La caída de la emergencia

Ayer un comunicado de la Corte Constitucional reportó que su sala plena había terminado la revisión del decreto 1085 del 2 de julio de 2023 que determinó el Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica en La Guajira. El máximo tribunal declaró la inexequibilidad de la medida tomada con bombos y platillos por el Gobierno Nacional a finales de junio pasado. La decisión de la alta corte deja sin piso jurídico doce decretos promulgados bajo su sombrilla que tocaban una amplia gama de temas, desde la creación del Instituto de Aguas y una universidad wayúu hasta un nuevo impuesto de mil pesos a los hogares de estratos 4, 5 y 6, pasando por la capitalización por $61 mil millones de las Salinas de Manaure. Además, el fallo concede "efectos diferidos" de un año con "respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad del agua". El tercer punto de la comunicación "exhorta" al Gobierno y al Congreso de la República a que "adopten las medidas necesarias" para "superar la grave crisis humanitaria estructural" que afecta a La Guajira, así como para fortalecer la institucionalidad de lucha contra el cambio climático. En resumen, un duro golpe de la Corte Constitucional al presidente de la República, Gustavo Petro, que había puesto sus esperanzas en estas medidas de emergencia como un ejemplo de intervención ejecutiva, sin las ataduras de pasar por el Legislativo ni de los procesos administrativos regulares. Los decretos, hoy caídos, así lo ratifican: el piloto de la implementación de la reforma a la salud- todavía en trámite parlamentario-, el salvavidas a las empresas de energía eólica para no cumplir con sus compromisos y la prohibición de la prórroga a contratos mineros y otras limitaciones que afectaba a Cerrejón. De haber sido validada su constitucionalidad por el máximo tribunal, el uso de estos instrumentos extraordinarios podría haberse replicado en otras regiones del país con complejas situaciones sociales y económicas. La caída de la emergencia social, económica y ecológica en La Guajira le deja varias sonoras lecciones al gobierno de Gustavo Petro. La primera es el reconocimiento de la emergencia como una condición con características excepcionales y sobrevinientes, como lo fue, por ejemplo, la pandemia del coronavirus. No se puede caer en la lectura fácil y mal intencionada de que esta decisión de la Corte Constitucional demuestra el desdén de los magistrados frente a la difícil situación de los guajiros. Todo lo contrario, el máximo tribunal insta al Ejecutivo y al Legislativo a que empleen sus facultades para un abordaje que garantice los derechos de la gente. Segundo, no se trata de desconocer la realidad tangible y dolorosa de una región, rica en recursos naturales y capacidad energética, pero golpeada por la pobreza, el hambre, la carencia de necesidades básicas y la vulnerabilidad climática. No obstante, la crisis guajira lleva años gestándose, incluso ante los ojos de sus propios ciudadanos, y su salida no debe pasar por ejercicios gubernamentales más motivados por la ideología de las reformas que por un abordaje concreto a la resolución de las problemáticas. Una tercera lección toca la institucionalidad que, con sus limitaciones y defectos, cuenta con las herramientas y los procesos para enfrentar el complejo estado de La Guajira. La exhortación de la Corte al Gobierno y al Congreso se refiere precisamente a que ambos poderes cumplan con sus respectivas misiones. En conclusión, un llamado a que la respuesta a los guajiros venga de gestión efectiva y acciones, más que de atajos, retórica e ideología.