habría que sacar la tijera. A decir verdad, ello es poco probable dado que la iniciativa se viene conversando con diversas bancadas, lo cual aseguraría su éxito. Pocos, y menos cuando comienza la temporada electoral, están dispuestos a asumir la responsabilidad de que el panorama fiscal se deteriore aún más o recibir críticas ante eventuales recortes de urgencia. Pero aun suponiendo que el Gobierno se sale con la suya, lo cierto es que no cuenta con mucho margen de maniobra. Quienes han estado encargados de la discusión presupuestal en el pasado saben que la discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de decidir en qué se utilizan los recursos públicos es muy reducida. Tal como le pasa a un individuo que vive a ras todos los meses, pues el sueldo que gana está comprometido desde antes de recibirlo entre distintas obligaciones, el Estado tiene una larga lista de cuentas por pagar inevitables. Una parte grande se le va en gente -especialmente en personal de las Fuerzas Armadas-, otra se les envía a las regiones -para que les paguen, entre otros, a los maestros y a los vinculados a la salud- y una más se destina al servicio de la deuda. Una mención aparte merece la inversión pública, a través de la cual se financian múltiples obras o programas ministeriales. Aquí también hay platas que se deben girar, como sucede con las correspondientes al desarrollo de las obras de infraestructura que se adelantan dentro del programa de concesiones. Además, cuando llegan las estrecheces este aparte acaba siendo el gran sacrificado. De tal manera que, en el momento de apretar el cinturón, no queda mucho tras descontar lo que se tacha y lo que se hereda. Como si lo anterior fuera poco, existen cargas que aumentan año tras año. Por ejemplo, en 2022 las apropiaciones para que Colpensiones cancele las mesadas de los jubilados pertenecientes al régimen de prima media subirán a 19 billones de pesos, 68 por ciento más que en la vigencia actual. A menos que se adelante la reforma que tantos expertos han recomendado para hacer sostenible este esquema, la tendencia sugiere que la tajada presupuestal será mayor en el futuro. Aunque meterle el diente al tema es descrito como un imposible político, las cifras muestran que equilibrar fuentes y usos de dinero cada vez volverá más difícil si todo sigue más o menos igual. Hacer malabares Una confirmación de lo desafiante de la situación se observa en el capítulo de los recursos de capital de la nación que, junto con lo que se obtiene de los impuestos, son los grandes pilares que financian el presupuesto. Aunque en esta categoría se incluyen renglones como los dividendos que distribuyen las empresas en las cuales hay participación pública o las ventas de activos -que son ambiciosas-, las contrataciones de deuda merecen atención especial. Por ese motivo, no pasará desapercibido para los especialistas que el valor de los créditos nuevos que se asumirán el próximo año superaría los 102.000 millones de pesos, un salto cercano al 60 por ciento con respecto a 2021. Teniendo en cuenta que el costo de asumir nuevas obligaciones apunta a ser mayor después de la decisión de las firman calificadoras de riesgo que determinaron la pérdida del grado de inversión unas semanas atrás, aquí se encenderá otra luz de alerta. Si a esa perspectiva de mayores compromisos se le agrega la previsión de tasas de interés más elevadas en los mercados internacionales, el mensaje es que el país se puede meter en problemas en pocos años, a menos que decida tomar el toro por los cuernos. Y ello en plata blanca quiere decir que, así como le ocurre a quien "salta matones" todos los meses para pagarles a sus acreedores, la solución definitiva solo tiene dos salidas: subir ingresos o recortar gastos. Ning

una de esas opciones es de fácil viabilidad. Como quedó en evidencia tras la convocatoria del paro nacional de finales de abril, la posibilidad de mayores cargas tributarias es rechazada por la gran mayoría de los colombianos, tanto en lo que concierne a renta personal como a IVA. Esa es la razón por la cual en la propuesta que ahora hace tránsito en el Congreso la cuenta recae sobre las empresas, cuya tarifa de renta subirá de 30 a 35 por ciento en 2022. Continuar por esa vía no es aconsejable. Tarde o temprano unas tasas tan altas acabarán desestimulando la inversión y el propio crecimiento económico. Como en la conocida fábula, apretar demasiado amenazaría con matar a la gallina de los huevos de oro, aparte de que los capitales se irían a sitios donde se les trate mejor. Por tal razón, será necesario volver a dar debates que pueden sonar inconvenientes pero que son indispensables si se trata de mantener la casa en relativo orden y de mantener el objetivo de buscar una mayor equidad. Múltiples diagnósticos confirman que en este asunto hay mucha tela por cortar. No hay duda de que un crecimiento económico más acelerado serviría, al igual que resultados más contundentes en la lucha contra la evasión. Pero incluso si en ambos frentes hay avances, queda pendiente el objetivo de definir de dónde va a salir el dinero para atender un cúmulo creciente de necesidades nuevas y de obligaciones ya adquiridas. Al respecto, los expertos se encargan de recordar que, en materia de esfuerzo tributario, el país se encuentra por debajo del promedio de América Latina. De acuerdo con cálculos de la Ocde, los ingresos fiscales de los países de la región ascienden al equivalente del 22,9 por ciento del producto interno bruto. Dicho guarismo supera en unos tres puntos porcentuales al de Colombia, que se ubica en la parte baja de la tabla. Encontrar la salida a semejante acertijo encabezará la agenda de preocupaciones de quien asuma el poder el 7 de agosto del próximo año. Aquel que crea que aquí hay salidas fáciles estará pensando con el deseo y aunque vendrán promesas de todos los pelambres sería ideal que a la ciudadanía no se le esconda la gravedad de la situación. Tal como están las cosas, seguirá siendo muy difícil disminuir el déficit fiscal y cumplir con los compromisos usuales, incluso sin sumar los que se hagan durante la campaña. Un ajuste forzado que reduzca la inversión a su mínima expresión equivale a comenzar el periodo presidencial con el pie izquierdo. La opción de recortar gastos tampoco servirá mucho, pues una disminución de 1,9 billones de pesos en el capítulo de funcionamiento ya se encuentra incluida en las cuentas. "Se habla mucho del tema, pero lo cierto es que la solución no es por ahí, así haya que buscar eficiencias", anota Mauricio Santamaría. Debido a ello, escaparse a la discusión de una nueva reforma tributaria para subir el recaudo se volverá casi imposible. Tapar el sol con las manos puede ser una opción, pero este no dejará de brillar para mostrar lo que somos: un país de ingreso medio al cual la plata con la que cuenta hoy en día no le alcanza para vivir como quiere y cuya posibilidad de endeudarse más está seriamente limitada. Y ningún artilugio presupuestal logrará esconder esa verdad, por dura que sea.