Limitar compras de energía en bolsa por decreto provocaría tarifas más costosas

El Gobierno Nacional volvió a encender la polémica esta semana en el sector eléctrico nacional, luego de que en el consejo de ministros el presidente Gustavo Petro anunciara la expedición de un decreto con el que fija en 5 por ciento el porcentaje máximo de energía eléctrica que los generadores pueden vender en la bolsa. De acuerdo con el primer mandatario, esta medida se tomará "ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar". El tema, que se viene ventilando desde finales del año pasado, volvió a generar rechazo entre los agentes de este mercado, quienes consideran inconveniente la medida, al poner en riesgo, además, la seguridad jurídica del sector. Hoy, en promedio, el 20 por ciento de la energía que necesitan las empresas para atender a sus usuarios se compra en la bolsa de energía, que maneja unos precios variables. Por ejemplo, cuando llega un fenómeno de El Niño los precios se pueden disparar por la escasez de agua para generar electricidad. Por el contrario, cuando llega la época de lluvias los precios tienden a bajar. Entre tanto, el 80 por ciento restante está asegurada a través de contratos de largo plazo, en los cuales se establecen precios fijos que pueden ser más bajos que los que se registran en la bolsa. Si bien el Gobierno Nacional sostiene que el propósito de dicha medida es una reducción en las tarifas, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostiene que esos precios solo pesan entre 5 y 7 por ciento en el total de la tarifa que paga el usuario final. Desde el Comité Intergremial, del que hacen parte Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Ser Colombia y la ACP, advierten que limitar a un máximo de 5 por ciento la venta de energía en bolsa rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos. "Para incentivar un mayor nivel de contratación, es fundamental saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y garantizar el pago de los valores asociados a la opción tarifaria", insistieron los gremios energéticos. Además, consideran que esos pagos permitirán a las comercializadoras contar con los recursos necesarios para firmar contratos de largo plazo, que a su vez viabilizan la financiación de nuevos proyectos, principalmente renovables, lo cual se traduce en beneficios directos para los usuarios, al garantizar tarifas más eficientes y estables. Efecto contrario Expertos en el tema energético coinciden en que es una medida insostenible, no solo porque va en contra de dos principios fundamentales del mercado, como son la suficiencia financiera, que prevé que las tarifas no lleven a la quiebra a las empresas, y el de costos eficientes, que impide que las generadoras les trasladen sus ineficiencias a los consumidores, según lo explica Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía. En similar sentido se pronunció Sergio Cabrales, ingeniero industrial, administrador de empresas y profesor de la Universidad de los Andes, para quien esa medida podría generar efectos contrarios a los esperados, ya que los generadores tendrían que contratar a largo plazo el 95 por ciento de su energía, al que deben establecerle un precio, que es lo que busca el mencionado decreto por salir. Pero esa circunstancia, "incrementaría el riesgo para los generadores en situaciones en las que su generación no sea suficiente para cumplir con los contratos, y deban recurrir a la bolsa para adquirir la energía faltante. Ese mayor riesgo financiero podría traducirse en un aumento de precios de los contratos, lo cual contradeciría el objetivo presidencial de reducir las facturas de los hogares", sostiene. Entre los agentes del mercado existe consenso en que las medidas planeadas por el Ejecutivo para tratar de abaratar el costo para los usuarios no están en la expedición de un decreto, que a la larga que generaría una distorsión en el mercado y en la formación de sus precios. Para los expertos es necesario encontrar salidas estructurales a esta situación en la medida que el problema actual no es de precios sino de oferta de energía eléctrica. "Aquí en este país no hay forma de que los precios en bolsa y las tarifas de energía bajen mientras tengamos limitaciones de oferta de energía en firme. Ese es el problema de fondo que no se resuelve con esas medidas", insiste el exministro de Minas y Energía. Igualmente, recuerda que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) convocará una subasta de Cargo por Confiabilidad que corre el riesgo de quedar desierta en la medida que nadie apostará a invertir en medio de una inseguridad jurídica y con el temor que infunde el hecho de que desde la Presidencia de la República digan que las tarifas de energía que se pagan son ilegales. La Creg ya dio inicio al proceso para convocar esta subasta que tiene como propósito conseguir la energía eléctrica que hace falta en el país para atender el consumo de los colombianos. Los proyectos de generación que ganen deberán garantizar energía en firme entre el 1.° de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030. No obstante, Castañeda, de Andeg, alertó que esta subasta no sería exitosa porque en diciembre del año pasado la Creg expidió una resolución que genera incertidumbre y desincentiva a las firmas a participar en este proceso. Allí se estableció un precio tope de remuneración para exigencia de los compromisos del Cargo por Confiabilidad de 359 pesos por kilovatio hora para las plantas de energía renovable no convencional, hidroeléctricas y de carbón. Antes, este precio rondaba los 900 pesos por kilovatio hora. "Es una resolución que no tiene una argumentación técnica sólida, incluso, va en contra de lo que la Creg ha hecho durante los últimos 20 años con respecto al Cargo por Confiabilidad", dijo Castañeda, al tiempo que confía en que esa medida se derogue antes de la subasta. Además, coincide con el exministro de Minas y Energía en que la solución a las altas tarifas es tener una mayor generación de energía, porque si la oferta es mucho más alta que la demanda, los precios bajarán sin la necesidad de una intervención estatal. Algo en lo que también coincide Natalia Gutiérrez, presidenta de Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), quien a su vez considera que parte del problema actual está en la demora que han tenido algunos proyectos para entrar en operación, lo cual debe resolverse en el corto plazo. Dijo que esta situación se resuelve con una subasta de Cargo por Confiabilidad bien diseñada y oportuna, un mayor esfuerzo institucional para destrabar proyectos en curso y una menor intervención normativa. "Hemos propuesto al Gobierno medidas para fortalecer el mercado y proteger a los usuarios, como mejorar la focalización de los subsidios, avanzar en mecanismos de contratación eficiente y diversificar la matriz eléctrica para hacerla más competitiva. También hemos planteado una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo que permita enfrentar los desafíos del sector sin afectar su estabilidad", precisó la líder gremial.