Exenciones tributarias

El proyecto de ley corta de pensiones presentado por el Gobierno busca ampliar los beneficios del Pilar Solidario, financiando su aumento con la eliminación o restricción de exenciones tributarias vigentes por cerca de 1.100 millones de dólares anuales. Destacan, entre otras, el establecimiento de un impuesto de 5% a las ganancias de capital para algunos instrumentos en el mercado financiero, la eliminación del Crédito IVA a la construcción y la fijación del IVA a los servicios, salvo para casos expresamente exentos en educación, transporte y salud.
Naturalmente, una serie de gremios han manifestado su preocupación por el impacto de estas medidas sobre sus actividades. El impuesto a las ganancias de capital, de monto acotado, es percibido como perjudicial para el desarrollo del mercado financiero, mientras el gremio de la construcción manifiesta, no sin razón, que el IVA incrementará los precios de las viviendas. El presidente del Colegio de Abogados -así como otros juristas- han manifestado que el IVA a los servicios legales afectará gravemente el acceso universal a la justicia, y grupos de arquitectos también han manifestado su preocupación por los márgenes en sus negocios.
La negativa visión de diferentes grupos interesados ante estos cambios debe entenderse de dos maneras. Por una parte, es legítimo que algunos gremios hagan ver los efectos que estas modificaciones pueden causar sobre el desarrollo de la industria. Ello, por cierto, no justifica la existencia de exenciones, pero sí permite aquilatar sus efectos. En su origen, las exenciones fueron establecidas para potenciar ciertas industrias, por lo que las repercusiones negativas son esperables. A nivel macro, las exenciones generan distorsiones en el funcionamiento de los mercados, por lo que deben existir condiciones muy justificadas para mantener su vigencia.
Sin embargo, otro tipo de aprensiones dice relación con una abierta defensa del interés particular. En el caso de los servicios, cuesta encontrar una razón de por qué la producción de bienes está sujeta a IVA, mientras que la de servicios profesionales no lo está. En este caso los reclamos parecen obedecer a un mayor beneficio particular.
Los reclamos por la eliminación de las exenciones son consustanciales a su existencia. El otorgamiento de tratamiento privilegiado a ciertos grupos genera rentas específicas que no solo introducen distorsiones, sino que también llevan a los grupos de interés a trabajar en la protección de tales beneficios. La dedicación de los esfuerzos a tal objetivo, en vez de innovar o aumentar la productividad, es consecuencia directa del trato especial que el Estado otorga a empresas o grupos de interés. Este debate no solo anticipa una difícil discusión sobre la eliminación de varias exenciones -como proponen algunas candidaturas-, sino también debe iluminar el debate económico acerca de los efectos permanentes de tratamientos especiales a grupos específicos.