Compromiso con la austeridad

Esta semana el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de un ‘Plan de Austeridad del Gasto 2025’ que contribuya a los recortes fiscales, en medio de la severa crisis que experimenta el Estado este año. Se trata de un borrador de decreto, publicado por el Ministerio de Hacienda, que presenta una serie de medidas de ahorro que cubrirían a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). El articulado contempla la elaboración en cada entidad de un "plan de reducción del gasto" en contratos de prestación de servicios, la racionalización de vacaciones y horas extras, menos gasto en arrendamientos, más virtualidad, tiquetes aéreos en clase económica y menos viáticos, eventos menos costosos y delegaciones más racionales. También toca ahorros en papelería, telefonía, suscripciones a periódicos y revistas, vehículos, prohibición de recepciones y fiestas, así como un menor gasto en publicidad estatal. Lo primero a destacar es la concientización de la administración Petro de la urgencia de contribuir a mitigar, desde los rubros de funcionamiento y operación del aparato gubernamental, a una situación presupuestal crítica para la vigencia 2025 que ya está desfinanciada en más de $12 billones. Esto requerirá de las distintas entidades del PGN una cuota de sacrificio, necesaria e inevitable. Segundo, el Gobierno necesita construir, desde cada entidad, esos planes para reducir los gastos de forma responsable, sensible y estricta. Por ejemplo, la firma de múltiples contratos de prestación de servicios -en muchos casos, como forma de pago a fichas políticas- es un frente en el que un recorte bien enfocado podrá derivar en sustanciosos ahorros. En tercer lugar, un plan de austeridad no es sinónimo de parálisis o de incumplimiento de las funciones principales de las organizaciones públicas. Al contrario, este es el año en el que la administración Petro necesita avanzar en su ejecución y así poder entregar resultados tangibles y cumplir con las promesas hechas a la ciudadanía. Por eso, la reducción en los gastos no puede impactar los proyectos estratégicos ni atentar contra la prestación de bienes y servicios públicos esenciales. En otras palabras, una austeridad con blindaje social, que proteja la inversión. Cuarto, este plan ofrece al Ejecutivo una única oportunidad para apuntarle a cortar los gastos innecesarios y superpuestos que abundan en las distintas entidades. Un despliegue estricto de estas medidas, en cada uno de los órganos del PGN, constituye una prueba ácida para la magnitud del derroche en el gasto público y una racionalización tanto de la burocracia ineficiente como del funcionamiento desbordado. Un quinto punto toca a la transparencia y la comunicación pública de este ‘Plan de Austeridad del Gasto 2025’ a nivel nacional y desde cada una de las entidades públicas. Sería positivo que Hacienda desplegara un monitoreo cercano para cada medida o rubro de ahorro -desde contratos de prestación de servicios hasta tiquetes aéreos, vehículos y escoltas-. Monitoreo que debería darse a conocer para que la ciudadanía pueda conocer y reconocer a los entes que han realizado los mayores sacrificios y han logrado las metas. Es justo recordar que, en el pasado, iniciativas similares de ahorro de gobiernos anteriores no han producido resultados significativos. Si bien el Estado es ‘alérgico’ a la austeridad, la administración Petro cuenta con la oportunidad de cumplir esas metas por vía de voluntad política, estricto monitoreo y transparencia en los gastos.