La minería en la incerteza

La minería tiene un gran impacto en la economía nacional. Su producción constituye un 10% del PIB de Chile y genera alrededor de la mitad de sus exportaciones. Ello es el resultado de una actividad de clase mundial, operada por grandes compañías, incluida Codelco: sus estándares en materia de seguridad y protección del medio ambiente están a la par con los países más desarrollados, sus procesos utilizan las tecnologías más avanzadas y su operación entrega condiciones de empleo y remuneraciones muy por sobre el promedio nacional. Aun así, enfrenta desafíos: el reemplazo de los actuales tranques de relave por relaves secos; la utilización de agua desalada que no compita con la requerida para el consumo humano, particularmente en zonas donde ella no es abundante; minimizar la interferencia que su actividad tenga con los ecosistemas donde sus faenas estén instaladas. Todo ello se puede lograr mediante regulaciones apropiadas y modernas, combinadas con innovaciones tecnológicas dirigidas a esos problemas específicos. Las compañías instaladas en Chile están trabajando en ello.
Sin embargo, el borrador constitucional introduce elementos que, de ratificarse plebiscitariamente, dificultarán el desarrollo de nuevas inversiones mineras; además, establece condiciones de mayor incertidumbre para los proyectos ya en operación. Desde luego, omite toda referencia a las concesiones y sus alcances, con lo que la participación de privados en esta actividad queda entregada a las definiciones de una ley simple. De hecho, el texto se limita a señalar que "la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias (mineras) se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental"; la certeza que -conforme a la Carta vigente- otorgaba el hecho de que las concesiones se constituyeran por resolución judicial y no según el arbitrio de una autoridad administrativa también se elimina.
Por otra parte, la compensación ante una posible expropiación o nacionalización se regiría por la disposición general según la cual "el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado". Como ya se ha advertido, el "justo precio" admite interpretaciones que pueden traducirse en valores muy distintos al actual criterio del "daño efectivamente causado", sea este el valor de mercado de la compañía o el valor presente de sus flujos futuros; la propia historia de la nacionalización del cobre a principios de la década de 1970 es un antecedente ineludible.
El borrador constitucional, junto con terminar con la actual noción de "derechos de agua", indica que "las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas" y tendrán "carácter incomerciable...". No permitir transarlas introduce enormes rigideces para su uso eficiente y dificulta el inicio de nuevas faenas. Además, queda en la incertidumbre la situación del agua desalada obtenida del mar, que podría también estimarse "incomerciable". Finalmente, se establece que "el Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas", lo que, interpretado restrictivamente, puede hacer inviables muchas de las actuales faenas e impedir el desarrollo de otras a futuro.
El que a una actividad de la importancia de la minería se le introduzcan dificultades constitucionales tendrá consecuencias. Privará al país de una parte de los recursos tributarios que de otra forma podrían obtenerse -generales y provenientes del royalty -, considerados primordiales por el ministro de Hacienda para cumplir con las promesas del programa de gobierno; limitará el impacto sobre otras áreas de actividad de las mejores prácticas que la minería ha introducido y puede seguir introduciendo en tecnología, seguridad, medio ambiente y gestión; además, para transitar hacia una matriz productiva más compleja, como el Gobierno desea, un sector minero artificialmente disminuido es un mal primer paso.
Cualesquiera sean los avances tecnológicos que traiga el siglo XXI, ellos requerirán de un sustrato material para su despliegue. Eso incluye a la minería. Complicar su futuro complica el futuro de Chile.