Uruguay en peligro

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|El próximo gobierno ha anunciado una serie de medidas que, lejos de proyectar a Uruguay hacia el futuro, parecen un intento de restauración de un modelo que ya ha demostrado sus falencias. Entre estas decisiones, se destacan dos que resultan especialmente preocupantes: la entrega del mando de la educación a los sindicatos y la derogación de artículos clave de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fueron respaldados por la ciudadanía en referéndum.

La educación es la base del progreso de una nación. Sin embargo, la decisión de colocar a dirigentes gremiales al frente de las autoridades educativas desconcentradas representa un grave riesgo para la calidad y autonomía del sistema. Cuando la gestión de la educación queda en manos de sectores con intereses corporativos, se pierde la posibilidad de implementar políticas que prioricen a los estudiantes y al país en su conjunto. Lo que se necesita es un modelo basado en la excelencia y la equidad, no en la defensa de privilegios sindicales.

En cuanto a la LUC, su derogación parcial o total significa ignorar la voluntad popular expresada en 2022. Esta ley, además de contar con legitimidad parlamentaria, fue ratificada en las urnas, lo que le otorga una doble validación democrática. ¿Qué mensaje se transmite cuando un gobierno decide desconocer ese pronunciamiento? Más que un ejercicio de diálogo, esto parece un intento de imponer una visión unilateral, deshaciendo avances logrados en materia de seguridad, derechos y libertad individual.

Entre los retrocesos que se plantean se encuentran la eliminación de la legítima defensa presunta para la policía, el regreso de las ocupaciones de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga, la eliminación de restricciones a los piquetes que impiden la libre circulación y la vuelta a regulaciones financieras invasivas que colocan a todos los ciudadanos bajo sospecha. También se debilitaría la respuesta del sistema penal ante delitos cometidos por menores, se pondría en riesgo la portabilidad numérica y se dificultaría nuevamente el acceso a la vivienda mediante el alquiler sin garantías. Incluso la reforma que permitió agilizar el régimen de adopciones, logrando récords históricos de niños en nuevas familias, podría verse afectada.

Resulta contradictorio que este conjunto de medidas se anuncie en paralelo a llamados al diálogo y la negociación. Un gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria debería buscar consensos en lugar de iniciar su gestión con un ataque directo a decisiones previamente validadas por la ciudadanía. Se habla de construir, pero se empieza destruyendo.

Uruguay necesita avanzar hacia un modelo que combine justicia con libertad, progreso con estabilidad. No podemos permitirnos volver a un esquema donde las corporaciones y burocracias impongan su voluntad por encima de la ciudadanía. La verdadera transformación no está en mirar hacia atrás, sino en consolidar los avances y trabajar para que cada uruguayo tenga más oportunidades y mejores condiciones de vida.

Este es el momento de actuar. La militancia debe fortalecerse, los nuevos líderes políticos tienen que alzar la voz y trabajar en la construcción de una oposición firme, inteligente y cohesionada. No basta con rechazar las medidas regresivas, es necesario articular propuestas concretas que representen una verdadera alternativa para el país. La unidad y el compromiso serán las claves para defender la libertad y el progreso de Uruguay. El futuro no se espera, se construye con convicción y determinación.