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Leonel Ibarra
Con la finalización de enero, al Gobierno de El Salvador le quedan 11 meses para la amortización del eurobono del 24 de enero de 2023 por $800 millones o caerá en incumplimiento de sus obligaciones.
Un reporte de la agencia especializada de bolsa Amherst Pierpoint indica que la probabilidad de incumplimiento de este compromiso con los inversionistas extranjeros por parte de las autoridades salvadoreñas "es de alrededor del 30 %".
Como elementos que abonan a esta perspectiva negativa de los mercados sobre la capacidad de pago del país es que el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés y que mide el riesgo de la deuda soberana externa) se encuentra actualmente ne 15.54 %, más del doble de hace un año.
Además, las agencias calificadoras Moody's y S&P Global degradaron el año pasado a El Salvador en su calificación y perspectiva, respectivamente. En julio, Moody's puso la deuda salvadoreña externa en calificación Caa1, considerada "bonos basura" por su alto nivel de riesgo de impago y, por su parte, S&P Global bajó la perspectiva a negativa.
"La perspectiva negativa de la calificación Caa1 refleja la opinión de Moody's de que la posición fiscal sigue siendo vulnerable y susceptible a shocks de financiamiento que podrían poner en peligro la capacidad de pago" del país, señala el reporte del año pasado.
El análisis que hacen los expertos se mantiene en el flujo de efectivo a corto plazo y el estrés de liquidez que tiene la administración del presidente de la república, Nayib Bukele, y en las motivaciones para realizar el pago en condiciones de liquidez cada vez más escasas.
A juicio de la Siobhan Morden, jefa de Estrategia de Renta Fija de América Latina de Amherst Pierpont Securities, en lo que va del año, la liquidez "parece manejable" pues ha habido "una renovación saludable" en enero de "los voluminosos" vencimientos de la deuda de corto plazo (Letras del Tesoro y Certificados del Tesoro); sin embargo, hay que tomar también en cuenta que un 18 % de los $335 millones de LETES y CETES no pudieron hacer refinanciamiento y pusieron más presión a la caja del Estado.
Si bien no existe una fecha límite para que El Salvador obtenga los $800 millones para pagar su deuda, los analistas advierten que este proceso no será fácil y el tiempo corre en contra.
Ricardo Castaneda economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explica que la fecha tope para tenerlo en la caja sería enero de 2023, pero si se obtendrá el financiamiento vía nueva deuda sería, a lo sumo, en septiembre que se debe tener.
El problema, agrega el representante del ICEFI, es que conforme pase el tiempo y el perfil de riesgo del país no mejore, las alertas de caer en impago se irán incrementando y alejará a posibles financistas.
"Las autoridades de Hacienda dicen que tienen diferentes alternativas, habrá que ver quién se anima a prestarle $800 millones a El Salvador para pagar deuda y no para proyectos de infraestructura", señala Castaneda.
Por su parte, Luis Membreño, presidente de Membreño Consulting, dice que dado, que la recaudación tributaria ha tenido un fuerte crecimiento (la estimación es que durante 2022 ingresen a la caja del Estado $6,566.8 millones como ingresos corrientes) pudiera buscarse como vía para obtener los recursos.
El problema es que lo fuerte de recaudación es en el primer trimestre del año (cuando se declara el impuesto de la renta) y luego hay una baja, lo que afectará esta opción.
De esta manera, con la saturación en los mercados locales, el acceso restringido a los mercados de eurobonos y pocos desembolsos de préstamos de organismos multilaterales, las vías de financiamiento del país se van cerrando y surge nuevamente el fantasma del impago.
El caso más reciente en que El Salvador no pagó su deuda fue en noviembre de 2017 cuando no puso en el Presupuesto General de la Nación el dinero para unos intereses del fondo de pensiones local.
Exceptuando ese caso, el país no es considerado como un moroso en serie, sino uno que refinancia rápidamente sus obligaciones externas.
Sin embargo, en esta ocasión, el reporte de Amherst Pierpont destaca que no existen controles y equilibrios institucionales para reafirmar el historial de pago casi intachable.
"Ahora es una evaluación más difícil bajo las limitaciones políticas de un proceso de toma de decisiones centralizado y la función de reacción impredecible del presidente Bukele", indica Morden.
Los mercados han tomado con calma las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien mencionó específicamente el próximo pago de eurobonos y los planes para obtener fondos para honrarlo con una emisión de bonos bitcóin u otras propuestas de los bancos de inversión.
Zelaya adelantó que está programada para el 15 de marzo la salida al mercado de $1,000 millones en el primer bono salvadoreño indexado a la criptomoneda y, si se tiene éxito, realizar futuras emisiones similares para el pago de deuda.
El reporte de la agencia Amherst Pierpont dice que si se asume la suficiente liquidez durante el resto del año, entonces la administración Bukele probablemente buscará evitar cualquier decisión política drástica, especialmente cualquier medida que pueda dañar el prestigio internacional o forzar el reconocimiento de la tensión presupuestaria y la mala gestión de las políticas.
La reciente publicación de la revisión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) reafirmó la advertencia anterior sobre los riesgos que implica el carácter de moneda de curso legal del bitcóin y la sostenibilidad de la deuda.
Hay que recordar que la deuda externa pública salvadoreña está mayoritariamente en manos de tenedores de bonos internacionales.
La participación de la deuda externa se situó en casi 59 % de la deuda pública total a fines de 2020. Los principales acreedores de El Salvador son tenedores de eurobonos (39 %) y multilaterales (19 %).
El FMI ha proyectado que la deuda externa aumente en el corto plazo y comience a disminuir al final del horizonte de pronóstico. La deuda externa bruta aumentó alrededor del 10 % del producto interno bruto (PIB) al 74.5 % del PIB en 2020, debido al empeoramiento de la dinámica de la deuda ante la desaceleración de la actividad económica, la disminución de las exportaciones y la contracción del crecimiento.
En el escenario histórico, todo apunta a que la deuda externa total se mantendrá arriba del 80 % del PIB por varios años más, impulsada por las necesidades de financiamiento del sector público.
"Se proyecta que las necesidades brutas de financiamiento externo se mantengan elevadas. Los pagos del servicio de la deuda representan la mayor parte de las necesidades brutas de financiamiento externo", dice el FMI.
Impulsadas por las necesidades del sector público, las necesidades brutas de financiamiento externo se proyectan en el rango del 23 % del PIB en los próximos cinco años, alcanzando su punto máximo en 2023 y 2025, ya que los eurobonos por valor de $800 millones vencen en cada uno de estos años. Hay que aclarar que las implicaciones de la emisión del bono bitcóin no forman parte de la evaluación del Fondo.
Por último, la agencia especializada de bolsa Amherst Pierpoint señala que la gestión efectiva de la liquidez y el lanzamiento exitoso del bono bitcóin puede permitir, tal vez, un impacto positivo en la percepción de la disposición a pagar, pero los otros eurobonos pendientes requerirán un plan que reduzca los riesgos.