La liberalización con Europa

Una vez más el Mercosur y la Unión Europea (UE) no lograron arribar a un acuerdo general de libre comercio. Se viene negociando desde hace prácticamente 30 años ya, y más allá de avances anunciados con pompas o de retrocesos obligados por tal o cual país, la verdad es que es tiempo de sincerarnos: ver cuáles son los problemas que impiden esa liberalización del comercio y buscar nuevos desafíos.



La UE es un entramado complejo de intereses no siempre convergentes. Por un lado, está su nivel supranacional de gobierno que ha tenido en estos años un empuje liberalizador del comercio por causas sobre todo geopolíticas. En efecto, al cambiar la ecuación interna en Europa y pasar la región de influencia rusa y la propia Rusia a ser un área de conflicto muy grave, la UE entendió con razón que debía abrirse a otras regiones del mundo capaces de proveerla de materias primas claves que siempre habían provenido de esa parte del mundo hoy en guerra. Fue así, por ejemplo, que hace pocos meses logró cerrar un tratado de libre comercio (TLC) con Nueva Zelanda.



Por otro lado, está el nivel de los Estados que integran la UE. Cada uno de ellos, que son 27 en total, tienen sus propios intereses de sectores económicos claves y sus pesos políticos internos que contemplar en función de apoyos y rechazos de sus opiniones públicas. En concreto, por ejemplo, no es lo mismo para Francia y su agricultura abrirse a una competencia con poderosos productores agropecuarios como Brasil, por ejemplo, que para Bulgaria que no es potencia mundial en esta materia.



Si bien es verdad que un TLC del Mercosur con la UE puede tomar una forma que implique una implementación rápida que deje para después la necesaria ratificación del tratado por parte de cada uno de los parlamentos de los países (y en algunos casos, regiones) que integran la unión, no es menos cierto que hay sensibilidades y situaciones políticas particulares que hacen que incluso esa implementación sea para muchos hoy en día inaceptable.



El caso de Francia es en este sentido ilustrativo: el presidente Macron no cuenta con mayoría absoluta que respalde su gestión en el Parlamento; tiene, a su derecha y a su izquierda, fuertes rivales partidarios que de ninguna manera están dispuestos a aceptar un libre comercio con potencias agrícolas como Brasil o Argentina; y enfrenta en 6 meses más unas elecciones al parlamento europeo que son vitales para medir el apoyo de la opinión pública a su gestión reformista iniciada en 2022. ¿Cómo suponer entonces que esa ecuación política nacional le permita aceptar hoy una apertura comercial con Mercosur?



A todo esto se suma en Europa el auge de un discurso ambientalista fundamentalista que pretende extender su dogmatismo a los vínculos comerciales, y situar así a la UE en un lugar de contralor mundial sobre la defensa del medio ambiente. Se trata de una actitud naturalmente inaceptable para terceros países con intención de preservar su soberanía nacional y que tienen, como en los casos argentino y brasileño, enormes recursos naturales que defender. Si las condiciones para mejorar el comercio con la UE pasan por una especie de pretensión europea tácita de cesión de soberanía de sus interlocutores en la fijación de criterios ambientales de producción, se irá siempre por muy mal camino.



Así las cosas, a nadie puede llamar la atención que no se haya logrado avanzar en la firma prometida por Brasil y España para este fin de año, y que naturalmente la presidencia del Mercosur de Paraguay decida emprender diferentes caminos para procurar liberalizar el comercio del bloque sudamericano con otros actores relevantes internacionales. Sin embargo, aquí nuevamente debe primar la lógica de los intereses nacionales de nuestro país: como para el caso de China, Uruguay puede confirmar un TLC con la UE primero, y luego los demás países del Mercosur plegarse a él en función de sus posibilidades y de sus arreglos concretos de defensa de sus propios sectores económicos sensibles.



Ese razonamiento en base a la escala de nuestra economía es el mismo que siguieron Chile en 2003 para lograr el TLC con Europa, o incluso Nueva Zelanda veinte años más tarde con el mismo objetivo. Hay que cerrar pues la etapa de negociaciones globales Mercosur- UE que luego de tres décadas de esfuerzo no lograron culminar con éxito. Y Uruguay debe abrir su propio camino europeo en base a la premisa de los "acuerdos a distintas velocidades" de los países del Mercosur con el mundo. Ese es el nuevo desafío.